El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) mantiene su particular idilio con TV3. Desde hace meses, el organismo encargado de, entre otras cosas, velar por la pluralidad de los medios catalanes, ha respaldado prácticamente todas las emisiones de la televisión pública catalana, desde quemar la Constitución en directo hace ahora dos años (fue «libertad de expresión») a la emisión de datos personales del juez Pablo Llarena y su familia hace unos días. Entre ambos acontecimientos distan unos dos años, pero entre medias son pocas las emisiones de la televisión pública catalana que no han sido amparadas por el regulador.
El CAC, que depende directamente del Parlament, está formado por seis miembros: el presidente Roger Loppacher (PDeCat); el vicepresidente Salvador Alsius (Ind.); el consejero secretario Daniel Sirera (PP), Carme Figueras (PSC), Yvonne Griley (CDC) y Eva Parera (UDC).
Durante los últimos meses, las votaciones celebradas en el seno del consejo evidencian la fractura interna del organismo. Por un lado, están los consejeros más próximos a las tesis soberanistas como Loppacher, Alsius y Griley frente a Sirera, Figueras y Parera, los tres con un perfil alejado del independentismo.
El dictamen más reciente fue publicado hace apenas un par de semanas. El CAC, con el voto contrario de Sirera, Figueras y Parera, avaló que TV3 emitiese las dos localidades donde el juez que instruye la causa del ‘procés’ tiene residencia, así como el nombre y apellidos de su mujer. Para el regulador catalán, la proyección pública que tiene el magistrado justifica la emisión de estos contenidos. Cabe señalar que días antes aparecieron unas pintadas amenazantes frente a la casa del magistrado firmadas por Arran, la rama juvenil de la CUP.
En esas mismas fechas el organismo sí acordó amonestar a ‘Espejo Público’ por no incluir todas las versiones en un reportaje sobre unos incidentes en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Al mismo tiempo, dio el visto bueno a que Catalunya Ràdio, la emisora pública, celebrase un debate sobre la aplicación del artículo 155 con todos los tertulianos en contra de la medida al considerar que son «voces representativas del sector audiovisual».
Sin abandonar el medio radiofónico, el CAC también exoneró a la locutora Mònica Terribas tras desvelar las posiciones de la Guardia Civil durante un operativo el pasado mes de septiembre. En concreto, fue denunciada por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil por «solicitar a los oyentes que transmitan» los movimientos de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. De nuevo, el regulador aprobó las declaraciones de la popular presentadora de Catalunya Ràdio.
También ha sido hace unos días cuando los citados consejeros no independentistas firmaron una carta dirigida a Loppacher tras conocerse que el CAC había contratado a una compañía para, según sospechan los firmantes, hacer un seguimiento de la actividad en las redes sociales de los miembros del organismo. «Queremos manifestar nuestra sorpresa e indignación por el hecho de destinar recursos públicos a hacer un seguimiento de nuestra actividad en las redes», reza la misiva al tiempo que advierte de que se trata de una práctica «irregular» y que este seguimiento está «injustificado». Por su parte, desde el CAC han señalado que simplemente se trata de una herramienta para elaborar un ‘clipping’ diario sobre las informaciones publicadas sobre el organismo.
Suma y sigue, porque durante el primer trimestre del año el organismo ha dado luz verde a un informe que sitúa a TV3 como «la cadena más plural» durante la cobertura del referéndum ilegal. De nuevo, el acuerdo salió sin el consenso de todos los consejeros.
Previamente, el organismo dio el visto bueno a que la cadena emitiese publicidad de la consulta ilegal (pese a las advertencias del Tribunal Constitucional) y aprobó un informativo infantil que hablaba del ‘procés’ como «una historia de buenos y malos», según una de las quejas presentadas.
Y es que hay que rebuscar mucho en la hemeroteca para encontrar algún dictamen mínimamente crítico con el trabajo de TV3. El más reciente fue el pasado mes de marzo, cuando el organismo aprobó la emisión del mensaje de fin de año de Carles Puigdemont aunque advirtió a la cadena que podía «llevar a la confusión» la manera en la que se había emitido.
Polémicas aparte, el CAC es uno de los organismos catalanes que ha sufrido en sus carnes la inestabilidad política de la región. La mayoría de sus consejeros, que no han sido renovados desde 2014, tienen el mandato caducado desde hace meses y están a la espera de que el Parlament aborde su renovación.
Ahora, con el nombramiento de Quim Torra como ‘president’ de la Generalitat, se abre la puerta a que se ponga sobre la mesa la puesta a punto del Consell. «El proceso para iniciar las renovaciones corresponde al Parlament», señala un portavoz del organismo. Una renovación que, por otra parte, reflejará el cambio de colores del arco parlamentario con Ciudadanoscomo primera fuerza y la otrora poderosa Convergència diluida ahora en Junts per Catalunya (JuntsxCat)
