Lo del Salario Mínimo Interprofesional es una buena noticia, sin duda. Lo es por su importe: una subida del 19 % en tres años, hasta los 850 euros mensuales, es un esfuerzo nada despreciable. Lo es por la forma: un pacto con patronales y sindicatos que le permite al Gobierno sacar pecho por su capacidad negociadora. Y lo es por la intención que expresó el presidente Rajoy: hacer llegar la recuperación a los más castigados por la crisis. Ya sé que catorce pagas de 735 euros que se percibirán en el 2018 no sacan a nadie de la pobreza. También sé que el incremento va a ser devorado por los precios, puesto que la luz ya superó el porcentaje acordado y el gas lo superará todavía más en enero, pero menos da una piedra y peor sería la raquítica subida de los últimos años.
Así que celebremos el acontecimiento, pero con otros dos matices. El primero, el tono grandilocuente del presidente, que parecía elevar la noticia a la categoría de suceso parecido a la solución del problema catalán. Habló de que España es una gran nación y de lo mucho que podemos conseguir unidos. Y después dicen los de Podemos que Felipe VI asume el discurso del PP… Es al revés: el Gobierno y el PP son quienes asumen el discurso del Rey, con sus mismas palabras. Aquí ya no se hace nada que no sea susceptible de utilizarse como propaganda de la unidad nacional.
El segundo matiz está en las condiciones para que sea efectiva la subida del salario mínimo y, en consecuencia, la llegada de la recuperación a los más necesitados. Se requerirá que la economía crezca a un 2,5 % y que se creen 450.000 puestos de trabajo anuales. Si esas dos felices circunstancias no se dan, adiós a la subida. Es posible que haya que establecer una cláusula así, por si viene una recesión. Es la cláusula de garantía para que nadie pueda decir después, como el PP le dijo a Zapatero, que no supo prevenir la llegada de la crisis. Este Gobierno sí lo sabe.
Lo peor que se desprende de tan sagaz cautela es que suena como si se quisiera hacer pagar a los asalariados mínimos la responsabilidad de que no se alcancen los objetivos previstos. Si no se alcanzan, por ejemplo, porque los inversores no hicieron las inversiones necesarias, nada impedirá que los grandes ejecutivos del Ibex 35 aumenten sus salarios un 30 %, como los vieron aumentados en la última recesión. Si el Gobierno no acierta en las medidas económicas o su gestión resulta desastrosa, no hay ninguna cláusula que los obligue a dimitir o a renunciar a la subida que se establezca para los funcionarios. Y así sucesivamente. Pero los sindicatos lo aceptaron, firmaron entusiasmados, y yo no soy quien para hacer valer esta populista consideración.
