Un reciente informe de la Guardia Civil sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre destapa el empleo por parte de la trama Púnica de un sistema de amaño de concursos públicos “muy singular”, según lo definen los investigadores. El documento policial detalla que este se utilizó para adjudicar, en 2011, dos contratos por un valor de 234.000 euros a favor de una empresa que se hizo cargo de parte de la campaña electoral de los populares de ese año.
Las pesquisas sobre este sistema arrancaron en marzo de 2017, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) localizase abundante documentación sobre la supuesta “participación encubierta” de la empresa de publicidad El Laboratorio de Almagro 36 SL —ya investigada en el caso Púnica por facilitar facturas al PP que el partido presuntamente utilizó para camuflar su caja b— en un concurso público que la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid adjudicó el 2 de marzo de 2011, poco antes de las elecciones autonómicas de aquel año.
El objeto de la licitación era una campaña de publicidad valorada en 212.990 euros para incentivar el pago de los impuestos entre los madrileños. La singularidad del amaño consistió en que el contrato fue adjudicado a otra empresa, pese a lo cual el 60% de los beneficios (122.787 euros) se los embolsó El Laboratorio.
Entre los documentos intervenidos entonces aparecieron varios que probaban los estrechos vínculos entre esta empresa y el PP, según la Guardia Civil. Entre ellos, un listado con teléfonos móviles y direcciones de correo electrónico de dirigentes populares como Beltrán Gutiérrez —gerente de la formación e imputado en la causa—, Francisco Granados —entonces secretario general del PP regional y presunto cabecilla de la trama Púnica— y cargos de la Consejería de Hacienda, que adjudicó el contrato.
“Amigos” en el Ejecutivo
Los investigadores también hallaron mensajes de correo electrónico entre los directivos de El Laboratorio en los que aseguraban contar con “amigos” y “contactos” en el seno de la Comunidad de Madrid junto a alusiones directas a esta licitación. Los agentes concluyen que gracias a esos contactos obtuvieron “información privilegiada” con antelación al resto de sociedades que se presentaron al concurso.
El documento policial apunta ahora que las pesquisas de los últimos meses no solo han confirmado las sospechas sobre aquel contrato, sino que también han permitido detectar irregularidades en un segundo concurso público, también de 2011. Este tenía como objeto recabar “las opiniones y actitudes de los madrileños sobre fiscalidad y servicios públicos de la Comunidad de Madrid” y se lo adjudicó El Laboratorio por un importe de 21.228 euros.
Según los agentes, el Ejecutivo de Aguirre justificó este estudio demoscópico con “una necesidad pública inventada” e infló su valor. La Guardia Civil destaca que “el coste real de la prestación realizada no alcanzaría ni el 7% del importe de la factura”. Por ello, concluye que el pago fue justificado con una factura “falseada” con el único objetivo de “desviar dinero público con el que la citada empresa [El Laboratorio] pudiese sufragar una deuda”.
La UCO implica en este amaño a Borja Sarasola, que en 2011 era viceconsejero del Gobierno regional. Según los agentes, Sarasola —que no está imputado— presuntamente aprovechó su puesto en el Ejecutivo de Aguirre para instar a un alto cargo de la Consejería de Hacienda a que pusiera en marcha el mecanismo para adjudicar irregularmente este segundo contrato.
