Los sindicatos y los partidos políticos de izquierda han puesto estos días a los pensionistas a hacer gimnasia, un auténtido dinamizador de la salud de los mayores. Con efervescente y súbita indignación, los jubilados han inundado las calles de las grandes ciudades en demanda de unas pensiones dignas, acordes con la magnitud de la recuperación de la economía que cacarea el Gobierno. El maratón de manifestaciones, que ha llegado al Congreso, es la expresión genuina de uno de los recurrentes ejercicios de propaganda electoral y demagogia política más clamorosos que se recuerdan, porque se produce en un contexto parlamentario en el que el pacto para reformar y asegurar las pensiones en el futuro, más urgente que nunca, es imposible por la incapacidad de los políticos para hablar y entenderse.
La semana pasada el Pacto de Toledo, ese foro parlamentario otrora fructífero y que ahora parece una excusa para dilatar las soluciones, ha estado a punto de saltar por los aires porque la ambición de unos ha querido imponer el carro antes que los bueyes: un cambio la revalorización antes que solucionar cómo se financian las rentas de nueve millones y medio de pensionistas con unas cuentas deficitarias en cerca de 20.000 millones de euros y sin dinero para abonar la extra del verano que no salga de la manivela de la deuda. Lo primero es antes, señorías.
Luego veremos en detalle por qué puede parecer hasta extemporánea la prisa por subir las pensiones. Ahora sería conveniente saber por qué se ha producido este estallido que ha cogido por sorpresa al presidente del Gobierno, y que pretende reventarle el único flanco electoral que él creía seguro. En apenas unas semanas hemos pasado de transitar por una legislatura pasiva y de política languideciente a una agitación desconocida porque en algunos despachos políticos se ha pensado que no vale la pena estirar más el chicle y apostar por la ruptura y una convocatoria electoral. Las elecciones catalanas y las expectativas de Ciudadanos han subido la bilirrubina en unos y el miedo en otros, y los partidos han armado de munición pesada la maquinaria electoral. Falta un año bien largo para las elecciones autonómicas, locales y europeas, y ya ha empezado la campaña que todo lo mediatiza y paraliza. De estar el Presupuesto de 2018 a punto, se ha pasado a que no haya ni Presupuesto, ni financiación autonómica, ni pacto de pensiones, pues todo ello daría oxígeno a un Gobierno bajo mínimos en las encuestas, y se le pasaría el arroz a los emergentes. El PSOE, que cree haber desaparecido como primer grupo de oposición por su pasividad parlamentaria y la ausencia de su líder de la bancada, ha activado la baza de las pensiones para neutralizar el activismo naranja.
Así las cosas, Rajoy piensa que quieren hacerle la petaca y que puede perder la única batalla que tenía ganada sin salir a campo abierto. Los pensionistas son los suyos, los que le respaldan en las urnas, porque hizo bandera de no tocar las pensiones cuando arreciaba la gran recesión y la presión financiera sobre el Estado, cuando en los países rescatados Bruselas metió la mano en los bolsillos de los mayores. No se olvida que el PSOE pagío muy caro congelar las pensiones en 2010 y él lo había evitado con una descomunal subida de impuestos.
Que los políticos resuelvan sus cuitas y que hagan el menor daño posible a los administrados. Ahora vayamos a los números. ¿Es este el mejor momento para subir las pensiones? ¿Son las cuantías sonrojantemente bajas? ¿Son los pensionistas el colectivo peor tratado en la crisis, o el mejor atendido? ¿Hay recursos para pagar las alzas sin riesgo para la caja? ¿Hay dinero en la caja? ¿De dónde pueden salir las perras para hacerlo sin riesgos?
Todo depende del color del cristal a través del que se mire. Relativamente es más fácil sostener que los salarios son bajos, que son las pensiones las que son bajas: el salario más frecuente en España en la última encuesta de estructura salarial (de 2016) era de 1.178,4 euros al mes, por catorce pagas, mientras que la pensión media de jubilación es ahora de 1.077,8 euros, también por catorce pagas. Una pensión como un salario; o al revés, un salario como una pensión, que es más sorprendente. ¿Quién tendrá más capacidad económica, un asalariado con un sueldo de 1.178 euros, o un pensionista con 1.077, teniendo en cuenta, cuestión no menor, que las necesidades de gasto del primero son muy superiores a las del segundo?
Una diferencia de las necesidades que se intensifica en términos agregados si advertimos que los trabajadores jóvenes, donde se concentra la mayoría de estos sueldos, tienen obligaciones financieras importantes (hipotecas, hijos, colegios, etc.), mientras que la población jubilada tiene menos necesidades vitales, y cuenta, además, con una acumulación patrimonial muy superior. Las propias cuentas financieras de la economía que detalla el Banco de España revelan que los españoles tienen 771.000 millones de euros de deuda, sobre todo de carácter hipotecario, mientras disponen de más de 835.000 millones de euros solo en depósitos bancarios. Eso sí: unos tienen el dinero (los jubilados de forma mayoritaria) y otros, las deudas (los jóvenes hipotecados).
