«El vigente Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) no goza del suficiente consenso político y social». Con estas palabras, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha dado la espalda a la reforma unilateral de las pensiones que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. En concreto a los famosos incrementos del 0,25% que sacaron a la calle a miles de pensionistas en el último año. El borrador de la Comisión cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos, excepto ERC que tiene pequeñas reservas sobre su redacción, e incluyendo al PP que también suscribe este tirón de orejas al anterior Ejecutivo.

La comisión parlamentaria que diseña las recomendaciones sobre el futuro del sistema público de pensiones llevaba meses atascada en el segundo punto: el que aborda la revalorización anual de las pensiones. Este miércoles, los grupos políticos han acordado un texto inicial en el que emplazan a que el mecanismo de actualización de las pensiones sea en base al «IPC real».

En el borrador, que aún debe ser firmado en el seno de la Comisión, se identifica el IPC como «el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones» y emplaza a que «cuando lo permita la situación económica» este indicador se pueda incluso aumentar. Las subidas en función al IPC se sitúan así como la referencia en este «acuerdo de mínimos», aunque los partidos más reticentes a esta fórmula (PP, PDeCAT y Ciudadanos) consideran que hay margen de maniobra para que los gobiernos pudieran incluir otras variables, algo que no comparten las formaciones de izquierdas.

Los grupos políticos han recordado en cualquier caso que el Pacto de Toledo solo tiene la capacidad de recomendar, por lo que sus decisiones no generan ninguna obligación legal, y que le corresponde al Gobierno acordar la reforma que dé relevo al sistema creado por el PP en solitario hace cinco años.

La reforma de las pensiones de Mariano Rajoy cuenta con dos elementos clave: el IRP, mecanismo para calcular la subida anual de las pensiones y que ha provocado en los últimos años los incrementos del 0,25%, y el factor de sostenibilidad, una compleja fórmula que ligaba el cálculo de la pensión a la esperanza de vida. El Pacto de Toledo ha dejado negro sobre blanco hoy que la primera de estas cuestiones no cuenta con «suficiente consenso político y social».

El portavoz del PP en la Comisión, Gerardo Camps, ha reconocido que en todo acuerdo hay que hacer «renuncias» y que el PP «no podía negarse» a la inclusión de esta mención en el borrador. Camps ha añadido que «es una obviedad» que en la actualidad el IRP no cuenta con estos consensos.

La vinculación al IPC, en manos del Gobierno

Tras conocer la existencia de un principio de pacto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado desde Nueva York que «asume ese acuerdo». Los portavoces de los diferentes partidos han señalado al Ejecutivo y a los agentes sociales (sindicatos y patronal) como los responsables ahora de negociar la reforma legal de las pensiones tras su recomendación y de concretar el mecanismo que debe suceder al IRP de Rajoy.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha destacado siempre desde su cargo que la metodología del Gobierno pasa por reformar el sistema, pero con consenso político y social: ya ha conseguido el primero con esta recomendación del Pacto y ahora debe negociar el segundo con los empresarios y sindicatos mayoritarios. Por el momento, Valerio ha descartado la vinculación de las pensiones al IPC de manera unilateral.

El Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con margen para acordar la reforma porque el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy vació de contenido su ley de 2013 con el acuerdo con el PNV para sacar adelante los Presupuestos. Aplazó la entrada del factor de sostenibilidad de 2019 a 2023 y prometió la subida de las pensiones con el IPC durante este año y el que viene.

Sin embargo, desde Unidos Podemos, así como los pensionistas en la calle y los sindicatos UGT y CCOO, urgen al Gobierno para que lleve a cabo lo antes posible esa reforma de la legislación (que prometió desde la oposición) y para que vincule de nuevo las pensiones al IPC.

La postura del Gobierno sobre la revalorización ha ido cambiando: ha pasado del IPC garantizado a la posibilidad de subidas inferiores a los precios en épocas de recesión. Este mismo miércoles el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha afirmado que la indexación al IPC  «probablemente nos da siempre a largo plazo unos efectos perversos», aunque más tarde desde el Ministerio de Trabajo han defendido que «Granado considera que el IPC es la referencia obligada a tener en cuenta».

Las negociaciones con los sindicatos y la patronal sobre pensiones se retoman este jueves y esta vez ya con un principio de acuerdo del Pacto de Toledo que se inclina por la revalorización según el IPC.

 

 

FUENTE: ELDIARIO