A falta de conocer el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, el expresidente del Gobierno murciano Pedro Antonio Sánchez ya sabe a lo que tendrá que enfrentarse en el juicio por el ‘caso Púnica’ que se celebrará en los próximos meses: nueve años de prisión y veintidós de inhabilitación para ocupar un cargo público son las penas que reclama la acusación popular, que comparten la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) y el PSOE.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso ‘La Verdad’, sostiene que Sánchez incurrió en delitos de fraude a la Administración Pública y cohecho cuando, en 2014, siendo consejero de Educación, habría encargado a los dos presuntos cerebros de la ‘trama Púnica’, Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, que le prepararan una campaña para mejorar su imagen personal en las redes sociales. Esos trabajos de reputación ‘online’ iban a ser abonados presuntamente con cargo a los presupuestos de la Consejería de Educación, camuflados como aparentes gastos de formación.
Para el asesor David Conesa solicitan cinco años de prisión y otros quince de inhabilitación
Sostienen que mantuvo contactos con los miembros de la trama «de forma cuasi clandestina»
«El inseparable asesor»
El acuerdo entre Sánchez, De Pedro y Alonso se habría cerrado con la aparente colaboración del «inseparable asesor David Conesa» y de la entonces alcaldesa de Cartagena, la también popular Pilar Barreiro, quien además era amiga personal de Alonso. Todo ello en un contexto, resalta la acusación popular, en el que el consejero de Educación estaba siendo objeto de numerosas informaciones que lo vinculaban a un presunto caso de corrupción -en concreto, la investigación abierta para conocer si había pagado o no su casa a un constructor- y, a la vez, pretendía optar a suceder a Ramón Luis Valcárcel como candidato del PP a la Comunidad Autónoma.
«Esa necesidad de mejorar y limpiar su imagen pública», según Adade y el PSOE, llevó a Sánchez a mantener diversos contactos personales con los supuestos miembros de la ‘red Púnica’; en concreto, hasta cuatro reuniones cara a cara, «muchas de ellas realizadas en entornos no públicos -como hoteles- y ni siquiera en Murcia, de forma connivente y cuasi clandestina». A ellas se habrían sumado otros encuentros, que habría encargado a personas de su entorno, como David Conesa, y múltiples «comunicaciones técnicas», a través del correo electrónicos y de mensajes de móvil, «con empleados de su gabinete».
Todos esos contactos personales, «que se intensificaron a partir del 22 de septiembre» de 2014, se habrían concretado en un acuerdo para abonar 4.600 euros al mes por la mejora de la reputación personal de Pedro Antonio Sánchez y de Pilar Barreiro -los trabajos a la alcaldesa se iban a incluir presuntamente en el mismo ‘paquete’-, entre noviembre de ese año y mayo de 2015, lo que coincidía exactamente con el periodo previo a la campaña electoral en la que los altos cargos del PP local pretendían imponerse. La factura total ascendería, de esa forma, a 32.200 euros.
Presuntamente, esos gastos de iban a cargar a la Consejería de Educación, ocultos bajo un concepto de formación, «para lo cual se trasladó información de la Consejería que no podía ser conocida por aquéllos (De Pedro y Alonso)», con el aparente fin de que empresas creadas por Agustín Alonso y sus hermanos pudieran adjudicarse contratos referidos a ‘formación’ de ese departamento de la Comunidad.
El escrito de acusación deja constancia de que si esas cantidades no llegaron a cobrarse ni la formación se llegó a adjudicar a las firmas elegidas fue, solamente, porque la ‘Operación Púnica’ explotó a finales de octubre de 2014, apenas un día antes de que presuntamente fueran a activarse los contratos.
Hasta 43 pruebas e indicios
A lo largo del extenso documento redactado por Adade y PSOE se resaltan hasta 43 pruebas e indicios delictivos distintos que demostrarían, en opinión de la acusación popular, la existencia de ese presunto acuerdo para sufragar las tareas de lavado de imagen de Sánchez con cargo a los fondos públicos. Entre esas pruebas destacan un buen número de extractos de conversaciones telefónicas -intervenidas por los agentes de la UCO con autorización del juez Eloy Velasco-, correos electrónicos, documentos intervenidos en las empresas de la ‘trama Púnica’, declaraciones de testigos, propuestas de los trabajos de reputación ‘online’, análisis de la imagen de Sánchez en las redes sociales, referencias a los lugares en los que se produjeron los encuentros personales…
La conclusión que alcanzan los impulsores de la acusación popular es que Pedro Antonio Sánchez incurrió en presuntos delitos de fraude y cohecho, por los que pide un total de nueve años de prisión (4+5) y veintidós años de inhabilitación para cargo o empleo público (10+12). Para el asesor David Conesa, a quien acusan de idénticos delitos, se reclaman penas de cinco años de cárcel (2+3) y de quince años de inhabilitación (6+9).
La vista oral se celebrará en la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
FUENTE: LAVERDAD
