Si ya era difícil el entendimiento entre Podemos y el PSOE, la cosa se pone imposible después de que en la mañana de este miércoles, los representantes legales de la formación morada en Madrid, junto con los de Izquierda Unida, presentaran una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha tenido acceso este periódico, acusando de prevaricación, cohecho y malversación a los ministros en funciones Josep Borrell y José Luis Ábalos.
Dentro los los 1.600 folios del documento, se señala también por los mismos delitos de corrupción al resto de titulares de Fomento desde la génesis de esta promoción urbanística que el Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad el pasado lunes, después de 25 años de trámites, pasos adelante y atrás y parálisis judiciales.
Junto a Borrell y Ábalos, pues, constan como denunciados Rafael Arias Salgado, Francisco Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco, Ana Pastor e Íñigo de la Serna. Además, los alcaldes Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella; y los presidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Hay una decena larga más de denunciados, cargos políticos de segundo nivel, técnicos y demás. E incluso dos personas hoy en plena actualidad, Francisco González, expresidente del BBVA, y Antonio Béjar, exdirectivo del banco y expresidente de Distrito Castellana Norte, consorcio participado entre la entidad financiera y la Constructora San José, promotor de las obras en los terrenos revertidos desde la titularidad pública para sacar adelante el mayor proyecto urbanístico de las últimas décadas en la capital. Ambos están implicados en la investigación de la Audiencia Nacionalde las relaciones presuntamente ilícitas del BBVA con el excomisario José Villarejo, hoy en prisión.
Pero lo que más llama la atención es que la alcaldesa que terminó de impulsar el proyecto en la pasada legislatura municipal, Manuela Carmena, se quede fuera del escrito de denuncia.
Se da la circunstancia de que durante gran parte de la legislatura, de la mano de la impulsora de Más Madrid -plataforma ahora, liderada por Íñigo Errejón, y que apoyó con sus votos la tramitación en el primer pleno en el que el nuevo Consistorio pudo estudiar el proyecto-, trabajaba Carlos Sánchez Mato, como delegado de Economía del Ayuntamiento. Y él -candidato de IU al Ayuntamiento aunque no logró representación- es uno de los firmantes del escrito de denuncia, junto a Isabel Serra -candidata de Unidas Podemos ala Comunidad el pasado 26 de mayo- y Sol Sánchez -número dos de la lista y líder de IU en la región madrileña-.
«Repartirse el pastel»
Según el documento entregado a la Fiscalía, «todos ellos y ellas», los señalados, «han contribuido en diferente medida a incrementar las plusvalías de empresas privadas a costa del patrimonio público«. El texto acusa de los retrasos en estas más de dos décadas de tramitaciones a «las negociaciones entre agentes públicos y privados para decidir cómo se repartía el pastel«.
Sin dejar de acusar a las administraciones y a las empresas públicas –Renfe, Adif– y privadas –Constructora San José, BBVA como heredera de Argentaria…- implicadas de ir desarrollando y aumentando un «pelotazo» urbanístico a lo largo de los años y las diferentes modificaciones del proyecto, el texto admite que eso por sí mismo «no es delito punible en el ámbito del Derecho Penal».
En todo caso, la acusación se fundamenta en que sí es presuntamente delictivo «que
las Administraciones Públicas de ámbito estatal transfieran derechos sobre suelo a un agente privado que termina beneficiándose de las plusvalías que obtendría con una recalificación realizada por otra Administración pública, en este caso, de carácter local».
Para los denunciantes, el proyecto está amañado desde el punto de vista de que los operadores privados adquieren suelo a un precio que «es la mitad del de mercado», según los expertos que citan, y a teniéndose a la cifra de mercado por la que «se han vendido otros solares en el mismo ámbito».
«Comisiones ilegales»
Para abundar en el señalamiento de Borrell, Ábalos y demás ministros de Fomento; de Aguirre, González y demás consejeros de la Comunidad; de Botella, Gallardón y sus delegados de área, el texto describe las condiciones «beneficiosas para la empresa privada» y «lesivas para el sector público» por las que se comercializarán las edificabilidades «modificadas año a año en beneficio de los promotores» y por las que serán pagadas las cantidades estipuladas.
Los denunciantes consideran que abonar los cientos de millones que se muevan en esta operación «durante 20 años y con un recargo del 3 %» es demasiado beneficioso para BBVA. Y, en consecuencia, la denuncia concluye que aquí tiene que haber gato encerrado: «La historia reciente nos ha ido demostrando que, cuando desde Administraciones Públicas se beneficia de manera ilícita a una empresa privada, siempre es a cambio de algo».
Es decir, que Podemos e IU consideran que es muy probable que detrás de todas estas acciones «especulativas» y «lesivas para lo público» haya un beneficio ilícito «en forma de comisiones ilegales» para la financiación de las administraciones implicadas y, lo que es peor, para los partidos de quienes las han regido durante estos más de 20 años, el PSOE y el PP. «No debería descartarse que la obsesión en mantener un contrato lesivo para los intereses generales tenga alguna relación con el cobro de comisiones ilegales o con la financiación de partidos políticos relacionados con esta dañina operación«.
Y para terminar, Podemos e IU acusan a PSOE y PP de opacidad a las tres administraciones públicas, Gobierno de la nación, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la capital. «Durante 25 años el contrato que da origen a la Operación Chamartín entre Renfe (luego posteriormente Adif) y el socio privado, DUCH primero y actualmente DCN (Distrito Castellana Norte) cuyos accionistas son el banco BBVA y la constructora San José, ha permanecido secreto«.
En todo caso, y como comentábamos más arriba, las formaciones de Pablo Iglesias y de Alberto Garzón salvan a los responsables públicos de su órbita -Carmena y el propio denunciante Sánchez Mato- en una pirueta injustificada, pues el texto concluye señalando que el presunto secreto se mantuvo en «las sucesivas renovaciones de que se produjeron en 1997, 2002, 2009, 2015 y 2018», estas dos últimas cuando ya gobernaba Ahora Madrid -Podemos, IU y otras confluencias- en el Consistorio capitalino.
