En los últimos tres años, las autoridades españolas han realizado al menos 220 vuelos en aviones oficiales. Y les han acompañado 1.400 pasajeros (en realidad, unos 500, pues muchos han repetido viaje), Así figura en el listado que, al amparo de la Ley de Transparencia y después de que la Audiencia Nacional obligara a hacerlo público, ha entregado el Ejército del Aire a EL PAÍS. Por vez primera, se conoce la identidad de los usuarios del Grupo 45, la unidad militar dedicada al traslado de autoridades y dotada con dos Airbus 310 (el Air Force One español) y cinco Falcon 900 (similares a los jets privados).
No hay ninguna norma que diga quién puede subir a bordo. La única regulación es una Instrucción General del Ejército del Aire, actualizada en septiembre de 2011, que señala las autoridades que pueden utilizarlos: Rey, jefe del Gobierno, vicepresidente, ministros y algún secretario de Estado, además de los presidentes de Congreso y Senado.
Cada ministro o alto cargo decide quién le acompaña en cada vuelo. El Ejército del Aire se limita a asignar el aparato en función de su disponibilidad y jerarquía de prioridades. Y recibe un listado de pasajeros que, a juzgar por la respuesta oficial, cambia con frecuencia a última hora.
Los ministerios de Asuntos Exteriores, Economía y Defensa son los que más han usado los aviones oficiales, siguiéndoles a gran distancia la Vicepresidencia del Gobierno y el departamento de Agricultura. Entre los pasajeros de esta selecta flota figuran ministros, altos cargos, funcionarios (sobre todo, militares y diplomáticos), periodistas que cubren informativamente los viajes, empresarios que acuden a foros económicos internacionales, diputados y senadores y también líderes extranjeros (como el enviado de la ONU para el Sahara).
El capítulo más espinoso es el de cónyuges y familiares de los responsables políticos. Los dos ministros de Exteriores del Gobierno Rajoy, José Manuel García Margallo y Alfonso Dastis, han viajado en ocasiones con sus esposas. Su presencia se justificaba alegando que el viaje incluía alguna cena oficial con pareja.
También el marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, viajó en el avión oficial que la llevó en junio pasado a Australia, aunque su nombre no figura en la información facilitada por el Ejército del Aire. Fuentes de Defensa aseguran que ello se debe a que la lista se ha elaborado a partir de documentos manuscritos, por lo que presenta numerosas carencias.
De su lado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, acudieron con sus cónyuges a la toma de posesión del cardenal Carlos Osoro, en Roma en noviembre de 2016, precedida de una cena oficial en la embajada española.
Más allá de los cónyuges, la hija de Dastis también usó una vez el avión oficial. Fue en noviembre de 2016. Lucía Dastis, residente en Bruselas, viajo a Madrid en vuelo comercial, y regresó en el Falcon con su padre. Fuentes de Exteriores explican que la hija del ministro quería asistir a la despedida que el personal de la Embajada ante la UE ofreció a este último y que su presencia en el avión oficial no supuso ningún extracoste.
El uso de estos aviones fue motivo de polémica durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, quien no solo los empleó para acudir a actos oficiales sino también a mítines del PSOE. “El presidente lo es todos los días y a todas horas”, alegó entonces el Gobierno socialista. El PP exigió que la factura se pasara al cobro a Ferraz.
Ahora no es posible saber si Rajoy usa avión oficial en desplazamientos privados. El Gobierno ha clasificado como secretos todos los vuelos del presidente, incluso cuando le acompañan periodistas. Por eso no figuran en el listado del Ejército del Aire. Ni siquiera se informa del número de viajes porque supondría, según el Gobierno, “proporcionar datos estadísticos que forman parte intrínseca de la información que se ha clasificado”. Respecto a los vuelos del Rey, la respuesta se remite a la agenda del Monarca y al séquito de altos cargos de su casa que suelen acompañarle.
Además, el listado (al que puede accederse al final de este artículo) solo incluye los viajes posteriores al 10 de diciembre de 2014, cuando entró en vigor la Ley de Transparencia; y se ha entregado en bruto, sin especificar fecha, origen o destino de cada vuelo; con el argumento de que la ley obliga a dar la información disponible, pero no a reelaborarla o recopilarla.
El Ejército del Aire se ha limitado a entregar las listas que le presentaron los organismos a los que prestó el servicio, pero sin acreditar si son todos los que están ni si están todos los que son. EL PAÍS ha podido comprobar que ninguna de las dos cosas, pues figuran pasajeros que no llegaron a viajar (como el exdirector de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa) y faltan otros que sí lo hicieron.
Una regulación de los aviones de Estado aclararía quién puede volar en ellos y en qué circunstancias. Aunque lo más disuasorio ante posibles abusos es saber que, a partir de ahora, la identidad de los pasajeros será de dominio público.
