El conflicto laboral que protagonizan los funcionarios de prisiones se encona. Tras las graves lesiones sufridas por uno de los trabajadores penitenciarios durante una carga policial el pasado 17 de mayo ante las puertas de la cárcel sevillana de Morón, donde reclamaba junto a sus compañeros la equiparación salarial, los tres principales sindicatos del colectivo —ACAIP, CC OO y UGT— han anunciado nuevas movilizaciones. Siguen reclamando la apertura de una mesa de negociación con el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para abordar la equiparación salarial, pero en esta ocasión el ambiente llega caldeado después de que por las redes sociales hayan circulado en los últimos días imágenes de los incidentes de Morón. Los funcionarios de prisiones no han ahorrado reproches hacia policías y guardias civiles, a los que los ellos apoyaron cuando reclamaron la equiparación salarial y a cuyos mandos ahora acusan de emplearse con excesiva dureza en sus protestas.
Este martes está convocado un paro de 15 minutos en todos los establecimientos penitenciarios en repulsa por las lesiones sufridas por el trabajador bajo el lema ‘Ministro, a palos no. Todos somos Dani’, en referencia al funcionario herido. Además, a partir de ese día y hasta el viernes, continuarán con las concentraciones a primera hora de la mañana —coincidiendo con el cambio de turno— a las puertas de once prisiones con el corte de las carreteras de acceso. El primer día será el turno de los centros penitenciarios de Jaén y Logroño. Le seguirán los de Valdemoro y Castellón, el miércoles; las tres del Puerto de Santa María (Cádiz), Asturias y Aranjuez, el jueves; y Teruel y Lanzarote, el viernes.
Según detallan en un comunicado hecho público este lunes, los representantes sindicales de los trabajadores justifican las movilizaciones en el «olvido y menosprecio» que aseguran sufrir por parte del departamento que encabeza Zoido. Los tres sindicatos aseguran que su objetivo es «obligar al Gobierno» a abrir una mesa de negociación «que ponga fin a la insostenible situación que atraviesa la Institución Penitenciaria» y que tildan de «la etapa más decadente de prisiones de toda la democracia». En anteriores comunicados han reclamado también de manera insistente el cese del secretario general de Instituciones Penitenciarios, Ángel Yuste.
El origen de la propuesta está en la división que Interior hace de las prisiones en diferentes categorías y que determina el salario de los 25.000 trabajadores penitenciarios. Así, aquellos destinados en las tres prisiones del País Vasco y la de Navarra —todas ellas denominadas de «categoría especial»— tienen un salario que puede ser superior a los 600 euros mensuales respecto al que perciben los que desempeñan su labor en las cárceles de «categoría 2», como son las de Cuenca, Teruel, Albacete, Alcalá de Guadaira y Alcázar de San Juan, además de once Centros de Inserción Social (CIS).
Los sindicatos consideran que este sistema —heredado de la etapa en la que ETA convirtió a los funcionarios de prisiones en objetivo de sus atentados— está superado en la actualidad y que la peligrosidad de las cárceles es similar en toda España a la vista de los datos de agresiones. Por ello, reclaman que todos los trabajadores penitenciarios perciban el mismo salario y que este debe ser el que actualmente reciben los funcionarios destinados en los centros del País Vasco y Navarra. Según sus primeras estimaciones, el impacto de estas reivindicaciones salariales es de 120 millones de euros.
Una cifra que, aseguraban este lunes en un comunicado, es inferior a la que el ministerio lleva gastada en la privatización de la vigilancia exterior de los centros penitenciarios puesta en marcha en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior. Los sindicatos denuncian que esta inversión y la decisión de dejar vacantes cerca de 3.400 plazas de funcionarios de prisiones encubren la intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy de «degradar el servicio público penitenciario y orientarlo a su privatización».
FUENTE: ELPAIS
