El juez del caso Pujol investiga si la fortuna oculta por la familia en Andorra procede del desfalco de la sociedad Grand Tibidabo. El financiero Javier de la Rosa, bautizado como “empresario modelo” por Jordi Pujol, fue condenado por expoliar la sociedad en la década de los 90. La Policía sospecha que en el expediente judicial de ese proceso, que incluye diversas operaciones de compraventa bajo sospecha, puede haber indicios “para justificar parte de los ímprobos ingresos” acumulados por la familia de Jordi Pujol.
El titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha autorizado a los investigadores a acudir en persona y desempolvar la documentación del caso, que fue tramitado por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. En su petición, los policías argumentaron que De la Rosa está “inmerso en otros procedimientos de gran relevancia pública” y expresaron su esperanza de que Grand Tibidabo ayude a resolver el misterio.
Tras años de investigaciones, en 2008 De la Rosa fue condenado a tres años de cárcel por la descapitalización de la empresa, que gestionaba el parque de atracciones del Tibidabo de Barcelona. El financiero admitió haberse apropiado del equivalente de 68 millones de euros entre 1991 y 1994 en una operación que acabó con los ahorros de más de 10.000 pequeños accionistas.
El 25 de julio de 2014, Pujol emitió un comunicado público en el que admitió que su mujer, Marta Ferrusola, y sus siete hijos –pero no él- disponían de un dinero en la Banca Privada de Andorra que, en el momento de la confesión, ascendía a cerca de cuatro millones de euros. Ese dinero fue opaco para el fisco español durante más de tres décadas y, según la versión del expresident, procedía de una herencia que su padre, Florenci Pujol, les había dejado por si los vaivenes políticos dejaban a la familia en una situación complicada. Florenci murió en 1980, el mismo año en que su hijo se convirtió en presidente de la Generalitat, cargo que ya no abandonaría en los siguientes 23 años.
La fiscalía y los jueces que han investigado las cuentas de los Pujol nunca han creído esa versión, entre otras cosas porque no ha aportado documentación que la acredite (el expresident alega que no existe). Sospechan que el dinero procede de la “corrupción política”. Pero no han podido identificar por ahora la fuente concreta de esos ingresos. Ni han podido acreditar cómo el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, logró hacer crecer los ingresos de forma significativa en los 90. La Audiencia Nacional centraliza ahora el caso Pujol y mantiene investigados a todos los miembros de la familia por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La investigación más avanzada es la que afecta a los negocios ilícitos del primogénito, Júnior, acusado de cobrar comisiones ilegales de grandes empresas adjudicatarias de la Generalitat. El proceso contra él data de finales de 2012 y fue abierto precisamente gracias a las revelaciones de la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, y de De la Rosa, aunque el empresario finalmente no se ratificó en su denuncia.
En la causa de Grand Tibidabo hay algunos puntos de conexión con la Generalitat y los Pujol. La empresa vendió a la Generalitat el edificio del Consorcio Nacional del Leasing, una operación por la que De la Rosa percibió una comisión de 210 millones de pesetas. Algunos medios mencionaron en su día que Jordi Pujol Ferrusola participó en la operación, aunque nunca fue imputado por ello. En el tramo final de la instrucción llegó a ser citado como imputado Lluís Prenafeta, estrecho colaborador de Pujol como secretario general de Presidencia. Parte del dinero desviado por De la Rosa fue destinado a sufragar el diario El Observador, del cual Prenafeta fue promotor.
