El rey emérito, Juan Carlos I, intenta regularizar susituación fiscal. Según publica este domingo el diario ‘El País’, su abogado ha presentado ante la Agencia Tributaria una declaración voluntaria con este objetivo. Hacienda está ahora analizando el escrito y en los próximos días decidirá si acepta la regularización o solicita aclaraciones y cuál es el importe a pagar.

Según fuentes conocedoras del caso citadas por ‘El País’, la declaración presentada por el rey emérito no tiene relación con sus posibles bienes en el extranjero, sino con el uso, por parte de Juan Carlos I y de algunos de sus familiares, de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krauseno. El caso del uso de estas tarjetas está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

El uso de las tarjetas se produjo entre 2016 y 2018, cuando el rey emérito ya había abdicado y perdido la inmunidad. El importe defraudado superaría los 120.000 euros en algunos ejercicios, límite a partir del cual se considera delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel.

Según la ley, la regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales.

El rey emérito salió de España en agosto y reside desde entonces en Emiratos Árabes Unidos como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi. Su retorno está pendiente de que el fiscal Juan Ignacio Campos, que dirige las tres investigaciones abiertas por el Ministerio Público contra él, archive las investigaciones o presente una querella.

Tres líneas de investigación

En estos momentos hay tres líneas de investigación relacionadas con el rey emérito. Además de la relativa a pagos con tarjetas opacas, a principios del mes de noviembre, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reveló la existencia de una tercera investigación relativa al rey emérito, y de la que se ocupará, al igual que las dos anteriores, la Fiscalía del Tribunal Supremo con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. La otra línea es la que investiga posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada con respecto al padre de Felipe VI por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto de este aforado.

 

 

FUENTE: ELPERIODICO