El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena envía más argumentos al tribunal de Schleswig-Holstein que debe resolver sobre la petición de entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont. El magistrado remitió el pasado lunes a Alemania un archivo informático de 38 megabytes con los miles de documentos que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro había recopilado sobre la malversación de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1-O. Los jueces alemanes han retrasado su decisión sobre la euroorden para estudiar la voluminosa información.
La documentación ahora remitida es continuación del escrito que el juez Llarena hizo llegar a la Fiscalía de Schleswig-Holstein el 23 de abril, en el que comunicaba a las autoridades alemanas que había pedido al entonces ministro de Hacienda que le aclarase sus polémicas declaraciones a El Mundo en las que ponía en duda que la consulta ilegal hubiese sido financiada con fondos públicos. Aquellas palabras hacían tambalearse la acusación de malversación, uno de los dos delitos, junto al de rebelión, por los que España reclama a Alemania la entrega del fugado Carles Puigdemont.
Montoro respondió al magistrado español el 30 de abril para matizar sus palabras. El exministro detallaba en su escrito los nueve escritos que su departamento presentó entre el 14 de febrero de 2017 y el 7 de febrero de este año ante el Fiscal General del Estado y el Tribunal de Cuentas para denunciar el supuesto desvío de fondos públicos para financiar la consulta ilegal. Todo ello, acompañado de abundante documentación.
A petición de la defensa de Puigdemont, el tribunal alemán reclamó a mediados de junio a Llarena aquella carta. El magistrado ha respondido ahora remitiendo tanto el escrito como la voluminosa documentación —miles de folios en un archivo informático de 38 megabytes— que envió Montoro. El magistrado también ha incorporado el escrito que envió en abril a la fiscalía germana y en el que insistía en “la fuerza de los indicios” que la investigación judicial había recabado hasta aquel momento para sostener la acusación por un delito de malversación de caudales.
Llarena hacía en el mismo un resumen de los indicios recabados sobre el pago o “la obligación de pago asumida” por la Generalitat para abonar la campaña publicitaria del referéndum, el reparto postal de la documentación electoral, la compra de sobres y cartelería, y los gastos ocasionados por la estancia en Cataluña durante la jornada del 1 de octubre de observadores internacionales.
Todo ello llegó al tribunal de Schleswig-Holstein el pasado lunes, al límite del plazo de 90 días que tenían los magistrados alemanes para resolver sobre la petición de entrega a España de Puigdemont. Por ello, estos comunicaron a Eurojust —el organismo de cooperación judicial que tramita las euroorden— que no le iba a ser posible resolver en ese plazo por la “complejidad” de la causa, incrementada por los miles de folios recibidos.
FUENTE: ELPAIS
