CARLOS MÁRMOL
El ensayo general de gobierno de las derechas en Andalucía, cuya aspiración es alcanzar a medio plazo las instituciones nacionales, está siendo complicado. No tanto por la posición de Vox, al que las encuestas sitúan en alza, sino por lo que los dos partidos que gobiernan la Junta (PP y Cs) llaman ajustes, que básicamente es la negociación –todavía sin cerrar– sobre el reparto efectivo del inmenso poder institucional.
El partido de Santiago Abascal no está inmerso en esta cuestión –declinaron entrar en el Gobierno– pero tampoco se encuentra ausente. En las tres cortas semanas de navegación del nuevo Ejecutivo se han hecho notar desde el primer día. Primero, mediante el hostigamiento: criticaron con furor el nombramiento de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs), por sus opiniones personales sobre la Semana Santa, para recordar que su ideología debe ser tenida en consideración. Saldada esta cuestión con unas innecesarias disculpas de la consejera –un detalle nada baladí–, el partido ultraderechista ha optado por reivindicarse en el Parlamento asumiendo la presidencia de comisión de Cultura, que tiene encomendadas las cuestiones relativas a la Memoria Histórica.
Esta semana PP y Cs, que dicen compartir la actual legislación autonómica sobre esta materia, aprobaron crear un Comisionado para la Concordia. Exactamente lo que el PP pactó con Vox. ¿Casualidad o gesto? Indudablemente lo segundo. Las casualidades en política no existen. Vox no deja pasar la menor ocasión para hacer valer el peso (en oro) de sus doce diputados. Una de ellos, Ana Gil Román, devota de José Antonio Primo de Rivera, presidirá la comisión parlamentaria de Cultura, competente en la delicada cuestión de la Guerra Civil, gracias a un despiste de PSOE, Podemos e IU, que dieron su visto bueno a la composición de estos órganos parlamentarios y, una vez hecho público el reparto final, se desmarcaron de la medida. Vox quiere que se perciba socialmente su condición de minoría necesaria para que PP y Cs puedan legislar. En efecto: sin su nihil obstat el nuevo gobierno de Moreno Bonilla puede naufragar en cualquier momento.
La inestabilidad de la mayoría de las derechas explica la última exigencia de los ultramontanos: contar con una cuota propia en el presupuesto autonómico que sea equivalente a su influencia. Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, ha anunciado una reunión con Moreno Bonilla para tratar esta cuestión. No hay noticia ni fecha cierta de dicho encuentro. Pero Serrano sí ha establecido un plazo para que se vean los resultados: antes de las elecciones locales de mayo. Quiere opinar sobre los criterios que PP y Cs utilizarán para desmontar la administración paralela creada por el PSOE y poner límite a las subvenciones que no sean de “interés publico”. Según su lectura, dentro de este grupo estarían las que reciben colectivos feministas y homosexuales, entre otros.
Cs se hacen los sordos alegando que ellos no han firmado ningún pacto con los ultramontanos. El PP, en cambio, gestiona la situación con discreción: no pueden ignorarla. Les ata el acuerdo de investidura con Vox y, sobre todo, las evidencias: si los ultramontanos se descuelgan PP y Cs no podrán legislar. “Yo creo que Moreno Bonilla sabe sumar”, dijo Serrano para resumir sus demandas. Los números le dan la razón. Para el presidente de la Junta convivir con Vox va a ser más duro que negociar con Génova. La sustitución de la comisión de Memoria Histórica por la de Concordia lo demuestra. El cambio de nombre no es casual. Es categórico.
