Las contradicciones de la Fiscalía ponen en peligro las investigaciones de la ‘Púnica’

Consciente de este posible efecto dominó, el propio fiscal del Supremo ya anunciaba en su escrito en el que pedía el archivo de la causa contra Barreiro la posibilidad de que la decisión de la magistrada Ana María Ferrer no tuviera que influir en las demás investigaciones seguidas en el marco de la denominada «Operación Púnica».

Un deseo que no es compartido por las defensas de los imputados, que están a la espera de que el Supremo, órgano judicial jerárquico de la Audiencia Nacional, cierre la investigación contra Barreiro, algo que les daría munición ya que los hechos por los que se le achacan a la senadora murciana guardan amplias similitudes con otras piezas separadas de la trama liderada por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados.

Cuatro piezas separadas

En la mencionada operación ‘Púnica’ se siguen cuatro procedimientos en los que políticos de otras tantas Comunidades Autónomas están imputados por utilizar fondos públicos para mejorar su reputación en internet.

Se trata de las piezas separadas de Murcia, León, Valencia (Gandía) y Madrid, tal y como explica la exposición razonada de la senadora Pilar Barreiro firmada por las fiscales de Anticorrupción, Carmen María García Cerdá y Teresa Gálvez Díez.

En los otros tres casos, Anticorrupción ve un mismo patrón de actuación que en Murcia de lo que denomina el «tándem Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa».

La Fiscalía Anticorrupción basa sus análisis en las grabaciones telefónicas, que según las fiscales permitieron conocer cómo Alejandro de Pedro y su socio José Antonio Alonso Conesa, «se infiltraban en las administraciones autonómicas y locales (Murcia, Madrid, Valencia, León) obteniendo indiciariamente, contratos menores en fraude de ley para dar cobertura a la prestación de los servicios de reputación ‘on line’ personales por la sociedad EICO en favor de los cargos públicos situados al frente de las mismas».

Región de Murcia

De esta forma, los hechos detectados en el Ayuntamiento de Cartagena y en la Consejería de Educación de la Región de Murcia, explican las fiscales, se repitieron en otras administraciones locales y autonómicas que son objeto de investigación en otras piezas de la causa además de la murciana: León, Valencia (Gandía) y Madrid.

En estos otros casos, completan las fiscales, los imputados De Pedro y Alonso Conesa también utilizaron sus influencias políticas para acceder a los gestores de las mismas: «En todas ellas Alejandro de Pedro se valió de la empresa Madiva con sus diarios y ‘banners’ (publicidades) de cobertura, pese a que los trabajos de reputación ocultados los realizaba la sociedad EICO», concluyen.

Las fiscales Carmen María García Cerdá y Teresa Gálvez Díez consideran, por tanto, que los trabajos de reputación personal de Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez no debían ser soportados por los caudales públicos, ya que no satisfacían «una necesidad pública».

Así, las fiscales de Anticorrupción creen probado que Barreiro, «ante las noticias negativas» de su presunta implicación en el caso de corrupción denominado ‘Novo Carthago‘, «se valió de su estrecha amistad con José Antonio Alonso Conesa […] para entrar en contacto con Alejandro de Pedro, con la finalidad de que la empresa de dicho investigado le realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las redes sociales».

Pedro Antonio Sánchez

Y estos trabajos se hicieron, siempre según las conclusiones de Anticorrupción, gracias a los presupuestos del propio Ayuntamiento dirigido por Barreiro, pero también con los de la Consejería de Educación, que entonces encabezaba Pedro Antonio Sánchez, que meses después consiguió ser presidente de la Región de Murcia, cargo del que tuvo que dimitir tras ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por los mismos hechos por los que la Fiscalía del Supremo quiere exonerar ahora a Barreiro.

El interés por parte de Barreiro, prosiguen las fiscales, de que se difundiese una imagen positiva suya en internet, «fue aprovechado por Alejandro de Pedro y por José Antonio Alonso Conesa para elaborar concordadamente con la misma un plan criminal (concierto) que permitiría que la mercantil EICO trabajase de manera confidencial la reputación de Pilar Barreiro, costeando el erario público los trabajos personales de la alcaldesa, a través de la contratación pública de servicios» con otra de las empresas de la trama, además de la creación de un diario digital.

Por todo ello, las fiscales de Anticorrupción concluyeron en su exposición razonada al Supremo que existían «indicios sólidos y datos objetivos» que demostraban la existencia de dos conciertos en pro de la realización de trabajos personales «confidenciales» a Pilar Barreiro, que perseguirían posicionarla entre los primeros puestos en buscadores de internet, «siempre reflejando una imagen que le fuese favorable, algo que evidenciaba el carácter personal y no institucional del servicio».

Opinión contraria

Por el contrario, el fiscal del Supremo Fernando Sequeros Sazatornil consideró en el escrito en el que pedía el archivo de la acusación contra Barreiro, tras declarar la senadora murciana en enero en el Alto Tribunal, que la creación de un periódico digital financiado por el Ayuntamiento de Cartagena, con la senadora de alcaldesa, así como la mejora de su imagen personal en internet a cargo del dinero público, «podría ubicarse perfectamente, sin desbordarlo, en el ámbito de la promoción, defensa y comunicación de las políticas públicas de interés general».

Fernando Sequeros Sazatornil, concluyó que de la actuación de Barreiro no se desprende que participara en hechos objetivos penalmente relevantes: «No se detectan, en contra del parecer del magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, [Eloy Velasco], la existencia de indicios de responsabilidad suficientes que conlleven la necesidad de dirigir el procedimiento contra la aforada. Tampoco se han consolidado los principios de prueba que deberían dar vigor a las sospechas de corrupción contra ella», completó el fiscal del Supremo.

Además, el fiscal del Supremo asegura, también de forma contraria a sus colegas de Anticorrupción, que no hay datos incriminatorios que puedan revelar que Barreiro participó en la elaboración de un «plan criminal«, para que el gasto personal de los trabajos de reputación anteriormente referidos, a efectuar por la sociedad EICO, fuera asumido por la Consejería de Educación de la Región de Murcia, a través de la adjudicación de un contrato de coberdura con el objeto simulado de formación.

Y como prueba de esta supuesta ausencia de pruebas, el fiscal destacó que no existía «documento alguno» que permitiera confirmar esa hipótesis. «Y en cualquier caso, porque la asunción de los gastos debería haber corrido, contrariamente, a cargo del Partido Popular de Cartagena, conforme a lo afirmado por la investigada y confirmado por el presidente de aquel, Francisco Celdrán Vidal, en su declaración ante la magistrada», asegura Sequeros Sazatornil.

Declaración al Supremo

La petición de archivo de la Fiscalía del Supremo se conoció días antes de que la exjefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, reconociera en una declaración que varios de los consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid se pagaban la mejora en internet de su imagen con «chiringuitos» públicos.

Y por eso este testimonio de Gallego, en el que explica cómo actuaban los cargos públicos tras contratar al informático de la trama, ha sido enviado, tras reclamarlo la Fiscalía Anticorrupción, por el juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, a la causa contra la senadora murciana.

Barreiro, que como senadora está aforada en el Tribunal Supremo, fue objeto de una exposición razonada del magistrado Eloy Velasco, que antes de abandonar su puesto de titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional pidió su imputación en el Alto Tribunal.

Velasco tomó esa decisión, con el apoyo de las fiscales de Anticorrupción, y después de que enviara a juicio a la denominada pieza separada de la Púnica murciana, aunque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al nuevo juez del caso, Manuel García-Castellón a reabrir el procedimiento, según adelantó el diario La Verdad.

Entre los imputados en esta pieza murciana se encuentra el expresidente de esta Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez, que al dejar de ser diputado autonómico en la Asamblea de Cartagena ya no está aforado, por lo que su caso se investiga junto al resto de investigados de la Región de Murcia en la Audiencia Nacional.