El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde se instruye la macrocausa ‘Lezo’, tiene previsto concluir la investigación de la pieza principal de la trama después del verano. Las fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que la instrucción se encuentra “muy avanzada” y prevén enviar a juicio a Ignacio González el próximo otoño.

En la pieza principal del ‘caso Lezo’ se analiza la adquisición en el año 2013 de la filial brasileña del Canal de Isabel II, Emissao, por 21 millones de euros. No obstante, apenas un año y medio después, su valor contable era sólo de 5 millones.

En esta misma pieza también se investiga la compra en el año 2001 de la filial colombiana del Canal, Inassa, por 73 millones de dólares (65 millones de euros al cambio actual) a través de una sociedad panameña. Esta adquisición se efectuó cuando Alberto Ruiz Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, fuentes judiciales aseguran a OKDIARIO que la investigación de esta primera compra ha avanzado a un ritmo más lento que la relativa al año 2013.

El gran investigado

El principal investigado del ‘caso Lezo’ es el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al que se le atribuyen presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

Esta causa que instruye el juez Manuel García-Castellón está dividida en cuatro piezas. La principal comprende las adquisiciones de Inassa y Emissao, la segunda sobre la presunta comisión de Ignacio González por el tren a Navalcarnero, la tercera sobre el Golf del Canal y la última sobre el presunto blanqueo de capitales por parte del propio González.

Las irregularidades sobre la empresa pública Mercasa pasó a investigarse en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional y la financiación ilegal del PP fue asumida en el marco de la trama Púnica por el mismo instructor, García Castellón.

Las fuentes consultadas por este periódico detallan que la parte en la que se investiga la adjudicación del tren de Cercanías que conectase las poblaciones de Navalcarnero y Móstoles a la constructora OHL de Juan Miguel Villar Mir, un proyecto que no llegó a ver la luz, a cambio de presuntamente mordidas valoradas en 1,4 millones de euros, se encuentra en plena instrucción aunque sin visos de enviar a juicio antes de que finalice el año.

 

 
FUENTE: OKDIARIO