En plena campaña de las elecciones andaluzas, con Ciudadanos esforzándose por distanciarse de Susana Díaz tras tres años sosteniendo a su Gobierno, Albert Rivera es el primer interesado en marcar diferencias con Sánchez y con Pablo Casado, con el que ha roto también el acuerdo parlamentario que mantenía bloqueadas varias iniciativas legislativas de PSOE y de Podemos. Ciudadanos vuelve a buscar el centro político y a recuperar las expectativas que le situaban en pleno auge electoral antes de la moción de censura a Mariano Rajoy.
El PP, por su parte, se aleja de cualquier entendimiento parlamentario con el PSOE, hacia al que ha iniciado una oposición de dureza que pasa por acusarle de complicidad con los “golpistas” de Cataluña y los nacionalistas del País Vasco que “quieren romper España”.
Por su parte, desde la óptica independentista, la petición de penas por parte de la Fiscalía y el abogado del Estado ha caído como un mazazo por muy previsibles que parezcan. “Las penas pedidas por la Fiscalía suman 200 años” se lamentaba el presidente del Parlament, Roger Torrent. “El Gobierno no ha cambiado la línea represiva del Gobierno Rajoy, no se ha invertido la represión, por tanto no ha habido ni gesto ni movimiento, y a no gesto y no movimiento por parte del Estado, imposible gesto ni movimiento por nuestra parte” advertía por su parte Pere Aragonés, vicepresidente de Esquerra y del Govern.
Son las dos voces principales de ERC, las más autorizadas para fijar el discurso político de la formación desde que Oriol Junqueras está en prisión, y han dejado claro que esas calificaciones provisionales han cerrado la puerta a apoyar los presupuestos. La negativa es especialmente significativaen el caso de Aragonés, responsable de la negociación económica con el Gobierno, con el que pactó por ejemplo una recuperación de la Disposición Adicional Tercera del Estatut que ahora quedará en agua de borrajas.
Y si el apoyo a los presupuestos se presenta imposible de justificar ante sus bases para un partido cohesionado como ERC, en el caso del PDeCat es una auténtica quimera. El grupo parlamentario en el Congreso muestra la fractura del conjunto del partido entre los fieles a la antigua estructura convergente y los convencidos de la nueva Crida impulsada por Puigdemont, que ya dejado claro hace semanas su oposición a convertirse en la muleta parlamentaria de Sánchez.
Tanto los socialistas catalanes como, sobre todo, los comunes de Ada Colau insistirán en los indudables riesgos que encierra para el independentismo dejar caer a un Gobierno del PSOE y permitir un adelanto electoral que podría devolver al PP a la Moncloa, de la mano de C’s. Pero el independentismo lleva mucho tiempo asegurando a sus bases que PP y PSOE son en el fondo lo mismo -miembros del “tripartito del 155”-, un discurso que no ha cambiado pese a la intensa negociación entre Gobierno y Generalitat en las comisiones bilaterales.
Además, Omnium Cultural ha lanzado ya la campaña “yo acuso” para denunciar el proceso judicial contra los líderes del 1-O. La ANC ha vuelto a convocar a los suyos ante las cárceles y Quim Torra vuelve a hablar de movilizaciones multitudinarias para doblegar a la justicia. No parece que sea el momento de votar en el Congreso para sostener al PSOE.
En este contexto, Sánchez no encuentra socios ni a la izquierda ni a la derecha para poder aprobar unos presupuestos que escenifiquen su proyecto político para España antes de convocar elecciones. Moncloa valora ahora la posibilidad de seguir gobernando con los presupuestos de Mariano Rajoy prorrogados, lo que dejaría en una situación de extrema debilidad al Ejecutivo. El Ministerio de Hacienda también contempla la posibilidad de actualizar los PGE a través de una cascada de reales decretos, como también se planteó Cristóbal Montoro antes de su acuerdo con el PNV.
Todas esas posibilidades contrastan una vez más con lo que defendía el propio Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. De hecho, en marzo de este año, el hoy presidente del Gobierno invitaba a Rajoy a someterse a una cuestión de confianza si no era capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. En un ultimátum, el líder del PSOE advertía a Rajoy de que sin PGE y sin someterse a la confianza del Parlamento, debería convocar elecciones anticipadas. Entonces, antes de la sentencia del caso Gürtel que le sirvió como justificación, Sánchez descartaba presentar una moción de censura para derribar al Ejecutivo del PP. “No dan los números”. “No seré presidente a cualquier precio, no valen los atajos”, aseguraba entonces.
