El Gobierno de Pedro Sánchez cerró su primer periodo de sesiones parlamentario en el poder con una contundente derrota en el primer trámite para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el llamado techo de gasto, y nuevos deberes de sus socios independentistas: cesiones concretas antes de que Oriol Junqueras y demás encausados por la intentona del 1-O comparezcan ante el juez.
El último pleno del año en el Senado dejó un panorama más negro para el Ejecutivo que el del Congreso. Como estaba previsto, la Cámara Alta liquidó la senda de déficit aprobada hace una semana en primera instancia, trámite que obliga al inquilino de La Moncloa a aplicar a sus futuras cuentas el marco heredado de Mariano Rajoy, el 1,3% del PIB en vez del 1,8%. Pero la novedad consistió en el nivel exigencias, en el fondo, y también en el tono de desprecio de los senadores independentistas.
Josep Lluís Cleries, portavoz del PDeCAT con hilo directo con Carles Puigdemont y representante del secesionismo más extremo, explicó que votaba a favor dado que a la Generalitat le venía bien la posibilidad de contar con otros 470 millones extra para sus gastos, pero dejó claro que ese detalle no suponía compromiso alguno con el proyecto de Presupuestos de Sánchez pactado ya con Pablo Iglesias.
El senador independentista insistió en que para cuando empiece la tramitación del proyecto de cuentas del Estado, a finales de enero, su grupo esperamedidas concretas a favor de los dirigentes presos o prófugos de la Justicia acusados de rebelión, sedición y malversación.
Por ERC su portavoz, Bernat Picornell, fue más concreto en las exigencias de su partido. Dijo que votaban a favor de la propuesta del Ejecutivo «como gesto de buena voluntad» y porque así se lo habían ordenado sus jefes.
«Lo hacemos por ellos», «ustedes no se lo merecen», «lo hacemos por no romper el último hilo entre los dos gobiernos» y «nos estamos comiendo el orgullo». Con esas advertencias explicó Picornell el sentido del voto de ERC además de recalcar que cuando se ponga en marcha el juicio sobre la intentona del 1-O el partido de Junqueras quiere un calendario concreto de cesiones políticas y medidas de gracia o impunidad para sus dirigentes encarcelados.
Picornell explicó que «antes del juicio» que empezará en enero y seguirá toda la primavera (igual que el trámite parlamentario del proyecto de Presupuestos) ERC pide una propuesta de solución al «conflicto» entre «Cataluña y España», teoría nacionalista que Sánchez asumió en el comunicado sobre su reunión con Quim Torra.
Según el planteamiento de los portavoces independentistas, el jefe del Ejecutivo tiene que negociar con sus jefes sobre la exigencia de autodeterminación para Cataluña, con referéndum pactado o nuevo estatuto del Estado autonómico, con el fin de ofrecer «soluciones» políticas concretas antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las condenas.
Si para mediados de febrero, cuando se celebre el debate de totalidad de los Presupuestos en el Congreso, Sánchez no satisface las exigencias de los independentistas, los 17 diputados que suman ERC y el PDeCAT tendrán en su mano la posibilidad de rechazar el proyecto y dejar al presidente del Gobierno sin guion para prolongar la legislatura.
