Susana Díaz alcanzó la Presidencia de la Junta de Andalucía en septiembre de 2013, tras la renuncia de José Antonio Griñán, acorralado por el escándalo de los ERE, un caso que finalmente lo ha sentado en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos, toda la cúpula del Ejecutivo andaluz socialista que gobernó la comunidad durante una década. En aquel discurso de investidura, Díaz proclamó: «Me avergüenza la corrupción y me propongo combatirla».

Tras las elecciones autonómicas de marzo de 2015, Susana Díaz se erigió de nuevo en adalid de la lucha contra la corrupción y en su discurso de investidura en mayo de ese año propuso a los partidos un gran acuerdo para combatirla. Sin embargo, el día a día de lo que está ocurriendo en los juzgados andaluces que investigan casos de corrupción que salpican al Gobierno andaluz entra en contradicción con las palabras de la presidenta de la Junta.

El caso UGT, que instruye el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla desde hace cinco años, es un claro ejemplo de ello, ya que esta investigación judicial lleva más de dos años paralizada por culpa de una pericial que debe hacer un funcionario de la Junta.

Las reticencias del Gobierno andaluz a la hora de facilitar documentación requerida por jueces como Mercedes Alaya, en el caso de los ERE, o la Guardia Civil, en el fraude de la formación, denotan también que la lucha contra la corrupción que pregona Susana Díaz no se corresponde con la realidad.

La trama de UGT-A

Este asunto, en el que hay una veintena de imputados, aguarda que un perito que trabaja en la Junta dictamine la cuantía presuntamente malversada por el sindicato con las subvenciones para cursos y otras materias que le otorgó la Junta entre 2009 y 2013, periodo en el que al frente de UGT-A estuvieron Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Éste último se vio forzado a dimitir en pleno escándalo y tras permanecer sólo seis meses en el cargo.

El perito, que es interventor en la Junta, acaba de emitir un primer borrador en el que certifica un desvío de subvenciones de, al menos, 5,3 millones de euros, como viene informando EL MUNDO. Pero la pericial todavía no está completa, ya que solamente ha analizado 11 de los 32 expedientes de ayudas bajo sospecha. Y no lo ha hecho porque no ha tenido tiempo suficiente, a pesar de que aceptó el encargo del juez el 21 de mayo de 2015.

En el borrador, el perito Luis Ayala advierte que «no ha tenido dedicación exclusiva» para hacer la pericial, ya que ha debido compaginar «su labor diaria de responsable de una intervención, primero como interventor provincial de Sevilla, y después como interventor delegado en la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad». No es el único inconveniente, ya que tampoco ha contado con la ayuda de otro «perito auditor» que «desde el primer momento se consideró necesario». Hasta tres expertos han renunciado a auxiliarle.

Nombrados ‘a dedo’

La propia Administración andaluza cuenta, además, con la facultad de nombrar ‘a dedo’ a los peritos que auxilian a los juzgados, incluso en las investigaciones de corrupción que puedan afectarle. Así se recoge en un polémico decreto del Gobierno de Susana Díaz del pasado 16 de enero.

Cuando el Consejo Consultivo emitió su dictamen sobre este decreto, el entonces consejero de este ente a propuesta del PP Francisco Gutiérrez alertó en un voto particular de que la «independencia» de las periciales y la «imparcialidad» de los órganos judiciales pueden «quedar francamente en entredicho» con el sistema ideado por la Consejería de Justicia e Interior, por cuanto la Administración tendrá en su mano la posibilidad de nombrar a la persona que «más convenga» a sus intereses.

«Será la Administración de la Junta de Andalucía la que realice, por ejemplo, con propio personal o mediante contratación externa, no sólo los informes periciales que quiera aportar ‘motu proprio’ y en defensa de sus intereses como parte en el procedimiento, sino también aquellos otros con los que quiera contar el órgano judicial para fundamentar su sentencia», advierte Gutiérrez. Este consejero cayó fulminado pocos días después de emitir este voto particular en una remodelación del Consejo Consultivo impulsada por Susana Díaz.

Las periciales son clave en las investigaciones judiciales. En el caso de los ERE, por ejemplo, fueron los interventores de la Administración General del Estado los que documentaron en un voluminoso informe el fraude con las ayudas sociolaborales del Gobierno andaluz. Con el decreto que aprobó en enero la Junta, ya no habrá funcionarios del Estado ni de otras comunidades haciendo de peritos en los juzgados andaluces.

Los errores de la Junta

El caso UGT es paradigmático del conflicto de intereses que surge en la Administración autonómica a la hora de combatir la corrupción. Cuando estalló el escándalo y salió a la luz que la federación andaluza de UGT estaba financiándose de forma irregular con subvenciones, el Gobierno andaluz inició un proceso de revisión de las ayudas que terminó con la apertura de varios expedientes de reintegro.

Como informó este diario en mayo de 2017, el Ejecutivo andaluz está reclamando a la federación andaluza de UGT, que lidera la secretaria general Carmen Castilla, que devuelva más de 15 millones de euros en subvenciones que no destinó a los fines previstos a través de un procedimiento erróneo, que podría dar al traste con la recuperación del dinero público desviado. En vez de abrir expedientes de reintegro, como ha hecho, para recuperar al menos 27 subvenciones que suman cantidades millonarias y superiores a los 15 millones, tenía que haber iniciado procedimientos de «revisión de oficio», idénticos a los que la Administración andaluza están tramitando para recuperar el dinero presuntamente defraudado a través de los ERE irregulares.

Es lo que se desprende de una sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que da la razón a UGT-A, al exonerarlo de devolver los 1.061.063,13 euros que le reclamaba la Junta por las irregularidades detectadas en el plan Orienta del año 2009, subvencionado con 5,7 millones de euros.

Se trata de uno de los múltiples pleitos en los que se enfrentan UGT y la Junta, después de que EL MUNDO y otros medios destaparan la presunta trama de las facturas falsas y los desvíos de subvenciones, que terminaron costeando comilonas en la feria de Sevilla y los 700 maletines fabricados en Asia que el sindicato repartió entre los asistentes a uno de sus congresos regionales.

 

 

FUENTE: ELMUNDO