La portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, y su homóloga en Unidos Podemos, Irene Montero, han decidido aparcar diferencias y hacer frente común ante la estrategia del Partido Popular, con la complicidad de Ciudadanos, de prorrogar indefinidamente los plazos para presentar enmiendas. Esta técnica les ha permitido que haya decenas de proposiciones de ley (PLs) estancadas en las respectivas comisiones del Congreso de los Diputados desde hace muchos meses, y algunas incluso desde hace más de un año.
Es habitual que ambas dirigentes eleven esta queja cada martes, en la Junta de Portavoces, pero PP y Ciudadanos llevan meses ignorándolas, y ambas se han propuesto dar un paso más para cambiar la actual situación, que se ha prolongado desde el inicio de la legislatura. A esta crítica se unió hace una semana el líder de IU, Alberto Garzón, plasmando su queja en una carta a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, que ésta despachó sin muchos miramientos.
Para darle la vuelta a esta situación, representantes de ambos grupos han mantenido conversaciones informales y discretas, con el fin de explorar la posibilidad de plantear una estrategia común.
Según fuentes del PSOE, el primer objetivo es buscar el apoyo del resto de grupos de la cámara, para que se sumen a la proposición de ley que el Grupo Socialista presentó este verano (y que aún están en tramitación), para cambiar el Reglamento del Congreso y fijar en dos el número de ampliaciones de plazo por un tiempo de 15 días a admitir. A partir de ahí, cualquier otra ampliación debería someterse a votación en pleno y obtener la mayoría absoluta en el hemiciclo.
De esta forma, decaería el actual artículo del Reglamento que fija, simplemente, que a petición de los grupos se puede ampliar el plazo de enmiendas, sin especificar límites temporales ni el número de veces que se puede solicitar esta prórroga.
Estas peticiones de ampliación las tramita la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría Partido Popular y Ciudadanos (cinco asientos, frente a los cuatro de PSOE y Unidos Podemos), por lo que se admiten casi todas las ampliaciones que se solicitan, evitando así la tramitación de las proposiciones de ley.
Por otra parte, y además de buscar la complicidad de los otros grupos, ambos partidos quieren también presionar a Ciudadanos para que cambie de actitud y deje de contribuir al tapón legislativo impuesto por el PP. Fuentes de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea aseguran que la formación de Rivera “sólo deja pasar lo que le beneficia” y que, muy a menudo, “esto coincide con los intereses del Partido Popular”.
Así, según el grupo confederal, Ciudadanos vota siempre a favor de prorrogar los periodos de enmienda “salvo cuando se trata de una de sus iniciativas», aunque también suele hacerlo cuando el bloqueo puede “perjudicarle”.
En este escenario, las fuentes consultadas creen que visibilizar la voluntad conjunta de PSOE y Unidos Podemos por desbloquear la actividad legislativa podría bastar para que Ciudadanos hicieran un análisis coste-beneficio, y optara por abrir la mano en la Mesa para marcar distancias con el Partido Popular.
Fuentes socialistas manifestaron a su vez que este modo de actuar supone “una burla” a la actividad del Parlamento y que, junto con la aplicación de los vetos del Ejecutivo a otras iniciativas por motivos presupuestarios, el Gobierno y el PP están convirtiendo esta legislatura en un tiempo perdido sin ninguna utilidad.
Según ha podido saber Público, hay al menos seis proposiciones de ley planteadas por el PSOE que superan en más de una veintena de veces el número de ampliación de enmiendas. En concreto son: Proposición de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (25 ampliaciones); Proposición de Ley sobre protección de la Seguridad Ciudadana y derogación de la llamada “ley Mordaza” (24 ampliaciones); Proposición de Ley para la Justicia Universal ((27 ampliaciones); Proposición de Ley para el ejercicio de la gracia del Indulto (28 ampliaciones); Proposición de Ley sobre la fijación de la cuantía del salario mínimo profesional (35 ampliaciones) o la Proposición de Ley sobre Secretos Oficiales (33 ampliaciones).
Además, hay otras muchas iniciativas paralizadas en comisión con un menor número de ampliaciones, la mayoría de PSOE y Unidos Podemos, aunque también hay alguna de Ciudadanos.
Las 38 prórrogas de la LOMCE
No obstante, el récord de prórrogas lo ostenta el grupo confederal, que ha visto cómo el plazo para enmendar su PL sobre la suspensión del calendario de implantación de la LOMCE (también conocida como Ley Wert) se ha prorrogado en 38 ocasiones.
Otros ejemplos son su PL antiveto presupuestario (octubre de 2017); la Proposición de Ley sobre la Despenalización del Derecho a Huelga (junio de 2017); o la PL contra la discriminación LGTBI (admitida en septiembre del pasado año). En total, más de una decena de iniciativas que teóricamente deberían estar en trámite, aunque hoy por hoy siguen en un limbo del que no podrán salir si la Mesa no da su brazo a torcer.
