La vicepresidenta del Gobierno no se cortó el pasado martes en la retrasada copa de fin de año que la Moncloa ofreció a los periodistas. Sáez de Santamaría se dolió de cómo Ciudadanos niega al PP de Cataluña un diputado para que pueda formar un grupo parlamentario en Barcelona. La cuestión no es menor. El PP dejará de percibir 800.000 euros (financiaría así el buzoneo de sus candidaturas) por no constituir grupo, irá al mixto y verá restringido su protagonismo en la Cámara legislativa autonómica. Rivera y Arrimadas no parecen compartir el criterio de Winston Churchill que aconsejaba: «En la victoria, magnanimidad». Entre otras razones porque consideran que ese dinero se cobraría «en fraude de ley para pagar gastos electorales; además, a nosotros nunca se nos ha ocurrido reclamar esos pasteleos pese a que estuvimos dos legislaturas en el grupo mixto». No es cuestión de magnanimidad, sino de «criterio coherente», dicen.
En contraste con esta decisión de Cs, Gabriel Rufián ofreció uno de los parlamentarios de ERC para que la CUP llegase a cinco y formase grupo. Los antisistema no han hecho aprecio a la oferta muy en la línea cimarrona que acostumbran. Pero se puede ir a la hemeroteca y comprobar que el PSOE ha prestado en varias ocasiones diputados a canarios y a republicanos,especialmente en el Senado (en la Cámara alta el grupo parlamentario es de 10 escaños) y el propio PP ha hecho determinados enjuagues para cuadrar números. En estas transacciones, Cs está inédito. Los reglamentos de los parlamentos no contemplan estos préstamos parlamentarios pero el Tribunal Constitucional tiene sentenciado que, si la Mesa del legislativo correspondiente lo acepta, no hay problema alguno de ilegalidad. Estaríamos ante un uso parlamentario que Ciudadanos considera una corruptela consentida por el sistema.
Rajoy quiere abrir el abanico de sus contactos para no quedar a merced de Rivera. Tampoco el PNV desea que la legislatura se vaya al traste
Este asunto se está interiorizando como un ‘casus belli’ al que se añade la exigencia de que la senadora del PP Pilar Barreiro, imputada en el caso Púnica, deje su escaño. De no hacerlo, Ciudadanos no apoyaría los Presupuestos Generales del Estado, como tampoco lo hará si no se concreta la equiparación salarial de los funcionarios policiales con los autonómicos vascos y catalanes y si no se cumplen algunos otros requerimientos de los 150 pactados en agosto de 2016 por Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta en función de los cuales los naranjas dieron el voto a la investidura de Mariano Rajoy. El ministro del Interior ya ha garantizado la equiparación pese a que las negociaciones presupuestarias no han comenzado. Y en el caso Barreiro, el PP tendrá que actuar como en el caso Pedro Antonio Sánchez, presidente imputado que fue de la comunidad de Murcia. Es decir, cediendo.
Rajoy quiere abrir el abanico de sus contactos con los demás líderes para no quedar a merced de Rivera. Tampoco el PNV desea que la legislatura se vaya al traste y teme seriamente que si lo hiciera la posición de Ciudadanos mejorase sensiblemente con pésimas consecuencias para la continuidad del sistema concertado vasco y, de rebote, también el navarro. Así que los nacionalistas vascos, bajo cuerda, están ya comenzando a intercambiar papeles. La información se va destilando gota a gota en la prensa vasca que recoge la alarma de los peneuvistas a un retroceso en el actual ‘status quo’ de la comunidad.
Mientras Cataluña siga como está, ninguno de los contendientes romperá la baraja, pero las hostilidades están ya desatadas
Rajoy quiere entenderse también con PSOE y con Pedro Sánchez, ambos en una situación de débil estabilidad, con expectativas incumplidas en Cataluña y mala recepción a las propuestas sociales del secretario general del partido, especialmente las exacciones posibles sobre transacciones bancarias para cofinanciar las pensiones. Sánchez está solo y Rajoy «mal acompañado»(Génova ‘dixit’) por un Rivera que adquiere cada día más radio de acción. Acaba de estar en Italia y se ha fotografiado con Renzi, un hombre de centro izquierda, al mismo tiempo que Felipe González confesaba que estaba fuera de las cuestiones de su partido, sin hablar con Sánchez, tres años sin hacerlo con Rajoy e intercambiando puntos de vista con Rivera «porque me llama». El presidente de Ciudadanos ya lo ha dicho en ‘El País’: él y su partido pueden gobernar con la derecha y con la izquierda (PP y PSOE).
Las relaciones entre los socios de investidura están tensas y son cada día más difíciles. El PP está dolido por el discurso electoral de Cs en Cataluña —el voto útil famoso—, por las condiciones que imponen los naranjas a la negociación presupuestaria y por la volatilidad del acuerdo de investidura que Ciudadanos atribuye a sus graves incumplimientos por el PP, entre ellos la reforma de la ley electoral, un objetivo básico de Rivera al que se resisten como gato panza arriba tanto el PP como el PSOE. En estas condiciones, la peana sobre la que Rajoy atornilla su presidencia del Gobierno puede saltar en pedazos si alguno de los misiles de Ciudadanos le impacta de lleno. De momento, mientras Cataluña siga como está, ninguno de los contendientes romperá la baraja, pero las hostilidades están ya desatadas. Nunca hubo entre los dos partidos un ambiente tan bélico.
