EL ZUMBIDO DEL ABEJORRO COJONERO
JOSÉ MARÍA QUEVEDO
HEMEROTECA: ‘Interviú’ señala a Valcárcel como cabecilla de una trama organizada, presuntamente para delinquir
MURCIA.- El ex presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso, actual eurodiputado del PPE y uno de los quince vicepresidentes del Parlamento europeo, queda a los piés de los caballos y como un presunto delincuente, por diseñador y cabecilla de una trama organizada que pudiera terminar siendo considerada una organización pensada para delinquir, a tenor de lo que se publica hoy en el número 2.063 de la revista ‘Interviú‘ correspondiente a la semana del 9 al 15 de noviembre de 2015.
Parece ser el primer capítulo de una serie, donde las evidencias irán emergiendo como pruebas con destino a la Fiscalía, y donde toda España se ha podido enterar hoy de algunas prácticas políticas rayanas en lo presuntamente criminal en la gran recta final del mandato de Valcárcel como presidente de la Comunidad Autónoma, con la escasez de agua como pretexto para fuertes inversiones públicas, innecesarias e ilegales como ahora parece a tenor de lo que se escribe en ‘Interviú‘.
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La cadena de supuestas irregularidades suma pronto la creación del Ente Público del Agua de la Región de Murcia -recientemente suprimido ante la cascada de sentencias en contra de sus acciones- y los convenios que firma con 26 municipios (22 del PP y 4 del PSOE) a los que niega autorizaciones la CHS por falta de agua para sus repectivos desarrollos urbanísticos y que se dice asegurar con la producción de la desalinizadora de Escombreras incluso para poblaciones a más de cien kilómetros tierra adentro.
De esta manera, dice ‘Interviú‘, se recalificaron 180 millones de m2 con un beneficio para los consistorios firmantes que ronda los 2.500 millones de euros y que fueron adelantados por promotores y propietarios de los terrenos recalificados, ahora difíciles de recuperar porque desde 2009 se desinfló la burbuja inmobiliaria, los planes urbanísticos se quedaron en el aire y, por tanto, la demanda de agua prevista no llegó a existir. La desalinizadora está ahora al 20% de su capacidad gracias a que abastece a las áreas metropolitanas de Cartagena y Murcia.
Un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, al que dice haber tenido acceso ‘Interviú‘, confirma que la actual situación financiera (pérdida de 54 millones de euros desde 2011 y una deuda de otros 600 exigidos por ACS por la rescisión del contrato de explotación) tiene su origen en el «diseño inicial de la operación de 2006 a través (…) de contratos que implicaban unas obligaciones de pago superiores a la cifra de negocio que se podía lograr».
La querella del abogado Manuel Núñez describe una fina ingeniería empresarial en torno a la desaladora «para evitar la fiscalización de los fondos públicos invertidos en la operación». Y añade que «el grupo ACS fue creando empresas propias ad hocque más tarde se autocontrataron, con precios del agua prohibitivos, conscientes de que al final el Gobierno murciano se haría cargo de todo».
Desde el año 2013 la Fiscalía Superior del TSJ conoce el entramado societario y el fiasco de la desaladora porque el célebre abogado murciano Diego de Ramón lo denunció y obligó a que incoase unas diligencias previas. Ahora el citado letrado ha ampliado esa denuncia, siempre según la revista, para que los 26 ayuntamientos que firmaron convenios con el Ente Público del Agua devuelvan el dinero recibido por los convenios urbanísticos que él considera son ilegales por carecer del preceptivo informe de la CHS y cuyo montante se estima en unos 3.000 millones de euros sumando intereses y gastos judiciales.