Pagó una nómina pese a los reparos del interventor. La regidora asegura que la denuncia del antiguo funcionario obedece a «una venganza» por no abonarle una gratificación de 500 euros

 

La que bien podría denominarse como la ‘causa del interventor’ está sacudiendo todos los cimientos del Ayuntamiento de Mazarrón. Al listado de investigados -antes imputados- por la denuncia interpuesta por el exalto funcionario del Consistorio ante el Ministerio Fiscal, se ha incorporado la alcaldesa popular, Alicia Jiménez. Su nombre se suma al de dos funcionarios y el exalcalde Francisco García, todos ellos señalados por los juzgados de Totana por un supuesto delito de prevaricación administrariva.

 

La regidora confirmó ayer a ‘La Verdad’ que había sido citada a declarar por levantar los reparos mostrados por el anterior interventor municipal para pagar la nómina de junio de 2015. Por aquel entonces, Alicia Jiménez llevaba solo quince días al frente de la alcaldía y tuvo que recurrir a dos informes de técnicos de la Secretaría Municipal y la Administración General, para autorizar ella el pago de los emolumentos de más de 300 empleados municipales, pese a la negativa mostrada por Intervención, que devolvió la mensualidad a la sección de Personal.              

 

«Levanté los reparos avalada por informes técnicos», defendió sobre la decisión que adoptó el 3 de julio de 2015. De hecho, avanzó a este diario que en su declaración en sede judicial expondrá que el exinterventor se opuso supuestamente al pago de las nóminas «porque a él no se le abonaba una gratificación por exceso de jornada y trabajo, de 500 euros, equiparándole con otros empleados».         
 

 
 

Alicia Jiménez: «En mi vida he robado a nadie; tengo la tranquilidad de que no he prevaricado»

 

Jiménez afirmó que la denuncia que ha motivado las diligencias judiciales es «obviamente una venganza». La Dirección General de Administración Local, entre septiembre y octubre de 2015, revocó el nombramiento del interventor y la regidora aseguró ayer que en los pocos meses que coincidió con este funcionario de habilitación nacional «paralizaba muchos trámites administrativos y económicos para chantajearnos». En la actualidad el cargo de interventor, según confirmó ayer el sindicato SIME, está ocupado de manera accidental por un primo del exalcalde Francisco García. Precisamente, este último también está incluido en la causa por autorizar supuestos pagos de facturas, a través de la Junta de Gobierno, sin fiscalización previa y a pesar de los reparos del anterior interventor, a la sazón, impulsor de las acciones legales.

 

Tales pagos figuran en un informe del Tribunal de Cuentas aportado en la causa. En el citado documento, también se recoge que en la Junta de Gobierno del 31 de julio de 2015, cuando Alicia Jiménez ya era alcaldesa, se adjudicó el contrato del servicio de jardinería «en contra de Intervención». El importe era de 408.916 euros y el reparo alertaba de una «incorrecta composición de la mesa de contratación»; de «irregularidades en las notificaciones efectuadas en el expediente», y de que el informe que motivó la exclusión de unos de los licitadores por baja temeraria fue elaborado por el interventor accidental, «estimando la Intervención» que dicho funcionario «incumplía un deber de abstención».

 

Mantiene su agenda

 

La regidora negó haber sido citada también por el contrato de jardinería. «En mi citación solo se habla de los reparos por las nóminas». Jiménez no se plantea dimitir y ya ha comunicado su situación judicial al resto de ediles del Partido Popular. «En mi vida he robado a nadie; tengo toda la tranquilidad de que no he prevaricado». Su citación no alterará su agenda institucional y hoy tiene previsto asistir a la Asamblea Regional al debate de la declaración de interés turístico regional de la romería del Milagro.   

 

 

 

FUENTE: LAVERDAD