Además, ese mismo año recibieron otros fondos extraordinarios por el cierre del sistema de 2007, que fueron extremadamente generosos. El retraso de dos años para asignar los recursos definitivos del sistema es de las principales críticas del actual modelo de financiación. A las autonomías se les asigna cada año una cantidad de dinero que se corresponde con el 98% de la previsión de recaudación de los impuestos cedidos (el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales), que será liquidada dos años más tarde, cuando el Estado cierra oficialmente el presupuesto de ese ejercicio. Así, dos años después de entregar el dinero de un ejercicio, el Estado hace cuentas con las comunidades y les asigna más recursos si se quedó corto en sus previsiones o les reclama dinero si se excedió en sus pronósticos. En los años de bonanza, las autonomías suelen recibir más dinero de lo previsto y en los de crisis, menos. El problema llega cuando hay un cambio de ciclo. Entonces el retraso de dos años en el cierre definitivo del sistema deja a las autonomías sin margen de actuación.
Junto a la gran aportación que realizará el sistema de financiación en 2019 —unos 108.058 millones—, los barones regionales también ven cómo se recupera poco a poco la recaudación de sus ingresos propios. Sobre todo los impuestos vinculados al ladrillo, como el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados. La actividad inmobiliaria recupera impulso en los últimos trimestres. Cada vez se venden más casas y las grúas vuelven poco a poco a las ciudades. Eso repercute favorablemente en las arcas regionales, que esperan arañar unos 8.814 millones por esta figura impositiva, que se paga al comprar una vivienda. Y aunque aún suponen la mitad de la cosecha de 2006, cuando este tributo aportó 18.571 millones, cada año desde 2015 mejora cerca de un 10% respecto al año precedente.
Aumento de costes
A pesar de esta lluvia de dinero, las comunidades seguirán sufriendo apuros económicos. Por un lado, las grandes infraestructuras construidas durante los años de expansión elevaron sus costes fijos. Así, por ejemplo, la construcción sin una planificación económica de ocho hospitales en Madrid entre 2007 y 2011 ha disparado el gasto sanitario en la región. Por otra parte, las comunidades prestan servicios públicos muy costosos y con tendencia a aumentar, como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia. Los avances tecnológicos continuos en el sector sanitario y las innovaciones farmacéuticas encarecen los servicios. Además, el hecho de que España sea un país cada vez más envejecido hace que el coste sanitario sea mayor. Y por último, la mejora de la atención sanitaria hace que se eleve también el gasto porque hay más enfermos crónicos que antes no podían seguir adelante.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el organismo que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas, ha advertido en varias ocasiones del aumento del gasto sanitario. Calcula que crecerá cerca del 5% anual debido al envejecimiento de la población española.
Hay varios indicadores que revelan las dificultades financieras que aún mantienen las autonomías. Por un lado, tienen 35.000 empleados públicos menos que en 2012, cuando empezaron a tomarse en serio los ajustes presupuestarios. Por otro, el dinero que destinan a la inversión pública sigue muy lejos de lo alcanzado en 2007, cuando prometían infraestructuras sin reparar en el gasto.
