El comisario Villarejo se infiltró en la corporación socialista de Estepona tras el estallido de la operación Astapa en 2008 y pasó a controlar su urbanismo. Nuevos audios y documentos incautados al agente encubierto revelan que se reunió en decenas de ocasiones con el arquitecto que se hizo cargo del planeamiento municipal tras el escándalo de corrupción, Diego de Lucas, y le transmitió órdenes para actuaciones concretas que habrían beneficiado a constructores. El propio Villarejo afirma en los audios, conseguidos por ‘Moncloa.com‘ y a los que ha tenido acceso El Confidencial, que su tarifa por esas gestiones llegaba al 5% del importe de la operación.
Del material en poder del policía se desprende que habría aprovechado el caso Astapa para extender sus tentáculos en Estepona. En 2006, dos ediles del PSOE, David Valadez y Cristina Rodríguez, acudieron a la UDEF de la Policía Nacional para denunciar que el alcalde, el también socialista Antonio Barrientos, y sus socios de gobierno del Partido de Estepona (PES, antiguo GIL) estaban firmando convenios urbanísticos lesivos para el consistorio a cambio de sobornos, regalos, viajes y donaciones ilegales a sus respectivas formaciones.
La denuncia se convirtió en el caso Astapa. El 17 de junio de 2008, la policía arrestó a varios implicados —entre ellos, Barrientos y Patricia Rojo, hija del expresidente socialista del Senado Javier Rojo— y registró decenas de oficinas y empresas. El alcalde se vio obligado a dimitir y Valadez le sustituyó en el puesto, donde permaneció hasta que el PP ganó las elecciones municipales de 2011. Con el supuesto objetivo de limpiar el área de Urbanismo y poner orden, el nuevo alcalde colocó como gerente de ese departamento a De Lucas, que hasta entonces no había tenido ninguna relación con Estepona.
“Apúntatelo, coño, ya”
Grabaciones en poder de Villarejo del año 2009 revelan ahora que De Lucas no solo no terminó con las prácticas irregulares sino que habría puesto en marcha nuevas operaciones bajo sospecha de la mano del comisario, que teóricamente se había involucrado en el caso Astapa y había conocido a sus principales protagonistas a petición del Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba. En uno de los audios, se oye al comisario ordenarle al gerente que dé un permiso a uno de sus colaboradores, el empresario Juan Carlos Escribano. “Estooo, dale ya la licencia a mi tronco, a Juan Carlos, maricón, que tiene ahí la oficina, macho, que quiero meterme yo ahí en la oficina con él y vender pisos”, afirma el policía. “Vale, vale. Ahora hablamos”, le contesta De Lucas. Pero Villarejo insiste: “Apúntatelo, coño, ya”.
En otra conversación entre ambos, se escucha a De Lucas decir que ha encontrado una fórmula para ahorrarle al comisario “900.000 euros”. En esa época, con el PSOE en Moncloa, Villarejo ya era el propietario de una decena de inmuebles en Estepona, la mayoría ubicados en la urbanización el Mirador de la Cala, en primera línea de playa. El juez García-Castellón se los embargó en noviembre de 2017, cuando estalló el llamado caso Tándem, al considerar que fueron adquiridos con fondos de origen ilícito.
De industrial a comercial
Otros audios apuntarían incluso que De Lucas actuaba como si fuera un subordinado de Villarejo y trataba con él cambios de uso de suelo a pesar de que, oficialmente, el policía no ejercía ninguna función en Urbanismo ni en el resto del consistorio. El agente pregunta al arquitecto por una recalificación. “[Lo que] quieren ellos [unos promotores] lo que es… el polígono ese… industrial, convertirlo en comercial. Que eso razonablemente se puede hacer, ¿no?”, plantea Villarejo. “Entonces, ¿qué ocurre? Yo le pedí… Pues igual que a los del tema del puerto, les digo, oye. Lo de siempre. Vamos a hacer una valoración del tema. Nosotros no cobramos un duro. Tendremos que utilizar algún paisajista, algún tal… Porque hay ahí que presentar un proyecto bonito, porque si no se presenta un proyecto…”. El cargo de confianza de Valadez no ve problemas: “Vamos a ver. Lo del comercial yo te puedo pero… Por lo que hay técnicos del ayuntamiento, yo ya te digo que sí”.
Instantes después, Villarejo explica al gerente de urbanismo que planea cobrar una comisión por ese cambio de uso de entre el “3% y 5% del conjunto de las cosas” y que la recibirá seguramente en “especie”. “Después, obviamente, ya nosotros organizaremos nuestra vida”, zanja el comisario, comprometiéndose con De Lucas a entregarle una parte de lo que saque.
Las grabaciones y otras pruebas documentales indican que el gerente de Urbanismo colocado por el alcalde del PSOE y Villarejo se habrían coordinado para frenar proyectos de constructores que no estuvieran dispuestos a satisfacer sus exigencias. En otro encuentro, también de 2009, De Lucas expone al policía que un empresario quiere que el consistorio modifique un uso urbanístico. Villarejo es tajante: “A todos mala vida hasta que no, hasta que no… contacte con nosotros como dios manda y que pegue un salto allí a Madrid y… Todos, toda esta gente hay que tocarle la criba del… porque es que eso… Claro, están todavía pensando que tienen el control de la situación y hay que explicarles que las cosas han cambiado”. En Madrid era donde Villarejo tenía su cuartel general.
Dos reuniones con Valadez
En al menos una ocasión, Villarejo se habría reunido con el alcalde socialista justo un día después de tratar asuntos inmobiliarios con De Lucas, como prueban otros audios. A preguntas de El Confidencial, Valadez ha admitido haberse reunido con el comisario en 2008 y 2009 pero asegura que lo hizo a petición de su hermano, Pedro Villarejo, que en ese momento era párroco de una iglesia de Estepona, y niega que tratara con él cuestiones urbanísticas. Asimismo, asegura que nunca supo que De Lucas hubiera tratado este tipo de temas con el agente encubierto, aunque estaba al tanto de que ambos se conocían. Explica que colocó a De Lucas al frente de Urbanismo por recomendación de un tercero, pero desmiente que este fuera Villarejo.
Este diario también ha contactado con De Lucas para preguntarle por su versión de los hechos. A pesar de la insistencia, ha declinado realizar comentarios. Once años después, el caso Astapa aún está pendiente de juicio. Hay 51 procesados. Ni Valadez ni De Lucas se encuentran entre ellos.
FUENTE: ELCONFIDENCIAL
