La XI Legislatura, la inhábil, podría dejar de ser un caso aislado. Los 187 días de bloqueo político que vivió España en 2016 fueron el primer efecto tangible de la fragmentación política. La irrupción de dos nuevas fuerzas –Podemos y Ciudadanos– y los vetos que se prodigaban entre sí abocaron al país a un periodo de esterilidad legislativa que desembocó, a su vez, en una repetición electoral seis meses después. Las elecciones del 28 de abril no auguran sino un escenario de mayor división, en el que el multipartidismo sumará un nuevo actor: Vox. Este contexto arroja dos opciones: o bien se produce un equilibrio de mayorías claro –ya sea a izquierda o derecha– o se abrirá un nuevo capítulo de inestabilidad y bloqueo. Con esta previsión trabajan ya en Moncloa, en busca del giro estratégico que convierta la necesidad en virtud. En el Gobierno dan por seguro que se mantendrán en funciones al menos hasta que se resuelva el mapa de gobernabilidad local y autonómico tras el 26 de mayo, esto es, no creen que Ciudadanos se avenga a embarcarse en una alianza con PP y Vox a nivel nacional en plena campaña de unos comicios en los que tendrá que exhibir su autonomía respecto a estas dos formaciones. En el ámbito territorial los plazos están tasados y no es posible dilatar sine die la conformación de gobiernos. No es así en el Congreso de los Diputados, donde la fecha del 21 de mayo, para la constitución de las Cortes, dará la primera pista de los movimientos y alianzas que los partidos podrían emprender en el futuro.
Salvo que se dé una mayoría clara de derechas, en Moncloa jugarán la baza del bloqueo para retratar a Ciudadanos. Le pondrán en la tesitura de favorecer un Gobierno sin los independentistas o sumir a España de nuevo en la parálisis y la repetición electoral. El Gobierno tiene datos en su poder que le ubican en el espectro de los 130 diputados y confía en poder alcanzar una entente con Unidas Podemos y el PNV para revalidar el poder. Una alianza que no dependa de los independentistas. Fuentes gubernamentales ya señalaban hace semanas a LA RAZÓN que no querían apoyarse en estos partidos porque «no eran de fiar» y exponían la experiencia de sus breves nueve meses de mandato para apuntalar esta tesis. Estos pronunciamientos en privado se han trasladado a la esfera pública para neutralizar la crisis abierta en Cataluña por Miquel Iceta, tras reconocer que la democracia tendría que responder si el 65% de los catalanes se mostraban partidario de la independencia. Desde varios sectores del partido se ha renegado profusamente de una eventual alianza con los soberanistas tras las elecciones.
Pero este rechazo al apoyo independentista en una eventual investidura choca con la calculadora. La debacle del partido de Pablo Iglesias, que en datos de Moncloa quedaría reducido a la mitad de su actual representación parlamentaria, juega en contra del Gobierno. Esto provocaría que el avance que registra el PSOE, hasta en 40 diputados, no se traduzca en una pasarela a La Moncloa, sino que necesitaría de un apoyo extra. Desde el Ejecutivo siempre se ha demandado una «mayoría solvente» para gobernar y, ante la deriva de su socio preferente, se miraba a Ciudadanos como el acicate necesario para conformarla. Sin embargo, el veto explicitado por Albert Rivera a pactar o hacer presidente a Sánchez ha obligado a cambiar de estrategia. Ya no se piensa en la formación naranja como en un compañero de viaje, sino como en el actor fundamental para evitar que España quede instalada de nuevo en el bloqueo o en manos de los soberanistas. Siempre que la derecha no sume, el Gobierno buscará retratar a los de Rivera como el partido capaz de evitar con su abstención estos dos escenarios con sus votos. «Si alguien se queja o vislumbra apoyos espurios, puede evitarlos», emplazó ayer José Luis Ábalos a Ciudadanos, al tiempo que reiteraba que «para recibir votos, prefiero los que no cuestionan la unidad de España». En Moncloa plantean esta disyuntiva de cara a una eventual investidura conscientes de que una repetición electoral no interesa a ninguno de los partidos de la oposición, mientras que sí movilizaría a sus votantes.
