El ex secretario general del Partido Popular valenciano Ricardo Costa ha abierto un proceso de cooperación con la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de sumar atenuantes y colaborar con la Justicia. Esta nueva etapa llega tras reconocer en la Audiencia Nacional que su partido financió con dinero negro la campaña de Francisco Camps en las elecciones autonómicas del año 2007 y actos de las generales de 2008 desarrollados en la Comunidad Valenciana.

Según apunta la información de la que dispone EL MUNDO, Costa ya ha comparecido ante el ministerio fiscal y se prevé que su declaración pueda incluirse en diversos procedimientos, como en la pieza separada del caso Taula que el instructor ha decretado secreta recientemente tras aparecer nuevas pruebas.

El juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula formó esta pieza separada tras recibir un «chivatazo» sobre los fondos utilizados para financiar las campañas de Rita Barberá a la Alcaldía de Valencia, entre los años 2007 y 2015, y tener conocimiento de la comparecencia del ex dirigente del PP, en la que detallaría cómo se financiaba el partido.

No obstante, la declaración de Costa va más allá de la presunta caja B del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia o en el PPCV y abarca toda una época manchada por la corrupción.

Por el momento no ha trascendido el contenido exacto de sus revelaciones, pero su amplia declaración también incluiría hechos relacionados con el presunto reparto de comisiones, de entre un 3% y un 5%, en la construcción de centros públicos en la Comunidad Valenciana, así como irregularidades en grandes adjudicaciones de la Generalitat, según esta información.

Costa es una pieza clave cuya colaboración es fundamental para que el rosario de investigaciones contra la corrupción abiertas en Valencia concluyan con éxito. Hermano del ex ministro Juan Costa, fue la persona de máxima confianza de Camps en el partido entre los años 2003 y 2009. «Ricardo Costa era un embudo por el que pasaba todo», aseguró el ex vicepresidente del Consell Vicente Rambla en su declaración.

Tras las detenciones del grupo Correa, Costa fue el cabeza de turco de Génova para mantener a Camps al frente de la Generalitat y del partido pese a los indicios de financiación irregular. Finalmente, el ex presidente tuvo que dimitir, semanas después de las elecciones del año 2011, tras acordarse la apertura de juicio oral por el asunto de los trajes de la Gürtel valenciana, del que ambos resultaron absueltos por un jurado.

La confesión de Ricardo Costa en el juicio de la financiación del PP de Camps no pasó inadvertida en la Fiscalía Anticorrupción. Tras su declaración, tal y como avanzó este periódico, se mantuvieron contactos entre representantes del Ministerio Fiscal de Madrid y Valencia para coordinar estrategias y continuar con las investigaciones realizadas en los últimos años por la Policía Nacional y la Guardia Civil en diversos procedimientos.

Los delitos que podrían ser atribuidos a Camps tras el reconocimiento de los hechos por parte de empresarios y el ex secretario general del PP valenciano en Gürtel podrían estar prescritos, pero hay otras causas abiertas por el pago de comisiones para financiar la actividad del PP en Valencia a cambio de obras en las que la Fiscalía Anticorrupción puede seguir profundizando.

Uno de esos procedimientos es el que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula y las piezas separadas que afectan al Ayuntamiento de Valencia y a Ciegsa, la empresa pública dependiente de la Conselleria de Educación que tiene derivadas las competencias en la construcción de centros escolares públicos.

La Guardia Civil situó a Camps en un informe en el centro de una presunta red de recaudadores que habría desarrollado su máxima actividad entre 2006 y 2007, justo cuando los vicepresidentes del Consell, según desveló Ricardo Costa en el juicio de la Gürtel, recibían en sus despachos oficiales a empresarios que entregaban el dinero negro.

Así, la Guardia Civil vinculó indiciariamente la empresa pública encargada de la construcción de centros escolares con la asociación delictiva que formaban «ciertos miembros del PP de la provincia de Valencia, cuyo objetivo sería el cobro de comisiones ilegales como contraprestación de contratos adjudicados» en Ciegsa.

El destino del dinero tenía una doble finalidad: «por un lado era para financiar el partido y, por otro, para el enriquecimiento personal de los intervinientes», según declaró Marcos Benavent, ex gerente de Imelsa y recaudador de Alfonso Rus que también ha confesado los delitos. Concretó «que él mismo entregó cantidades de dinero» y que en ocasiones entregaba esos importes a Rus en el coche al salir de las comidas que generalmente se celebraban en el Restaurante Pilsener», un local muy frecuentado por el ex presidente de las Cortes, Juan Cotino. Benavent ha ratificado en las últimas semanas en el juzgado su declaración ante los agentes.

La Guardia Civil afirmó en su informe que «Francisco Camps tendría conocimiento del uso que se estaría haciendo de la empresa Ciegsa, ya que Alfonso Rus habría hablado con él; que Gerardo Camps sería uno de los encargados de controlar las adjudicaciones así como que el conseller Alejandro Font de Mora le habría dicho a Máximo Caturla que fuese Gerardo Camps el que lo controlase».

La financiación que se investiga en Taula, sobre todo la que afecta a las campañas de Rita Barberá, es distinta a la de Gürtel. Sin embargo, diversas fuentes insisten en que la colaboración de Costa a partir de ahora reforzará las acusaciones. Sobre todo en lo que respecta a las elecciones municipales de 2007, pues Costa también confirmó en el juicio que Secopsa, presunto donante de las campañas de Barberá, también dio dinero para las autonómicas.

En enero, la Fiscalía confirmó que procederá a valorar la implicación del ex presidente cuando finalice el juicio de Gürtel. La próxima semana arrancan las conclusiones.

 

 

FUENTE: ELMUNDO