La polémica que rodea a la futura inauguración del AVE a Murcia -sin fecha aunque Fomento ha reiterado que quiere abrir la línea este año– va camino de eternizarse, chapuza tras chapuza. El último episodio: el Administrador de Infraestructuras, Adif, encargado de llevar la vía de alta velocidad hasta la Estación de Murcia del Carmen, ha mentido al Parlamento Europeo. En concreto, a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, en un informe “relativo a las obras de accesos a Murcia”, según la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente.
El informe asegura a los eurodiputados que la línea hasta la capital murciana no constituye una “línea nueva”. Algo que contradice a, como mínimo, un informe de la propia Adif y a otro de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), ambos en posesión de este medio. La carta está firmada por el presidente de la compañía estatal, Juan Bravo, el 25 de enero de 2018. Y la razón del embuste, según fuentes extraoficiales, es que de haber habido un reconocimiento de línea nueva la empresa habría tenido que relicitar varios tramos de las obras, de acuerdo con la Ley de Contratos Públicos. Y no daría tiempo por lo tanto a abrir el AVE este año.
En Murcia hay un histórico movimiento vecinal al sur de la ciudad que, desde hace casi 30 años, exige soterrar la vía del tren y cerrar los peligrosos pasos a nivel. Una victoria que los vecinos arrancaron de Adif en octubre del año pasado tras un mes de cortes de vías y cargas policiales. Pero el problema ahora es otro: Mariano Rajoy quiere inaugurar la línea sí o sí antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2019, en las que el PP puede perder el poder regional que ostenta desde 1995. Y el PP de Murcia quiere que el AVE llegue a la ciudad. Así que para poder soterrar a la vez que se estrena la línea Madrid-Murcia, hay que proteger las obras con un muro de metacrilato que aísla a 100.000 vecinos de los barrios meridionales.
La respuesta de Adif aborda dos cuestiones formuladas desde esta comisión europarlamentaria: primero, “si las obras de dicha línea férrea serán finalmente soterradas” y segundo, “cómo se van a paliar los efectos para la población durante las obras del soterramiento”.
Según Adif, la primera fase de soterramiento (de 2,8 kilómetros) contempla “permitir la utilización de la línea por trenes de ancho estándar y de ancho convencional como venía sucediendo hasta ahora, que sin duda no tienen la envergadura suficiente para ser asimilables a la construcción de una nueva línea férrea”, asegura el administrador. Fundamenta esta decisión en que “no incluyen ampliaciones de la plataforma, desdoblamiento de vías o cambios de trazado respecto a la línea actual”.
Sobre la vía provisional mientras duran las obras del soterramiento, más adelante se puede leer que este “desvío tampoco reúne las características que permitan asimilarlo a la construcción de una nueva línea a efectos de lo previsto en la Ley de Evaluación Ambiental”.
El Impacto ambiental, caducado
Al menos existen dos documentos que revelan precisamente lo contrario: tanto el proyecto de soterramiento como el desvío provisional forman parte de una nueva línea. Así lo asegura un borrador de la Dirección General de Desarrollo y Estrategia de Adif, pero también una resolución de la Subdirección General de Infraestructuras de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, firmada el 20 de septiembre de 2017 por el propio director de la AESF, Pedro Lekuona.
Se trata de una consulta realizada por Adif a la AESF. Y la respuesta viene en los primeros epígrafes: “De acuerdo con la información disponible, la línea 046 Monforte del Cid-Murcia constituye una línea nueva”.
¿Por qué la firma pública ha mentido a la Unión Europea? La empresa ha declinado responder. Pero otras voces aportan su opinión al asunto: “Si Adif reconoce que es una obra nueva, habrían tenido que hacer un modificado y un complementario para no saltarse la Ley de Contratos del Sector Público. Jamás habría llegado el AVE de esa manera antes de las elecciones de 2019”, recalca un conocedor de los entresijos. Hay mucha tensión en los pasos a nivel: hace una semana aparecieron policías pertrechados con metralletas, y el PP no puede permitirse incumplir su promesa estrella en una comunidad cuyo presidente lleva menos de un año en el cargo al dimitir su antecesor por asuntos de corrupción.
“En relación con las cuestiones planteadas”, se lee más adelante en la carta, “en primer lugar es necesario aclarar que Adif-Alta Velocidad está construyendo la solución de soterramiento integral que está incluida en el Estudio Informativo cuya Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue formulada en 2009”.
Sin embargo, según el Estudio Informativo publicado en el Boletín Oficial del Estado por la Dirección General de Ferrocarriles -dependiente de Fomento- la Declaración de Impacto Ambiental caducó el 8 de julio de 2014, tras cinco años en vigor. Adif, en definitiva, afirma que iniciará obras de soterramiento basadas en una DIA que ya ha vencido y es por tanto ilegal.
En otro párrafo el administrador ferroviario reconoce que el soterramiento actualmente proyectado, de casi tres kilómetros, se aprobó, previa modificación, “tras expresar la Plataforma Prosoterramiento sus dudas”. Una manera de reconocer a los manifestantes su importante papel en el resultado final: no por nada, en varias ocasiones se ha visto a Juan Bravo dialogando con portavoces de los manifestantes, algo que no se atreven a hacer en Murcia los dirigentes del PP.
Los nervios están a flor de piel en una comunidad que es un feudo del PP y cuya gestión se desmorona. Se creó una Comisión de Seguimiento del AVE que, según toda la oposición, ha sido “boicoteada” por el PP. A su última reunión tres de las cinco personas llamadas a comparecer rechazaron hacerlo: Juan Bravo (Adif), Julio Gómez Pomar (actual secretario de Estado de Infraestructuras) y el polémico delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé.
“Instrumento de Podemos”
Nombrado recientemente, Bernabé solo ha avivado las llamas. Se ha burlado de la detención de una anciana de 81 años que participa activamente en las protestas, ha ordenado multar indiscriminadamente a quien se manifieste (van ya decenas de sancionados) y ha declarado sin rubor que “todo esto se está instrumentalizando por Podemos desde el primer día” (la Plataforma Pro Soterramiento existe desde finales de los años ochenta). El pasado 8 de marzo, la manifestación por el Día Internacional de la Mujer terminó en las vías, a la altura de los pasos a nivel. Y acabó como siempre: con cargas, heridos y detenidos.
FUENTE: ELINDEPENDIENTE