El o la ministr@ de Justicia del nuevo gobierno de Pedro Sánchez tendrá que afrontar una Justicia indignada por la falta de medios y la lentitud de reformas como la oficina electrónica, que hace aguas a pesar de los esfuerzos.
Si algo ha caracterizado los seis años y medio de Gobierno de Mariano Rajoy es haber logrado una peculiar unanimidad: la de todos los sectores judiciales de distinto signo ideológico indignados contra el ministro de turno, ya sea Rafael Catalá o su antecesor Alberto Ruiz-Gallardón, a cuenta de la gestión de la Justicia. Y eso que es un ámbito de especial división interna.
Estas son las principales urgencias de Justicia que deberá abordar el nuevo Gobierno:
El reto catalán y el nuevo fiscal General
El ministro de Justicia deberá designar quién será el nuevo fiscal general del Estado, que es el encargado de llevar la política criminal. En especial, de definir la línea a seguir en la acusación del ministerio público para este nuevo tiempo político frente al desafío independentista catalán.
Pedro Sánchez proclamó durante la moción de censura que defenderá la Constitución, pero los principales impulsores del referéndum del 1-O y de la declaración unilateral de independencia son sus nuevos aliados.
Ahora bien, la maquinaria de la Justicia está en marcha y los fiscales pueden oponerse a determinadas medidas, pero no pueden frenar un sumario abierto en el Supremo (a los políticos) o en la Audiencia (a los Mossos d’Esquadra) por rebelión y organización criminal, respectivamente. Entre otras cosas porque un juez no puede inhibirse sin más (incurriría en prevaricación) y porque existe acusación popular en la primera causa. Cabe también un conflicto interno en el ministerio público con los fiscales del caso en el Supremo, muy beligerantes contra Carles Puigdemont, expresidente catalán detenido en Alemania, y los líderes políticos que impulsan el proceso soberanista desde el año 2012.
La huelga de jueces y fiscales en el horizonte
Enterrados en los miles de procedimientos que colapsan los juzgados a causa de la inacción del Ejecutivo del PP ante los abusos bancarios y por las consecuencias de la larga crisis económica, jueces y fiscales estaban al borde de la huelga cuando prosperó la moción de censura.
Las causas del malestar son múltiples, en especial la carencia de medios, una Justicia desfasada, la injerencia de los políticos y la pérdida de poder adquisitivo desde el año 2010 en relación con el resto de funcionarios, así como la supresión de los permisos adoptada por el PP a raíz de la crisis.
Los jueces y fiscales permanecen expectantes y hasta frustrados por tener que adaptarse al nuevo cambio político ya que esta misma semana estaban previstas varias reuniones con los Ministerios de Justicia y de Economía para desbloquear el conflicto, que no se han podido celebrar.
Los rumores giran en torno a quién será el próximo ministro de Justicia, si conoce este complejo mundo y si estará capacitad@ para gestionar las reformas necesarias. Una vez conocidos sus interlocutores, solicitarán reuniones con ellos, al igual que con los grupos parlamentarios sobre las que volverá a planear la sombra de una huelga.
Derogar o modificar la ley mordaza
Es el primer gesto que quiere realizar Sánchez en Consejo de Ministros para abrir esta nueva etapa: reforma la ley de seguridad ciudadana en los aspectos que limitan las libertades de expresión, reunión y manifestación. También las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla.
Independencia Judicial
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) tiene en el punto de mira a España por la falta de independencia judicial en la lucha contra la corrupción. Entre las medidas que aconsejan se encuentra el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, para lo cual recomienda que al menos la mitad de sus vocales sea elegida por los jueces aunque estima que sería mejor que el poder político no participara en esta elección.
Si algo ha modificado el Gobierno de Mariano Rajoy en numerosas ocasiones ha sido la Ley Orgánica del Poder Judicial. Detrás de este largo nombre se encuentran las bridas de la Justicia. La más polémica de estas reformas fue su respuesta en 2012 ante la caída del entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, el desaparecido Carlos Dívar.
El PP limitó la independencia judicial, de tal manera que los 20 vocales de este órgano constitucional son ahora elegidos directamente por los grupos parlamentarios en lugar de que 12 de ellos sean escogidos (aunque sea de manera indirecta) entre los jueces, tal y como figura en la Constitución.
La consecuencia ha sido un CGPJ piramidal, cuando es el órgano encargado de seleccionar a los jueces, formarlos y disciplinarlos. El presidente en la cúspide es Carlos Lesmes, quien controla la poderosa Comisión Permanente de la que emanan todos los nombramientos: desde presidentes de Audiencias Provinciales y de Tribunales Superiores de Justicia a los magistrados del Tribunal Supremo, donde la gestión actual ha logrado un vuelco generacional conservador.
Reforma del Código Penal
Fue prometida a raíz de la sentencia de ‘la manada’ para despejar el laberinto existente sobre los distintos delitos de naturaleza sexual, que van desde la agresión (expresión que en 1995 reemplazó a la violación) al abuso sexual, también no consentido y que es el delito por el que fue condenado el grupo de cinco hombres que agredieron a una joven en los sanfermines de 2016.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XXI
Hay dos puntos que levantan ampollas. La instrucción por parte del fiscal y la reforma del PP que limitó los plazos de investigación a 6 meses, prorrogables hasta los 18 meses si es una causa compleja. Esta última modificación no tuvo dotación económica alguna por lo que quienes tienen más medios pueden dilatar y dificultar un procedimiento hasta el plazo límite.
La otra reforma supone que los fiscales investiguen las causas penales, como ocurre en otros países, y que respondan ante un juez de garantías. La cadena de casos de corrupción llevó a un acuerdo entre PSOE y PP para aparcarla. Pero el nuevo ministro de Justicia deberá poner los cimientos para impulsarla. Podrá basarse en un primer proyecto que envió a las Cortes el último gobierno socialista.
Muchas voces reclaman que esta reforma del sistema procesal lleve aparejada un cambio del Estatuto del Ministerio Fiscal, para dotarlo de independencia. Por ejemplo, que el Fiscal General del Estado no cese cuando cae un Gobierno (como ocurre ahora) y que tenga presupuesto independiente y propio.
