“¡No nos haga un Montoro!”. El aviso de Joan Baldoví a Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso se producía veinte días después de su toma de posesión como presidente del Gobierno en junio del 2018. El líder del PSOE se había empleado a fondo desde la oposición contra Mariano Rajoy por no actualizar el sistema de financiación caducado desde el 2014. Con Sánchez en la Moncloa la historia se repitió y la reforma se enterró bajo argumentarios electorales, hasta que esta semana se convirtió, de nuevo, en promesa probablemente electoral.

Los gobiernos de las comunidades autónomas ya no están para promesas. El aumento de la recaudación apaciguó las demandas pero ahora vuelve la sensación de asfixia así que más que un proceso de reforma de la financiación lo que urgen las autonomías es desbloquear recursos como los 2.500 millones de euros que les corresponden por el IVA de diciembre del 2017. Ahí coinciden los gobiernos autonómicos del PP, del PSOE y hasta el ejecutivo independentista de Catalunya. La Generalitat ya ha puesto en marcha medidas de contención del gasto para este ejercicio que se verían aligeradas si se traspasaran los 480 millones que corresponde a Catalunya por ese concepto.

La demanda reiterada por presidentes y consejeros de economía de diferentes comunidades ante la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, siempre recibe la misma respuesta, según diferentes consejeros. El Gobierno no acaba de dar con la fórmula que permita distribuir esos fondos sin presupuestos generales del Estado y estando en funciones.

DESDE LA OPOSICIÓN

Los populares esgrimen como ejemplo el decreto ley para aprobar el techo de gasto que sacó adelante Rajoy estando en funciones

El propio Sánchez cerró la puerta el miércoles después del despacho con el Rey en Mallorca –Baleares, con Gobierno socialista, reclama 117 millones por el IVA–. “No se puede”. “Mientras estemos en funciones y mientras no tengamos un Gobierno en plenas competencias no es legalmente posible plantear ninguna fórmula compensatoria”. Según Montero, el Gobierno tenía “casi convencida” a la Abogacía del Estado de la posibilidad de articular un mecanismo que permitiría actualizar las entregas a cuenta –7.000 millones extras– mediante decreto ley sin haber presupuestos. Sin embargo, ahora sostiene que no es posible estando en funciones. Entre el IVA y la actualización de las entregas a cuenta, la financiación de las autonomías tiene ya un agujero de 9.500 millones.

Para el PP, sí que hay salida. Los populares esgrimen como ejemplo el decreto ley para aprobar el techo de gasto que sacó adelante Rajoy estando en funciones y se ofrecen a “estudiar y favorecer” su convalidación para liberar recursos y que vaya a gasto social. Pero el Gobierno socialista quiere más y considera que el problema de la financiación es un “efecto secundario” de no tener gobierno, por lo que instan a los presidentes del PP a pedir que su partido se abstenga en la investidura. La misma solución se ofrece desde Hacienda para liberar el denominado “mes 13 del IVA”: “Si en el PP quieren ser coherentes, que faciliten la formación de gobierno”.

Rajoy aparcó el reto de reformar el sistema de financiación porque en plena crisis “no había pastel para repartir” y, después, porque los barones populares se resistían a abrir un melón que los enfrentaría con unas elecciones en el horizonte. Lo que llegó fue una moción de censura y Sánchez aplazando de nuevo la reforma a otra legislatura. La situación política en Catalunya, las elecciones y la debilidad parlamentaria del PSOE eran el motivo.

Sánchez se compromete ahora a activar los mecanismos para afrontar la actualización del sistema en el primer año de legislatura, aunque en Hacienda no son tan optimistas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera no se reúne desde julio del año pasado y el grupo técnico no pasó de la sesión constitutiva. Lo que esgrime el ministerio es la “voluntad” de Sánchez, pero sin establecer plazos ante la dificultad de alinear a comunidades y partidos en el Congreso. Los criterios tampoco están claros. Se puede replantear el sistema de nivelación, pero habrá que pactar si es “total o parcial”; la harmonización tributaria es otro debate con los impuestos de sucesiones y donaciones y el de patrimonio sobre la mesa. La ecuación se complica más aún en los gobiernos que el PP comparte con Ciudadanos.

LA RESPUESTA

Hacienda sostiene que con un Gobierno en funciones no habrá fórmula compensatoria

Desde la dirección del PP se defiende que el criterio a seguir en la financiación debe ser el del coste efectivo de la prestación de servicios, al que añadir después factores de corrección como la población, la dispersión o el envejecimiento. Se ofrece una oposición constructiva, pero lo que hay es “desconfianza”.

En esta línea, desde la Xunta de Galicia, denuncian que el Gobierno tampoco ha actualizado las entregas a cuenta para el 2020, lo que ya está causando tensiones de tesorería. En la Junta de Andalucía están esperando unos 400 millones por la liquidación de IVA y para destacar la magnitud de la deuda subrayan que “con ese dinero se construye, se equipa, se dota de personal y abre sus puertas un hospital entero”.

La reforma de la financiación no es cosa de color político, tal y como recuerdan en la Xunta, que sumó fuerzas con otras autonomías con gobiernos que no eran del PP en febrero del 2018, como Asturias o Aragón, pero también Castilla y León. En el caso gallego, en el Parlamento hay consenso entre PP y PSOE. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo mantiene sus criterios: defensa del principio de suficiencia y igualdad en los servicios pero siempre con el objetivo de “financiar personas, no financiar territorios”. Por ello reclaman una ponderación correcta de factores que consideran determinantes en el coste de la prestación de servicios como es la dispersión y el envejecimiento.

Son las mismas prevenciones de Castilla y León, que reclama 117 millones del IVA del 2017 y una financiación que tenga en cuenta la orografía, la baja densidad y dispersión de la población, el envejecimiento o la baja natalidad, además de valorar los grupos de edad superiores a los 65 años, para determinar las transferencias de la ley de Dependencia. Asimismo, se fijan como objetivos del nuevo sistema el reequilibrio entre las zonas más pobladas y las que están en declive poblacional a través de mecanismos de liquidez.

Por su parte, Andalucía cifra en 4.000 millones la “infrafinanciación” de la comunidad, según datos del grupo parlamentario y reclama una negociación “entre partidos constitucionalistas. Nada de cesiones ni chantajes”. Lo que se reclama en Castilla-León es un “consenso multilateral” y en Andalucía concluyen que “la financiación es un asunto de Estado”.

No obstante, esta será la primera vez que se afronte una actualización del sistema sin Catalunya liderando la negociación. La Generalitat no ha formado parte de la comisión técnica de expertos –no nombró a ningún representante- y renunció a asumir el peso del debate ya con Andreu Mas-Colell en la Conselleria d’Economia. En pleno proceso independentista, la demanda de recursos se mantuvo pero se soslayó la necesaria actualización de la financiación, hasta que antes del verano el vicepresident Pere Aragonès volvió a poner la participación catalana sobre la mesa aprovechando las jornadas económicas del Cercle d’Economia y contra el criterio de Quim Torra. La Generalitat aceptaría negociar una reforma de la financiación, aunque eso no sustituiría la mesa de diálogo político para resolver la crisis catalana. Además, se reclama una negociación bilateral en el seno de la comisión mixta de asuntos económicos Estado-Generalitat.

MÁS ALLÁ DEL COLOR POLÍTICO

Hay unanimidad autonómica al denunciar la deficiencia del sistema

De momento, Catalunya ha hecho frente al déficit, lo que le ha permitido buscar financiación del Estado a través del Fondo de Facilidad Financiera, menos restrictivo que el Fondo de Liquidez Autonómica. Aún así esta misma semana Aragonès ha dictado una orden que limita el gasto público para evitar incumplir con el déficit. La relación del Departament d’Economia con Hacienda es tensa. No sólo porque no se liberan recursos, si no porque se mantiene el control sobre las cuentas de la Generalitat a lo que se suman advertencias como la carta reclamando un plan de ajuste del gasto sanitario.

Valencia pretende asumir el tradicional papel de Catalunya en estas negociaciones, lo que reafirma el papel de Baldoví condicionando su voto a una nueva financiación. El Gobierno de coalición de Ximo Puig con Compromís también ha defendido durante meses una “reforma transitoria” que agilice la actualización de los recursos.

También Extremadura achaca a ese bloqueo que acabe incumpliendo este año los límites de déficit en 190 millones. Según fuentes de la vicepresidencia, le corresponderían 80 millones por el IVA del 2017, a lo que se sumaría el extra de los pagos a cuenta. En la misma línea que otras comunidades reclaman un reparto de fondos adicionales para gestionar “de forma cabal” los servicios sociales. Ante la actualización del sistema se apuesta por “la equidad, igualdad, suficiencia y solidaridad territorial”, desterrando la ordinalidad. Hasta ahí los criterios generales, luego están los particulares: la dispersión, el envejecimiento y el paro estructural como factores de corrección de posibles desequilibrios.

 

 

FUENTE: LAVANGUARDIA