La causa por el ‘procés’ entrará hoy viernes en una segunda fase. El juez Pablo Llarena ha anunciado que dicta auto de procesamiento, un paso que marca el camino hacia el juicio oral para aquellos acusados a los que considera responsables de rebelión, sedición y malversación, que hasta ahora investigaba en grado indiciario. Lo hará por los dos delitos más graves y pone a seis diputados del Parlament, entre ellos el candidato a la presidencia, ante la posibilidad, muy real, de un encarcelamiento preventivo hasta la celebración de la vista oral.

En una breve diligencia, el magistrado no desvela cuántos del listado de 28 imputados pasan ahora a ser procesados, pero sí apunta que seis de ellos estarán en ese escrito definitivo: el candidato a ‘president’ Jordi Turull, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los ‘exconsellers’ Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. En un movimiento sorpresa, no solo anuncia que propone juzgarles, también los cita para revisar su libertad, la que han disfrutado en los últimos meses previo pago de fianza.

El magistrado les ha convocado para el último día antes de la Semana Santa junto a sus abogados. Ha fijado la celebración de la comparecencia que recoge el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para solicitar y decretar, en su caso, la prisión provisional del investigado o encausado no detenido o su libertad provisional con fianza. Es decir, la decisión del juez no deja lugar a dudas, quiere escuchar a las partes para ver si procede un nuevo ingreso en prisión en el caso de cuatro de los citados, que ya cumplieron prisión preventiva, y el de Rovira y Forcadell: la primera no ha estado nunca encarcelada y la segunda solo pasó una noche en la cárcel. Otra posibilidad es la de valorar un incremento de sus fianzas para eludir el encarcelamiento, que ahora mismo están fijadas en un tope de 150.000 euros.

La jugada es un jaque mate para el ‘procés’. El posible ingreso en la cárcel de estas seis personas desactiva por completo la posibilidad de que JxCAT, ERC y la CUP elijan a uno de los acusados por promover la separación unilateral de España para la presidencia. Aunque el Parlament acelere ‘in extremis’ el nombramiento de Turull, será un ‘president’ de 24 horas. Procesamiento más prisión provisional es sinónimo de suspensión del ejercicio de cargo público.

Y lo es en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según el artículo 384 bis de la citada norma, cuando un auto de procesamiento es firme y el investigado se encuentra en prisión provisional por delito relacionado con bandas armadas, el terrorismo o la rebelión, «el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión». Fuera del Govern y fuera de la cámara autonómica.

La Fiscalía adquiere ahora un papel fundamental. Será el Ministerio Público el que lleve el viernes el peso de la petición al juez instructor. Respecto a esto, cabe recordar que el pasado noviembre no compartió el criterio de Llarena de imponer fianzas a siete ‘exconsellers’. Pidió entonces que se les mantuviera en prisión incondicional. Lo mismo sucedió con Forcadell, para la que el Ministerio Público reclamó un encarcelamiento que no pudiera eludirse con pago alguno. Un procesamiento incrementa el riesgo de fuga mientras que el de reiteración delictiva se mantiene y ya ha sido aplicado por el instructor en casos como el de Jordi Sànchez y Oriol Junqueras.

Según apuntan a El Confidencial fuentes fiscales, «valoran su postura ante la vista y estudian si procede reclamar la cárcel». Por su parte, VOX, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, ya ha avanzado que reclamará prisión para todos los citados. Otro detalle significativo es que las defensas han reaccionado rápido y reclamaron el mismo miércoles un aplazamiento de la vistilla prevista. Eso sí, sin éxito: el juez ha rechazado su solicitud y mantiene su intención de cerrar el círculo el viernes.

¿Y qué pasa con Puigdemont?

El procesamiento afectará también a los huidos en Suiza por partida doble. Carles Puigdemont y cuatro ‘exconsellers’ siguen atrincherados en Bélgica desde que decidieran abandonar España poco antes de su citación judicial. Contra ellos ya pesa un ingreso en prisión incondicional que dictó en su día la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y ahora ratificará previsiblemente su sucesor al frente de la causa, Llarena. 

Con el ingreso en prisión dictado y no practicado, porque se encuentran fuera de la acción de la Justicia española, sirve también la premisa de la inhabilitación que afecta a todos los demás. Su procesamiento les apartará de forma definitiva del ejercicio de cargo público hasta que haya sentencia en su contra. La pelea por la entrega del acta será ya solo una anécdota. Los planes del ‘expresident’ forzarán que conozca su nueva situación judicial en Finlandia, a donde prevé desplazarse tras su paso por Ginebra.

Además, la reactivación de la euroorden en su contra está a la vuelta de la esquina. Pedir a las autoridades belgas la entrega con un procesamiento firme no es lo mismo que hacerlo al arranque de la instrucción, y las fuentes consultadas confían en que Bruselas acepte cederlos a la Justicia española por todos los delitos que se les atribuye. En situación parecida se encuentra la dirigente de la CUP Anna Gabriel, que se trasladó a Suiza tras conocer su citación en la causa como imputada.

 

 

 

 

FUENTE: ELCONFIDENCIAL