Los exconsejeros Cerdá, Bascuñana y Marqués, procesados como sospechosos de impulsar ilegalmente una recalificación junto al Mar Menor

 

Ramón Luis Valcárcel, expresidente del Gobierno murciano y actual vicepresidente europeo, no se sentará en el banquillo por el ‘caso Novo Carthago’ por más que dos jueces distintos lo tuvieron enfilado durante un tiempo, pero sí tres de los consejeros que conformaron su núcleo duro: Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana y Francisco Marqués. Los tres antiguos altos cargos acaban de verse señalados en el auto de procedimiento abreviado -equivalente al de procesamiento- dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Mirian Marín, lo que los encamina hacia el banquillo de manera inexorable. Están acusados de un delito de prevaricación, por haber impulsado de manera supuestamente ilegal la recalificación de unos terrenos protegidos junto al Mar Menor, y en el caso de Marqués se le suma además una imputación de cohecho, por una supuesta dádiva que recibió del promotor del complejo urbanístico.

La resolución, que pone fin a una investigación judicial que se ha prolongado durante doce años y que prepara el asunto para la fase del juicio, también procesa al empresario Rafael Galea; a una asesora jurídica personal de Cerdá, María Antonieta Fernández, y a cinco antiguos altos funcionarios de la Comunidad: Carlos Brugarolas Molina (ex director general del Medio Natural), Antonio Alvarado Pérez (ex director general de Calidad Ambiental), Manuel Alfonso Guerrero Zamora (ex director general de Vivienda), José María Ródenas Cañada (antiguo subdirector general de Vivienda) y Luis Manuel Romera Agulló (exasesor de Obras Públicas).

En ese camino hacia el juicio les acompañará el empresario Rafael Galea, que pretendía construir 10.000 viviendas, hoteles, centro de convenciones y campos de golf en terrenos que estaban protegidos por su valor ecológico.

La juez no deja pasar por alto que el mismo día que se publicó el reinicio del PORN, Galea presentó su proyecto en un acto encabezado por el presidente

A la vez, y en sentido opuesto, la magistrada Marín exculpa a un grupo de antiguos altos funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena -alguno todavía con responsabilidades públicas-, en unos casos al no apreciarse responsabilidades penales en su actuación y, en otros, debido a las consecuencias que se derivan de una resolución, dictada meses atrás por el Tribunal Supremo, por la que se declaraba la legalidad de los trámites administrativos realizados en ese consistorio y se exculpaba a la exalcaldesa Pilar Barreiro.

Tampoco ve indicios de delito suficientes en el proceder del ex director general de Ordenación del Territorio, José María Bernabé Tomás, ni de la antigua secretaria de la Consejería de Medio Ambiente, María Reyes Sánchez Gómez, por lo que procede a sobreseer las diligencias respecto de ambos.

Lo mismo que hace la juez sobre la hija mayor de Ramón Luis Valcárcel, Rosario Valcárcel Cruz; su esposo, Fulgencio Perán; el cuñado del expresidente, Juan Francisco Cruz Alfaro, y dos socios de una empresa promotora, Juan Sánchez Carrillo y José Alberto Meroño. Todos ellos fueron investigados como presuntos beneficiarios o intermediarios de supuestas dádivas, regalos o favores que el promotor Rafael Galea habría otorgado a personas del entorno de Valcárcel, pero las sospechas no se han visto confirmadas por la investigación.

Reinicio del PORN en 2003

La magistrada arranca su relato de hechos presuntamente delictivos recordando que la sociedad Hansa Urbana, liderada por Rafael Galea, adquirió en 2002 una gran extensión de terrenos en la zona del Saladar de lo Poyo, un espacio protegido por varias leyes ambientales. Allí pretendía Galea levantar el complejo urbanístico Novo Carthago, pese a que desde el primer momento era consciente de que la normativa se lo impedía.

La clave que cambió todo, según la juez Marín, fue la orden dictada el 12 de junio de 2003 por el entonces consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, por la que se reiniciaba el Proyecto de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor. Esta decisión tuvo «una gran trascendencia y repercusión jurídica», pues el nuevo PORN permitía darle a los terrenos protegidos un uso recreativo-deportivo y hacía viable el proyecto urbanístico.

«Esta decisión de alterar el PORN no estaba justificada por informes técnicos ni jurídicos de la Dirección General del Medio Natural, contrariaba las leyes urbanísticas estatal y autonómica, contradecía todos los informes existentes con anterioridad y contenía un exceso de atribuciones, pues no correspondía al PORN clasificar suelo», advierte la instructora de las diligencias.

Lejos de pedir el preceptivo informe al Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza de la propia consejería, Cerdá y el director general del Medio Natural, Carlos Brugarolas, encomendaron el dictamen a una asesora eventual del consejero, María Antonieta Fernández. En ese contexto se habrían producido algunas reuniones «anómalas», como la que el propio Cerdá convocó en el Palacio de San Esteban con varios técnicos de Medio Ambiente para convencerles de las bondades del cambio urbanístico.

La juez no deja pasar por alto el hecho, especialmente llamativo y revelador, de que el mismo día que se firmó la modificación del PORN, el promotor Galea presentó por todo lo alto el complejo residencial, en un acto que estuvo presidido por Valcárcel y en el que le acompañaron, entre otros muchos altos cargos, el propio Cerdá y la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.

En base a esa reforma normativa, el Ayuntamiento de Cartagena acabó dando luz verde al proyecto mediante la aprobación de la llamada Modificación Puntual nº 113. Aunque el fiscal aprecia irregularidades en ese proceso desarrollado en el Consistorio cartagenero, la juez reconoce que la resolución exculpatoria dictada por el Supremo respecto de Pilar Barreiro, al declarar la legalidad de esos actos administrativos, la obliga a archivar todo lo relativo a ese ayuntamiento.

«Sin justificación aparente»

A posteriori, la recalificación urbanística siguió adelante en la Comunidad Autónoma merced a decisiones presuntamente irregulares adoptadas por quien era consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués. Este habría modificado «sin justificación aparente» la composición de la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental, que pasó de nueve a cinco miembros, e incluyó entre ellos a Juan Ignacio Sánchez Gelabert, pese a no contar con la titulación requerida.

Con ello, Marqués habría querido garantizarse que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) iba a ser favorable a la urbanización.

Por último, el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, acabó aprobando definitivamente el proyecto en marzo de 2004, pese a la existencia de un informe negativo, que inmediatamente fue objeto de un «contrainforme» por parte de quien era subdirector general de Vivienda, José María Ródenas.

La magistrada resalta que solo la intervención de la Comisión Europea impidió que el complejo residencial se llegara a construir.

Paradójicamente, una reciente resolución de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región, que ha confirmado la nulidad de la revisión del PGOU de Cartagena, ha hecho que la normativa se retrotraiga a 1987, lo que significa que los suelos del Saladar de lo Poyo vuelven a estar desprotegidos desde un punto de vista ambiental y pueden ser urbanizados. En ello anda la promotora.

 
 
 

 

 

FUENTE: LAVERDAD