ENRIC JULIANA
¡”Traidor”!, grita la derecha española, alzada. “¡Cobarde!”, exclama el independentismo, con los nervios a flor de piel. Pedro Sánchez ha conseguido enervar a los dos polos más opuestos de la nueva dramaturgia hispánica. ¡Cuánta propaganda!
“¡Vendepatrias!”, le dicen las tres derechas, por haber obligado a la Abogacía del Estado a rebajar la acusación de rebelión. “¡Farsante, esperábamos más de ti!, le reprocha el soberanismo sentimental, indignado por los veinticinco años de cárcel que le podrían caer a Oriol Junqueras, petición fiscal que consagra al presidente de Esquerra Republicana como indiscutible referente del independentismo. Fuego cruzado sobre un Gobierno que nos ha salido estrecho de pecho.
“No es un gesto; es un menosprecio absoluto a los demócratas” ( Joaquim Torra). “Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía” ( Pablo Casado). “Pedro Sánchez utiliza el poder Ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe” ( Albert Rivera). Los dos polos estaban ayer muy excitados, pero una cosa debe quedar clara antes de intentar explicar qué ventura le espera al Gobierno de los 84. Los dos polos no tienen hoy la misma fuerza. El polo alfa es el de las tres derechas.
El Gobierno socialista parece estrecho de pecho. No hay frente que no se le atasque: así el presupuesto del 2019, como la exhumación del general Franco. Ha rebajado un grado la acusación de la Abogacía del Estado, con gran escándalo de la oposición, sin asegurarse la mayoría parlamentaria indispensable para poder agotar la legislatura en el 2020, conforme a sus planes iniciales.
El Gobierno sabía que los independentistas esperaban un segundo gesto: la retirada del delito de malversación, en base a las reiteradas afirmaciones del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, sobre el exhaustivo control de los gastos de la Generalitat por parte de los servicios técnicos de su departamento. Si Montoro juraba en arameo que la Generalitat no se pudo gastar ni un euro en partidas ilegales –hasta cinco informes del Ministerio de Hacienda descartaron que se hubiesen utilizado caudales públicos en la convocatoria del 1 de Octubre–, la acusación de malversación podía haber sido revisada en las conclusiones de la Abogacía del Estado, con el consiguiente impacto en las deliberaciones del juicio que empezará en enero. Esto es lo que le pedían algunos interlocutores independentistas al Gobierno
Si la acusación se atenuaba por arriba (rebelión) y por abajo (malversación), las penas serían necesariamente más reducidas. Esta petición el Gobierno la conocía, puesto que dispone de diversas vías de contacto con los partidos independentistas. Hay personas relevantes del Palau de la Generalitat que en los últimos meses visitan Madrid con mucha frecuencia.
Sólo se ha bajado un peldaño (de rebelión a sedición) porque la Abogacía del Estado no es de plastilina. La Brigada Aranzadi ya no ocupa una posición central en el Ejecutivo, pero sigue siendo un potente cuerpo de élite. Una de las misiones de la Abogacía del Estado es defender la integridad de los caudales públicos en los procesos penales. No era fácil rebajar la acusación de malversación sin un plante de altos funcionarios. No era tarea fácil para la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que no se halla en un momento de gran fortaleza política tras la difusión de unas cintas del siniestro comisario Villarejo. Madrid hoy es Beirut. Se dispara desde todos los balcones y hay días en que no se sabe muy bien por dónde pasa la línea del frente. El debilitamiento de la ministra de Justicia forma parte de una estrategia desestabilizadora perfectamente calculada en vísperas del juicio que tendrá lugar a partir del mes de enero en el Tribunal Supremo.
La Abogacía del Estado no es de plastilina, dentro de un mes el PSOE afronta unas elecciones difíciles en Andalucía –después de 36 años de gobierno ininterrumpido, el desgaste del socialismo andaluz es más que notorio– y las encuestas del CIS siguen siendo muy interesantes, pero el Partido Socialista no se halla en la cota 30%, que señala la fórmula Tezanos (el veterano sociólogo José Félix Tezanos, nuevo director del centro de
investigaciones sociológicas), consistente en cruzar la intención directa de voto y la simpatía, sin más correcciones.
El PSOE no le lleva en estos momentos diez puntos de ventaja al segundo clasificado. Madrid es Beirut y hay días en que el Gobierno parece estrecho de pecho. Se le atascan los presupuestos, se le atasca la exhumación de los restos del general Franco, el ministro José Luis Ábalos se ve obligado a pedir “responsabilidad” a la familia del dictador, el Vaticano envía un comunicado de puntualización a la vicepresidenta Carmen Calvo, y la asamblea del Instituto de la Empresa Familiar recibe con gran frialdad a Sánchez en València.
La acusación fiscal consagra a Oriol Junqueras como principal referente del independentismo, en un momento en que ERC parece estar fuerte en los sondeos. Esquerra tiene ahora la posibilidad de marcar el ritmo en Catalunya, con la mirada puesta en las elecciones municipales y europeas del mes de mayo. El bloqueo de los presupuestos por falta de mayoría parlamentaria obligaría a Sánchez a adelantar las elecciones generales, puesto que el Gobierno de los 84 no puede aguantar doce meses más de continuo desgaste. El cuadro se espesa y a la vez se aclara. Sin presupuestos, elecciones generales en mayo. Quizás sea esto lo que hoy desea Sánchez, para intentar ampliar su perímetro torácico.
