La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exjuez Baltasar Garzónhan sido los últimos perjudicados por su relación con el ex comisario José Villarejo, en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre.
Los negocios de espionaje e inteligencia del policía le permitieron grabar un ingente número de conversaciones con altas personalidades del Estado. Desde agentes de Policía a jueces, pasando por empresarios y políticos. Todos han quedado expuestos a posibles chantajes y extorsiones.
De hecho, los investigadores del caso Villarejo afirman que las últimas revelaciones del ex comisario, como la de su relación con el marido de la periodista Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz, o el vídeo de Cristina Cifuentes robando unas cremas, tienen un único fin: son “un pulso al Estado” para lograr su salida de la cárcel, algo que ha solicitado en varias ocasiones alegando problemas de salud.
No queda ahí la cosa. En el Gobierno temen que Villarejo quiera “cargarse” al Ejecutivo de Pedro Sánchez debido al apoyo que le ha brindado Podemos. El ex comisario relaciona al partido morado con los agentes que le investigaron en el seno de la Policía y no ha perdonado a Sánchez su alianza con Pablo Iglesias.
Según la Fiscalía anticorrupción, a Villarejo se le incautaron más de 500 terabytes de información recopilados en discos duros y en los que aparecen todo tipo de personajes de la Historia reciente de España, “desde la Transición hasta hoy”.
Cómo llegó a controlar las cloacas del Estado
En este sentido, Confidencial Digital ha podido saber que una de las líneas de investigación del Ministerio Público es determinar cómo tejió el ex comisario una nutrida red de informadores dentro y fuera de la Policía para llevar a cabo sus negocios de extorsión.
Los investigadores sospechan que Villarejo se valió de su habilidad para hacer contactos entre altos cargos de cualquier empresa, pública y privada, para ir ganándose su confianza y hacerles “favores”, por los que luego pedía una compensación a favor de sus intereses.
Para conseguir que sus conocidos se inclinaran a su favor, el agenterecurría al chantaje, haciendo uso de grabaciones, fotografías o vídeos comprometidos de estas personalidades. En caso de que no dieran su brazo a torcer, filtraba este material a la prensa, provocando grandes escándalos mediáticos.
Líneas estratégicas bajo control
Los fiscales y la unidad de Asuntos Internos encargada de investigar a Villarejo llevan meses tratando de elaborar un mapa de las relaciones del ex comisario; no tanto de sus contactos o clientes chantajeados, como de las personas que hicieron posible que se moviera a su antojo en el ámbito de la extorsión.
Este mapa, según ha podido saber ECD, abarca a agentes de Policía, jueces, fiscales y abogados, como se ha puesto de manifiesto con las revelaciones de su amistad con Garzón.
Cinco objetivos clave
En este sentido, la investigación del Ministerio Público y de la Policía se dirige a averiguar si Villarejo tuvo algún tipo de influencia o incluso de control en cinco puntos clave de la seguridad del Estado:
Uno. El Aeropuerto de Barajas: las fuentes consultadas afirman que se trata del primer foco sobre el que el ex comisario puso los ojos para sus negocios opacos. Esta vertiente ha terminado llevándole a la cárcel, ya que la operación Tándem comenzó como una simple investigación sobre el tráfico de personas en el que parecía implicado Villarejo y las mafias guineanas. Las víctimas entraban en España a través de Barajas. El jefe de seguridad del aeropuerto ha sido durante años el comisario Carlos Salamanca. Fue detenido a la vez que Villarejo y puesto en libertad el pasado 18 de julio. El juez de la Audiencia Nacional haarchivado la causa contra él.
Dos. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO): fue fundado en 2014, cuando Jorge Fernández Díazestaba al frente de Interior. Su primer director fue José Luis Olivera, comisario muy cercano a Villarejo. El CITCO depende directamente de la Secretaría de Estado de Interior y –según los investigadores- bajo la dirección de Olivera fue muy útil para que Villarejo llevara a cabo sus actividades al margen de la Policía. Desde la torre Picasso, donde tenían la sede sus principales empresas, recibía información sobre los casos en los que estaban implicados sus clientes, relacionados con casos investigados en el CITCO, según los indicios que maneja la Fiscalía.
Tres. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF): pertenece a la Comisaría General de la Policía Judicial y fue creada en 2005, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba era ministro del Interior. El primer comisario jefe también fue, casualmente, Olivera, que había conocido a Villarejo en la década de los noventa. Según los datos que manejan los fiscales, el ex comisario tuvo acceso a un buen número de investigaciones de la UDEF que luego ha utilizado para extorsionar a quien le interesara. Aunque Olivera abandonó la unidad en 2015 para pasar al CITCO, las fuentes consultadas aseguran que colocó a agentes afines a él y a Villarejo en puestos claves de la brigada para asegurarse que el canal de información continuara abierto. Este confidencial ha podido saber que la Fiscalía no descarta que también colaborara el ex director de Infraestructuras de Interior bajo mandato de Rubalcaba, Luis Luengo, próximo al ex comisario.
Cuatro. Los directores adjuntos operativos (DAO): la aparición del entonces DAO Miguel Ángel Fernández Chico en los audios de la comida de Villarejo con Delgado y Garzón no ha sorprendido especialmente en entornos policiales. Según ha recabado ECD, la amistad entre el alto mando policial y el ex comisario era vox populi. Al parecer, no sólo Fernández Chico tuvo relación con Villarejo, sino también otros ex DAO.La Fiscalía sospecha que el policía pudo haber aprovechado su estrecha relación con Fernández Chico, fallecido en 2012, para intentar influir en su sucesor, el comisario Eugenio Pino, quien precisamente ha protagonizado un escándalo por la aparición de un pen-drive con datos de los Pujol de desconocida procedencia.
Cinco. Departamentos de seguridad de la gran banca: es el último eslabón de la cadena que Villarejo ha intentado tener bajo control, según sospecha el Ministerio Público. Lo ha hecho asegurando que los jefes de seguridad de los bancos más importantes estuvieran vinculados a él, de forma más o menos cercana. Las fuentes consultadas apuntan tres nombres propios: el ya citado Luis Luengo, que al parecer posee contactos en varias entidades; Miguel Ángel Rancaño y Gabriel Fuentes. Los tres son ex miembros de la Policía y están implicados en el caso Interligare, una empresa de inteligencia que fue contratada por el Ministerio del Interior de Rubalcaba pero que nunca prestó servicio alguno. En cambio, sus tres directivos sí que cobraron miles de euros. Pues bien. Rancaño es a día de hoy jefe del departamento de seguridad de CaixaBank. Fuentes forma parte de un gabinete de inteligencia cuyo propietario es el magnate mexicano Carlos Slim. Este gabinete está especializado en sistemas de seguridad para bancos y tiene relación con numerosas entidades españolas, según datos en poder de la fiscalía. Rancaño y Fuentes también son cercanos a Villarejo, al igual que Luengo. De hecho, Fuentes fue uno de los comensales del almuerzo de 2009 entre Villarejo, Delgado y Garzón en el restaurante Rianxo. El ex comisario, según las investigaciones, se habría valido de estos tres contactos en el sector bancario para obtener información relevante.
