Diego Conesa no entiende cómo se adjudica un contrato de 300 millones de euros a una empresa «sin experiencia en el sector»

 

El Grupo Parlamentario Socialista presentó ayer en la Asamblea Regional una moción en la que exige la creación de una comisión especial de investigación sobre el proceso de licitación y adjudicación del servicio de transporte sanitario terrestre en la Región de Murcia.

Así lo anunció en un comunicado el secretario general del PSRM-PSOE y portavoz parlamentario socialista, Diego Conesa, tras reunirse con representantes de las empresas de ambulancias de la Región, y aprovechó para recordar a Ciudadanos que «regenerar la vida pública es ser rigurosos y transparentes con las cuentas públicas, algo que no hace el Partido Popular».

A través de esta iniciativa, los socialistas solicitan información al consejero de Salud, Manuel Villegas, sobre todos los informes realizados por la Junta Regional de Contratación Administrativa en relación con el servicio de transporte sanitario terrestre.

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ratificó esta semana su decisión del pasado mes de abril y adjudicó a la UTE formada por Ambulancias DoAtlántico, Ambulancias Sánchez y Ambulancias Mar Menor el ‘macrocontrato’ para el transporte sanitario terrestre de la Región de Murcia. Detrás de dos de las tres empresas (DoAtlántico y Mar Menor) se encuentra el Grupo Generala a través de su filial Orthem, un nuevo macrocontrato que viene a ‘engordar’ el listado de servicios públicos con los que se ha hecho la empresa con sede en la carretera de Alcantarilla.

Para Conesa, este concurso ha sido adjudicado «dentro de un mar» de dudas, reclamaciones, posibles irregularidades, suspensión temporal del procedimiento e informes de la Junta Regional de Contratación Administrativa, además de con una «ausencia de transparencia y buena gestión».

En este sentido, ha remarcado que esta adjudicación ha provocado que las empresas murcianas del sector se queden al margen de la prestación de este servicio en las nueve áreas de salud de la Región, por lo que cientos de trabajadores «ven peligrar sus puestos de trabajo».

Asimismo, ha alertado de que esta situación puede afectar a la calidad del servicio que hasta ahora se estaba prestando por empresas de la Región, que conocen de primera mano sus características. «Las empresas adjudicatarias son de regiones tan alejadas como Galicia y, por tanto, desconocedoras de la realidad que afecta al Servicio Murciano de Salud», ha concluido el líder socialista.

El PP de Lorca apoya el recurso

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ratificó ayer su apoyo a la Cooperativa de Ambulancias de Lorca, una de las empresas que pierde el servicio en el Guadalentín con la nueva adjudicación, y respalda los recursos en defensa de sus intereses que se han iniciado.

Gil ha destacado de dicha cooperativa «la ejemplar contribución a la creación de empleo de calidad en la comarca durante los últimos 30 años» y les ha manifestado su apoyo.

El dirigente popular ha indicado que, desde el respeto a los procedimientos de contratación pública, «consideramos oportuno y razonable que presenten los recursos pertinentes en defensa de sus legítimos intereses».

 

 

 

El cártel del transporte escolar

¿Saben ustedes en manos de quiénes dejan a sus hijos para que los conduzcan hasta la escuela? Véase la página 6. Me ha impresionado el calificativo de ‘cártel’ con que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia califica la complicidad delictiva de un buen número de empresas de transporte que prestan el servicio de movilidad escolar en la Región de Murcia, alguna de ellas con importantes contratos en otras áreas, mediante concesión pública de la Administración autonómica o de la local de Murcia.

Tenemos asociada la palabra ‘cártel’ a la mafia del tráfico de drogas y a cosas peores, pero resulta que ciertas prácticas se extienden a otros sectores y entre nosotros (no hay que remitirse a países en que se ubican algunas series que programa Netflix), hasta el punto de que empresarios que llevan y traen a los niños a los centros escolares adquieren, según esa definición de su actividad clandestina, la condición de mafiosos. Esto, por si faltaba algo por ver en esta Región.

Ambulancias para la constructora

No podía haber sorpresa. Ayer se resolvió el contrato público del servicio de ambulancias de la Región en favor de los amigos de la empresa constructora La Generala y asociados, nuevos en este campo de actividad. En plena fase de negociación para la investidura del presidente del PP, y a pesar de los avisos sobre supuestas irregularidades, todo ha acabado encajando según lo previsto, desarbolando entre otros a la empresa de Lorca que mantenía esta concesión en su ámbito.

Un contrato de trescientos millones (página 14) al que seguramente Ciudadanos no tendrá la curiosidad de echar un vistazo, aunque bien podría hacerlo desde Lorca en colaboración con el nuevo alcalde socialista. Si es que tienen interés en conocer de antemano lo que se pueden encontrar.

 

 

FUENTE: LAOPINIONDEMURCIA