MINISTRO MARLASKA
El juez MARLASKA, una figura nacional por su permanente y eficaz lucha contra la delincuencia organizada, terrorista o no, hoy ministro de Interior, suele despertar en amplios sectores de la opinión pública una clara simpatía, por su preparación y elevado sentido profesional, su independencia y lógicamente ser un personaje justo o intentarlo lo que en España da dolores de cabeza, desde que la política ha llegado a secuestrar a determinados hombres y mujeres de las cúpulas del Derecho en circunstancias peligrosas para la integridad de una democracia aterida. Este profesional, en nuestro criterio, lo escribimos, cometió un error de cálculo cuando dijo aquello de las vallas de Melilla y Ceuta. Conocemos el problema y su tragedia porque hemos estado allí en diversas ocasiones, que es lo que debiera hacer el competente ministro, y darse una idea exacta de las consecuencias de un proyecto muy debatido, dentro y fuera de España.
Pero hoy nos queremos referir al problema desnortado de INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, sus fallos, los errores cometidos por los anteriores equipos, la falta de tacto social y los agravios al personal funcionario que se sentía marginado económicamente, un personal especial, con estudios medios-altos y unas responsabilidades proporcionales a responsabilidades de alto peligro máxime cuando en la mayoría de los centros penitenciarios existe una masificación incontrolable en caso del estallido de un motín o una simple pelea entre residentes, entre los que abundan delincuentes procedentes del terrorismo criminal. Algunos funcionarios se nos han quejado afirmando que a veces «nos tratan peor que a los internos». Una paradoja.
Dura crítica difícil de entender en un Estado democrático, porque mientras estos funcionarios como otros procedentes de la Guardia Civil o Policía Nacional, estén recibiendo, hasta hace dos meses, sueldos inferiores a los salarios de las policías autonómicas e incluso que muchas policías municipales, ni es justo, ni razonable y escasamente estimulante, porque además los centros de trabajo de los funcionarios de prisiones están lejos de los centros urbanos, de sus hogares y horarios dispersos y duros en el interior de los módulos.
MURCIA TRANSPARENTE lo viene comentando desde hace dos o tres años, pero la respuesta fue el silencio displicente de quienes se creen los dueños de las fincas del Estado, fincas que el Gobierno de Rajoy ha estado a punto de privatizar en su totalidad. Hace un año se dieron los primeros pasos, hasta que los sindicatos, hartos, levantaron sus voces pidiendo cautela y prudencia. En fin, hace bien el señor Marlaska de desbaratar el chiringuito anacrónico y darle a los funcionarios lo que se merezcan según justicia. Este cuerpo de funcionarios pudiera ser fuente de choques injustificables, politizándolos y sometidos a agravios comparativos incalificables.
