La comprobación in situ de trabajos que el Ayuntamiento de Murcia ya había certificado como ejecutados al 100% dentro de un plan multimillonario de mejora de parques convenció en octubre a los socialistas de que bancos, árboles, pérgolas y otras instalaciones previstas en el contrato ni siquiera existían. Concluyeron así que en las dos zonas verdes que acababan de someter a examen secreto en compañía de un notario se había producido un agujero considerable, una malversación del 30%: según el PSOE, ese es el porcentaje de lo presupuestado para ambos espacios que no habría llegado a gastar la UTE contratista. El grupo municipal socialista elaboró con esos datos un informe detallado, le adjuntó un extenso reportaje fotográfico de los puntos analizados cuya veracidad tenía por misión certificar el notario presente en la visita y se lo llevó todo a la Fiscalía: amplió así la denuncia que por presunta financiación ilegal del PP y tomando como base ese mismo contrato había interpuesto tres meses antes.
De ese paso dado ante la Fiscalía murciana por el PSOE el 29 de octubre de 2020 y desvelado ahora por infoLibre nada había trascendido hasta ahora. Pero no fue el único paso relacionado con un macrocontrato municipal, el de los parques, que acabó jugando un papel preeminente en el terremoto de la moción de censura murciana finalmente abortada por el PP gracias a tres diputados tránsfugas de Ciudadanos. Ya Mario Gómez, de Ciudadanos y entonces vicealcalde, había entregado el mismo mes de octubre papeles a la UDEF sobre esa adjudicación, formalizada en agosto de 2019 por 52 millones: los contratistas, dos empresas aliadas en una UTE (STV Gestión SL y Actúa Servicios y Medio Ambiente SL). También incluyó en el paquete de documentación de «varios gigas» para la UDEF archivos sobre dos centenares de contratos de menor cuantía.
La denuncia del edil Mario Gómez ante la unidad policial especializada en delitos de corrupción solo salió a la luz el viernes de la semana pasada, una vez informó de ella eldiario.es. Y fue en ese momento, explicó luego en otra información el citado digital, cuando la ruptura de Ciudadanos con el PP resultó ya irreversible. Se abrió así paso la moción de censura presentada el miércoles por PSOE y Ciudadanos contra el presidente de Murcia, Fernando López Miras, del PP. «Nosotros no podemos ser cómplices de la corrupción y de las irregularidades», dijo ese día Gómez ante los periodistas. Paradójicamente, fue él quien, casi recién aterrizado en el cargo de concejal de Fomento, firmó el contrato en agosto de 2019. Pero una vez se fue haciendo con los entresijos del cargo y con más datos, sus sospechas no cesaron de crecer.
Para el PSOE, el otro partido decidido a analizar con lupa las tripas del plan de mejora de parques, la idea de hacer una cata de ejecución de aquel contrato plurianual con validez hasta 2022 surgió después de que el análisis de una serie de vídeos render –los que proyectan la ilusión de imágenes tridimensionales– le decidiese a interponer denuncia por financiación ilegal ante la Fiscalía. Los socialistas detectaron que el proyecto de la UTE ganadora incluía una serie de vídeos sobre parques como los usados por el PP en su campaña municipal de 2019. Un comunicado difundido el 29 de julio en la web del PSOE murciano lo exponía así: «Imágenes de estos recursos audiovisuales (…) fueron utilizadas antes de las elecciones del 26 de mayo de 2019 durante la campaña electoral del PP y posteriormente han sido reutilizados por el alcalde para anunciar obras en jardines». Y esos recursos, remacha ahora el PSOE, eran de propiedad municipal, no del partido del alcalde
Tras presentar su denuncia en julio de 2020, el PSOE señaló que el contrato «salpica otra vez a La Generala», grupo regional beneficiario de múltiples adjudicaciones. La información mercantil disponible señala que Actúa Servicios y Medio Ambiente SL pertenece por completo a una empresa cuyo administrador único es Manuel Martínez Ortuño. Y Martínez Ortuño preside el Grupo Generala.
El examen a las dos zonas verdes que el PSOE tomó como muestra -el jardín de La Seda y el de La Fama– para saber qué estaba sucediendo tuvo lugar el 9 de octubre de 2020. Un mes antes, el 8 de septiembre, el Ayuntamiento había certificado por escrito que los trabajos en esos dos espacios verdes ya se habían efectuado al completo. «Ejecutado 100%», se lee en el documento firmado por el jefe de servicio de parques y jardines y al que también ha accedido este periódico.
Sin embargo, la visita en compañía de un notario condujo al PSOE a asegurar lo que a lo largo de 27 páginas desgrana su informe: que no había rastro de los nuevos bancos, árboles, pérgolas y otras instalaciones previstas y cuyo número y exacto importe se detallaban en el contrato. Fue así como el PSOE alcanzó la cifra supuestamente malversada solo en esos dos parques. ¿Y qué le permitió cerrar las cifras de esa eventual malversación? Que la documentación oficial permite saber qué y por cuánto dinero debe hacer la UTE concesionaria en cada punto sujeto al contrato.
El informe enumera los casos reales estudiados. Un ejemplo sobre unas jardineras con pérgola previstas en el parque de La Fama: «Estos bancos de obra con elementos vegetales en vertical debían situarse rodeando la zona de juegos, entre las pistas, el bar y los juegos infantiles, con el fin de dar sombra. Como se puede observar en las fotografías mostradas, no se ha instalado ninguno. (…) Esta partida, mano de obra incluida, estaba valorada en 78.827,10 €».
La cuantía de las mejoras «que no se han llevado a cabo» –agrega el informe– «podría ascender a alrededor de 207.345 euros». Y eso representa «cerca de una tercera parte del presupuesto» asignado. Si ese «déficit de instalación de elementos y de realización de trabajo se diese en cuantías similares» en las otras 18 zonas verdes sujetas al contrato, «estaríamos hablando de que la pérdida patrimonial para el Ayuntamiento de Murcia podría alcanzar 1.450.045 euros«. Este periódico no ha podido verificar si la Fiscalía ha realizado ya pruebas periciales para confirmar si en alguno de los otros 18 parques afectados por el contrato se ha repetido la situación descrita por el PSOE. Las diligencias de investigación incoadas tras la denuncia formulada por el PSOE en julio de 2020 –las 177/2020– permanecen abiertas.
El Ayuntamiento niega cualquier irregularidad
Tras acceder al informe del PSOE en poder de la Fiscalía, infoLibre contactó con fuentes del equipo de gobiero que dirige el alcalde José Ballesta, del PP. Portavoces del regidor murciano negaron a última hora de este viernes cualquier irregularidad en el contrato de parques. Subrayaron que «los retrasos» en el cumplimiento de ciertas fases ya provocaron que en enero de 2020 se abriera un expediente que culminó con una propuesta de sanción de 132.000 euros para el adjudicatario. Es «la más alta» de toda la historia municipal en esta materia. Y representa «el 45% del coste de la obra», dice el texto de respuesta. A la pregunta de si a día de hoy ya se ha cobrado esa sanción propuesta en enero de 2020, la respuesta dejó abierta la incógnita: «Se ha tramitado con todas las garantías legales y administrativas y la sanción sigue su curso administrativo conforme al procedimiento».
Este periódico explicó a la fuente que el informe del PSOE no aborda ninguna cuestión relativa a demoras en la ejecución sino algo de mayor gravedad: que parte de esa ejecución no ha llegado a realizarse. No hubo respuesta concreta aquí pero sí una defensa total del expediente abierto por los retrasos antes mencionados: «El Ayuntamiento de Murcia, a través de los técnicos municipales (funcionarios de carrera) está actuando con total transparencia y rigor en este procedimiento sancionador. El contrato con la empresa concesionaria tiene una duración de cuatro años por valor de 60 millones, de los que cinco millones son para obras y, si se constatasen nuevos incumplimientos, se procedería de nuevo en consecuencia».
«El Ayuntamiento de Murcia –prosiguió su portavoz– defiende el interés público de los cerca de 500.000 vecinos del municipio y trabaja por la mejora diaria de las zonas verdes que, en plena pandemia, se presentan como lugares saludables y seguros para el ocio familiar al aire libre. De hecho, en estos ultimos seis años, se ha llevado a cabo una transformación radical de estos espacios, abriendo itinerarios saludables como Murcia Río o la Vía Verde, que han cambiado los hábitos saludables de los murcianos».
La conversación con la citada fuente municipal indica que el PP ignoraba por completo que el PSOE había ampliado en octubre de 2020 su denuncia con el informe sobre la comprobación secreta de los trabajos desarrollados en dos parques.
Los documentos alojados en la Plataforma de Contratación del Estado [pincha aquí para ver el resumen] indican que la cantidad total adjudicada a la UTE formada por STV Gestión SL y Actúa Servicios y Medio Ambiente SL o a una de esas dos sociedades en este expediente se cifra en52.262.081 euros IVA incluido. El expediente (el 0028/2018, «Conservación, mantenimiento y restauración de los jardines, arbolado de alineación y medianas y rotondas del municipio de Murcia y de los suministros necesarios para ello») dividía la adjudicación en siete lotes. Actúa y STV se hicieron con cuatro. Otras tres empresas –Turmur España, Ludomáquina y Tecnigral– obtuvieron cada una de ellas uno de los tres restantes. La suma de esos tres lotes ascendía a 1.025.499.
Un contrato «a medida»
El 28 de julio, la Ser ya desveló el contenido sustancial de la denuncia inicial interpuesta por el PSOE. La cadena radiofónica informó de que el grupo municipal acudió a la Fiscalía para denunciar “una trama para beneficiar al PP en la campaña de las elecciones municipales de 2019” en la capital murciana. En el escrito se relataba que la formación conservadora pudo incurrir en “financiación ilegal”. Esa trama, sostiene la denuncia según la Ser, “tiene como actores al jefe de campaña popular municipal, José Guillén, concejal de Parques y Jardines, al candidato a la alcaldía, José Ballesta [que sigue siendo alcalde a día de hoy] y a la empresa pública Urbamusa junto con la UTE STV-Actúa, siendo esta última la actual concesionaria del servicio de parques y jardines”.
La tesis de los socialistas es que el Ayuntamiento gestó «un contrato a medida» de la UTE. Su viceportavoz municipal, Francisco Lucas, pronunció en aquel momento la siguiente frase: «Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía los indicios que disponemos de una posible trama por la que se pudo financiar el PP ilegalmente en las últimas elecciones municipales y que salpica, otra vez, a La Generala». La Generala es un importante grupo empresarial murciano, adjudicatario a través de distintas filiales de numerosos contratos públicos.
En su denuncia, el PSOE remarcaba que los adjudicatarios de proyecto de mejora de parques disponían «de información privilegiada previa a la licitación del concurso”. Siempre según la información conocida hasta la fecha, los socialistas aportaron a la Fiscalía documentos cuyos metadatos prueban, supuestamente, esa acusación.
El pliego de condiciones exigía la elaboración de vídeos cuyo coste superaba los 80.000 euros. Nunca –remarcaron el jueves fuentes conocedoras de la denuncia del PSOE y de la investigación– se había incluido tal requisito en un pliego de condiciones. Desde el anuncio de la licitación hasta la fecha final para presentar ofertas, el pliego de condiciones daba menos de un mes hábil de plazo. La convocatoria se publicó el 26 de octubre de 2018. Y se cerró la admisión de ofertas el 29 de noviembre. ¿Bastaba un mes para que las empresas interesadas pudierran estudiar, diseñar y formular una oferta de tal magnitud o es que en realidad quienes ganaron el concurso sabían que el contrato sería para ellos antes de la licitación formal? El PSOE cree que la adjudicación ya estaba decidida de antemano
