Es el fichaje más sonado en el sector legal desde hace mucho tiempo. Y aunque inevitablemente reabre el debate sobre las puertas giratorias, limitar su análisis a esa circunstancia sería dejar fuera algunos elementos clave para entender el porqué del movimiento y sus consecuencias. La incorporación de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría al bufete catalán Cuatrecasas conlleva innegables oportunidades para ambas partes, pero también algunos riesgos que no serán sencillos de lidiar para ninguno de los dos.
A pesar de que no es el primer fichaje de un político por un despacho de abogados, este presenta unas características particulares que imposibilitan su comparación con otros. Sáenz de Santamaría ha sido designada socia y miembro del consejo de administración de la firma; es decir, ejercerá de abogada y estará sometida a unos exigentes objetivos de facturación. Nada que ver, por tanto, con el caso del exministro de Justicia Rafael Catalá, que en octubre se incorporó al consejo asesor del bufete Herbert Smith Freehills, o el del expresidente José María Aznar, asesor internacional de Latham & Watkins (antes en DLA Piper). “No puede hacerse un paralelismo con situaciones en las que lo único que se pide es ayuda para abrir una determinada puerta o el participar en dos o tres reuniones de estrategia al año. A Santamaría se le va a exigir dedicación plena y resultados anuales”, explica Javier Moreno, socio de la firma de headhunting legal IurisTalent.
¿Qué ha visto Cuatrecasas en Santamaría? En primer lugar, el excepcional conocimiento técnico que acredita el ser abogada del Estado (y número dos de su promoción), una cualidad muy codiciada por los bufetes. Tanto es así que uno de cada tres miembros del cuerpo jurídico de élite de la Administración (247 de 634) se encuentra en situación de excedencia voluntaria, según los datos del informe anual de la Abogacía del Estado de 2017.
Pero, evidentemente, su contratación no puede explicarse solo por el interés en su perfil legal. El propio Rafael Fontana, presidente ejecutivo de la firma, ha alabado las “grandes dotes de gestión” de la exvicepresidenta. Y el hecho de que, además de socia, haya sido incorporada al consejo de administración, órgano de gobierno reservado para socios con una larga y acreditada carrera, prueba que de ella se espera algo más.
Ignacio Bao, socio director de la empresa cazatalentos Signium, apunta a que su paso por el Ejecutivo, y más en la posición cualificada de vicepresidenta, dota a Santamaría de una “capacidad relacional diferencial”. O, lo que es lo mismo, una agenda privilegiada y una influencia superior a la de otros letrados. “No es que otros grandes despachos no puedan llamar a determinados cargos u organizaciones, pero la suya puede ser la llamada cualificada, la que incline la balanza”. Además, su bagaje político le permitirá contribuir de forma relevante en el crecimiento de la organización en Latinoamérica y le da una visión autorizada en temas muy complejos (pero muy rentables para un despacho) como son la energía, el transporte o las telecomunicaciones. A todo ello, en el sector se apunta a un elemento más: que se trate de un movimiento táctico que refuerce la imagen de Cuatrecasas como despacho nacional y no exclusivamente catalán. Una estrategia para la que resulta clave tener una gran llave de entrada en la Administración.
¿Qué gana Santamaría? En el plano profesional, se integra al segundo bufete español por facturación —en 2017 ingresó 208 millones de euros— que compite por participar en las mayores operaciones del país. Y, en términos económicos, su remuneración, como mínimo, duplicará a la de un abogado del Estado. Según fuentes del sector, en ningún caso bajaría de los 150.000 euros anuales, siendo la horquilla más probable la de entre 250.000 y 400.000 euros.
Riesgos
En el otro lado de la balanza, el despacho y la exvicepresidenta tendrán que hacer frente a algunos riesgos no menores. El primero de ellos es que la incorporación impacte negativamente en la reputación de la firma. En un doble sentido: por un lado, que se perciba como un fichaje en el que pesa más la voluntad de hacer lobby (actividad que tan mala prensa tiene en España) que su aportación técnico-jurídica; y por otro, que cause malestar entre los clientes y miembros de la organización en Barcelona cercanos al independentismo. El fichaje de políticos es una operación delicada en la que otros grandes bufetes, como Garrigues o Uría, tienen por costumbre no embarcarse.
El segundo es la propia integración de Santamaría. Las sociaturas son estructuras complejas, con un funcionamiento mucho más horizontal que la jerárquica Administración, “y no todos los que provienen del sector público saben entender y empatizar con este ecosistema tan exigente”, apunta Moreno.
Y por último, el propio cumplimiento de los objetivos que exige la categoría de socio. Se equivoca quien piense que Santamaría ha encontrado en Cuatrecasas un retiro dorado. Nada más lejos de la realidad. Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que las grandes incorporaciones del sector llevan acompañado un plan de negocio y unas metas de facturación anuales, de las cuales se hace depender la parte variable del salario. “Tendrá que justificar su remuneración”, incide Bao, quien, no obstante, está convencido de que el despacho habrá tenido en cuenta que la exvicepresidenta no trae consigo una cartera de clientes, por lo que probablemente necesite algo más de tiempo para alcanzar los resultados que se le requieren a cualquier otro socio. “Es un fichaje que se rentabiliza a medio o largo plazo”, concluye.
