Pedro Sánchez acordará este martes con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la fecha de julio en la que se celebrará el pleno de investidura. Esa será la fecha límite para culminar una negociación con el resto de partidos que permita al socialista acudir a la sesión con los apoyos necesarios. Pero, si las negociaciones fracasan, Sánchez irá igualmente a la investidura y, en ese caso, el Gobierno se plantea convocar elecciones para noviembre. El jefe de Ejecutivo rechaza la amenaza velada de Unidas Podemos de llevar la votación definitiva a septiembre.
Las cábalas sobre a quién puede beneficiar la repetición de las elecciones apuntan a que el PSOE y el PP saldrían bien parados, habida cuenta de la pérdida de votos que sufrieron Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox entre las elecciones generales del 28 de abril y los comicios europeos de un mes después. Esta es la baza de Pedro Sánchez, aunque en su entorno aseguran que no es una posibilidad que busca ni desea, dado que puede haber una reacción en contra de los ciudadanos que perjudique a todos. Su intención es ser investido cuanto antes y empezar a gobernar en plenitud de funciones. Por eso, establecida la fecha, comenzará la segunda ronda de negociaciones que volverá a incluir a todos los grupos salvo a Vox y a EH Bildu. Negociación, pero no sobre todo ni a cualquier precio, señalan interlocutores gubernamentales.
El precio no podrá ser establecer pactos con los independentistas sobre el derecho a decidir, pero tampoco aceptará la exigencia de Unidas Podemos que mantiene bloqueado el acuerdo. La negativa de Pedro Sánchez de sentar, codo con codo, a políticos de la formación de Pablo Iglesias con los del PSOE en la mesa del Consejo de Ministros, mantiene parado el acuerdo para la investidura.
Sin Unidas Podemos, el resto de los apoyos serían inútiles. La suma debe empezar a partir de los 165 que suman los 123 del PSOE y los 42 de la formación de Iglesias. El líder de Unidas Podemos ya ha avisado de que no votará a favor de la investidura de Sánchez en esta primera vuelta. Es decir, en la primera votación, que se producirá en dos o tres semanas, y en su preceptiva repetición 48 horas después de haber fracasado la primera, como es casi seguro. Su horizonte para la investidura está en septiembre para tener más tiempo de negociar y persuadir a Pedro Sánchez de que acepte formar un gobierno de coalición puro, sin eufemismos ni aproximaciones.
Precisamente ese aviso de Iglesias ha caído en saco roto. Lo que no se haga en julio no se hará, es la respuesta de Sánchez para quien “España necesita tener gobierno este mismo mes”. No ha habido negociaciones en estos días. El líder socialista se ha centrado en la crisis que se ha desatado en las instituciones europeas por el reparto de los principales puestos. Por eso sigue en Bruselas y no podrá reunirse con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, como tenía previsto.
O julio o elecciones
No hay necesidad de que Sánchez esté en España para dar a conocer cuándo se someterá a la investidura. La conversación con Batet será telefónica y será ella quien anunciará la fecha de la investidura tras comunicárselo a los grupos parlamentarios como le corresponde, además de convocar el pleno para esa investidura. De entrada, los noes a apoyarla suman una mayoría absoluta. A Unidas Podemos no le sirve que Pedro Sánchez le haya ofrecido un acuerdo programático. A los resquemores se unió este lunes En Comú Podem, la marca catalana de la formación de Iglesias, cuyo portavoz en el Congreso, Jaume Asens, insistió en negociar. Asens considera que Sánchez aún no lo ha hecho con el interés debido.
En ello coincide con ERC, que cuenta con 14 diputados en el Congreso. La portavoz de la formación, Marta Vilalta, acusó el lunes a Sánchez de ser “un irresponsable por no querer negociar”. En este ambiente de rechazo se conocerá este martes la fecha de la investidura, que podrá ser la semana del 16 o la del 23 de julio para que, en caso de repetir las elecciones, sean en un domingo de noviembre.
