«Hemos conseguido reformas que dan un giro en la política económica y social del Gobierno», afirmó este lunes Albert Rivera durante la rueda de prensa en la que anunciaba que, tras el acuerdo con el PP, su formación avalará los Presupuestos Generales del Estado. Otra frase de Rivera que se hizo polémica. Por parte de la derecha porque Cristóbal Montoro negó esto alegando que las «aportaciones» de Cs se limitaban al apoyo de las cuentas. De la izquierda porque afirman que las reformas pactadas no contribuyen a la lucha contra la desigualdad.
Las medidas que anunciaron van desde el complemento salarial juvenil a una bajada del IRPF o subida de las pensiones mínimas y de viudedad. Sin embargo, partidos y expertos defienden que estas no son suficientes para enfrentar la crisis de nuestro modelo económico y social. De hecho, economistas como Eduardo Garzón afirman que «son guiños para revertir un presupuesto que consolida los recortes implementados desde 2010». Y los partidos de la oposición, Izquierda Unida, Podemos y PSOE ya han dejado claro su rotundo rechazo, a pesar de que todavía no se han conocido todos los detalles de los presupuestos.
Una rebaja del IRPF que ‘olvida’ a los más pobres
Las futuras cuentas del Estado plantean elevar el mínimo exento de IRPF de 12.000 a 14.000 euros y aumentar la reducción por rendimientos del trabajo de los 14.000 a 17.000 euros. También establecen nuevas deducciones en el IRPF para personas que cuiden de ascendientes mayores de 75 años o de un cónyuge con discapacidad (1.200 euros al año).
Una medida que, aunque de primeras es positiva, plantea varias objeciones. Eduardo Garzón explica a Público que esta medida se olvida de los que menos tienen. «Sólo se puede reducir impuestos a la gente que gana dinero, pero no beneficia a la gente que no tiene ningún tipo de ingreso». En España sigue habiendo una tasa de desempleo del 16,3%. Parados que no tienen ningún ingreso y que son quienes están en los mayores niveles de pobreza. Por esto, Garzón expone que «si se proponen políticas como rentas garantizadas logras que la gente que no tenga dinero también se beneficie». Además que, como señala el economista, «cualquier persona que se vea beneficiada con esa reducción es tan pequeña que no le va a afectar prácticamente nada».
Por otra parte, el economista José Carlos Díez aclara que «a diferencia de 2015 esta vez la bajada de IRPF beneficia a las rentas bajas». Sin embargo, apunta que el otro problema deriva de que esto «reducirá los ingresos de las Comunidades Autónomas, por lo que sin cambios en la financiación autonómica drena recursos para la educación la sanidad y la dependencia».
Una subida de pensiones «claramente insuficiente»
De «tomadura de pelo a los pensionistas» ha señalado Irene Montero esta mañana la subida de las pensiones que ha anunciado el Gobierno. «Esas medidas son insuficientes. La bajada fiscal de IRPF sólo afectarían a un tercio de los pensionistas y, la subida al 2% o 3%, cuando las pensiones no contributivas están en una media de 360 euros y las de viudedad por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, sigue siendo una miseria. Nos vamos a alegrar de cualquier mejora, pero no es suficiente porque hay que garantizar que ninguna pensión esté por debajo del umbral de la pobreza ni por debajo del SMI que ya es bastante bajo», ha denunciado esta mañana Montero después de la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En esta línea, el responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Sánchez Mato, tacha de «vergonzoso» que el equipo económico de Rajoy «pueda incluir como ‘medida estrella'» esta subida cuando cuando ya se habían comprometido a ello en la reforma de las pensiones de 2011 y nunca lo llegaron a aplicar. «Han incumplido esto durante siete años y ahora lo presentan como un logro, cuando es una medida claramente insuficiente».
El complemento juvenil que mantiene la precariedad
El complemento salarial naranja pactado por Cs y PP es otra de las medidas anunciadas que destina 430 euros al mes a jóvenes menores de 30 años durante un máximo de 18 mensualidades «con el fin de mitigar los efectos que se están produciendo de la mala calidad de sus trabajos dentro del mercado laboral». Ya el año pasado se negoció esta medida en los presupuestos estableciendo que se financiarían a través del dinero de la Unión Europea.
Sin embargo, la Comisión Europea no dio luz verde a este gasto. Díez afirma que «los programas europeos son aprobados por el parlamento y auditados». Por tanto, «si el programa es para políticas activas de empleo Juvenil no se puede usar para dar subsidios a los salarios bajos con créditos fiscales negativos» y apostilla que «en 2017 incumplieron la promesa del complemento Juvenil y en 2018 lo harán de nuevo».
Además, Garzón alega que se basa en un «entramado jurídico que no está claro». Para el economista la cantidad vuelve a ser insuficiente y plantea que la medida también contempla que una parte del dinero va destinada a las empresas. Empresas que son las que mantienen estos salarios precarios. «Lo que hay que hacer es perseguir a esos empresarios que hacen fraude de ley, contratando a tiempo parcial cuando deberían hacerlo a tiempo competo y el resto de políticas que mantienen la precariedad. Lo importante es incentivar la capacidad económica para que puedan remunerar con salarios dignos. La solución es asegurarse que los empresarios contraten bien, estimulando el gasto público y la inversión económica», afirma.
Un techo de gasto inferior al de los inicios de la crisis
El pasado julio se aprobó el techo de gasto durante el Pleno del Congreso de los Diputados que marcaba los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el trienio 2018-2020. El límite de gasto no financiero se marcó en los 199.834 € (subió un 1,3%) y su aprobación ya conllevaba la rebaja del IRPF para las rentas más bajas pactada con Ciudadanos.
Pero, aunque subió, como explica Garzón se mantiene «un tercio inferior al nivel de 2010». Este año, marcado por el inicio de la crisis el techo de gasto estuvo en 182.000 millones de euros. Ahora nuestra cifra es de 62.000 millones inferior a la de entonces cuando comenzaron las políticas de austeridad. Incluso es menor que la del año 2013, peor año de la crisis, marcado en 126,792 millones. Y, otro dato que aporta el economista, es que en este gasto público estamos cinco puntos porcentuales menos que la media europea.
Por esto, Garzón explica que no valen de nada las reformas si la inversión pública es tan inferior. Recuerda a principios de la crisis cuando el Gobierno anunció estas medidas: «Dijeron que iban a ser temporales, que son recortes para apretarse el cinturón, pero a pesar de que el PIB ha aumentado, el gasto público no«. «Los pocos gastos que incrementan son por la presión política económica y social como ocurre con las pensiones y los salarios de los funcionarios. La linea estratégica va más por reducir impuestos que aumentar gasto público. Y se repite el problema, sólo puedes reducir impuestos a gente que gana dinero, pero esto no beneficia a gente que no tiene ningún tipo de ingreso. En vez de reducir impuestos a gente con niños, como plantea otra de las medidas, lo que habría que hacer es incrementar el servicio de gasto infantil porque así permites que todo el mundo tenga acceso».
Por esto, insiste en que el gasto público es la clave para unos presupuestos que favorezcan la igualdad: «Se ayuda con inversión publica, creando empleo que va a ayudar luego a todos los trabajadores porque el problema es que hay mucho desempleo y esto es lo que permite la precariedad. Habiendo tantas personas buscando trabajo, no tienes capacidad de negociación, por lo que se aceptan condiciones precarias. Si tuviéramos más trabajo no habría que ayudar con estas ‘migajas’ porque ya tendríamos unos ingresos dignos»..
El gasto social sólo crece un 1,1%
El PSOE también se ha plantado ante los presupuestos. El Secretario de Área de Política Económica y Empleo, Manuel Escudero Zamora, ha señalado que en el cuadro macroeconómico el planteamiento del crecimiento de la economía es de un 2,7 en términos reales, mientras que el gasto social va a crecer en un 1,1%, «prácticamente tres veces menos». «Esto consagra lo que ya sabíamos y es que el gobierno de PP está empeñado en que el gasto público se vaya reduciendo en términos del PIB hasta que sea el 38% de nuestra economía como ya han señalado en su plan de estabilidad», ha afirmado Escudero.
En este sentido, el plan del Gobierno presentado a Bruselas evidencia esta realidad: en 2016, España se invirtió el 16,9% de su PIB en protección social. En 2020, según la previsión incluida en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, se gastará sólo el 15,9% del PIB. Lo mismo ocurre con las políticas de salud, a las que el Estado destinó en 2016 el 6,1% del PIB y en 2020 sólo el 5,6%; con la educación, cuyo que pasará del 4% del PIB en 2016 al 3,7% en 2020. De hecho, la mayor partida a la que se destina la inversión del gasto social es a las pensiones. Pero como ya se ha visto, es insuficiente porque las pensiones siguen estando por niveles más bajos que el IPC. E igual de insuficientes son el resto de partidas del gasto social teniendo en cuenta los problemas en sanidad, educación y vivienda que crearon las políticas de austeridad y que siguen estando presentes.
