Es importante recordar que la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 tuvo como hilo argumental la corrupción de su principal adversario político. Y ese fue uno de los ejes de la campaña de las siguientes elecciones generales y, en parte, origen del resultado. El presidente del Gobierno y su equipo llevan esforzándose durante estos siete años en demostrar y justificar que el Partido Socialista no concede el más mínimo gesto de aliento ante cualquier corruptela. Tanto es así, que el propio Sánchez se justificaba no hace mucho con inoportunas y premeditadas declaraciones en que la corrupción ya no era el motivo de preocupación de los españoles.

Sin embargo, la irrupción del ‘caso Koldo/Ábalos’, ha vuelto a traer a la actualidad esta deleznable práctica de algunos responsables públicos, y circunscrita, paradójicamente, al partido que dice abanderar la lucha contra estos vicios. Lo que parecía inicialmente un pequeño asunto de estado ceñido a temas de espionaje chapucero, se ha ido extendiendo hasta convertirse en un escándalo de dimensiones imprevisibles. Advierte la UCO que se trata de una «trama criminal perfectamente definida y coordinada», que ofrecía sus servicios a las empresas para lograr tratos de favor a cambio de comisiones ilegales, con varios implicados a los que se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.   

Hay que reconocer que no le tembló la mano al PSOE para expulsar a otros dirigentes del partido o del grupo parlamentario socialista con inusitada celeridad. Pero no se preveía la desmedida extensión de este escándalo, que, por el calibre que está adquiriendo, requiere que se llegue hasta el fondo, con la depuración de responsabilidades que el caso merece. Las mordidas en sí no son lo relevante, es sabido que todos los partidos las efectúan y se financian tras entramados gansteristas, sino lo que de verdad trasciende a la población y a su militancia de tan pestilente degeneración, más allá de que algunos quieran negarlo, cruzar los brazos y pasar de largo, es el funcionamiento convenido entre todos los personajes de la trama y como su influencia y movimientos llegaron a penetrar en varias administraciones del Estado, lo que es paradigma de la doble moral de algunos responsables públicos.

Cuanto antes dé respuesta el PSOE a las preguntas que se está haciendo la sociedad, le será más beneficioso. Pero todo esto no quita para que sean conscientes de que la sociedad no tolera las corruptelas, ni ha rebajado su preocupación, sobre todo, cuando “la corrupción aumenta imparable”. Todo lo contrario, exige medidas más contundentes para que de una vez dejemos de encontrarnos con estos casos despreciables. En cualquier caso, a España no se le puede tratar como un país de instituciones corruptas, sino más bien de contadas personas corruptas que emborronan el nombre de las instituciones. Salvaguardar la integridad de estas ha de estar por encima de cualquier planteamiento político, de cara a alimentar el fortalecimiento del estado de derecho, que es lo que puede concitar la convivencia democrática. 

POST CRIPTUM: «Si la corrupción es un cáncer, la transparencia es una parte medular de su tratamiento. Cuando no se toma una postura firme en contra de la corrupción, tácitamente se apoya».  

 

 COLECTIVO «OPINIÓN PÚBLICA»