La unidad policial que desenmascaró a Villarejo

En la historia reciente de la Policía Judicial solo se contabilizan cuatro casos en los que un juez ha creado una comisión especial para evitar filtraciones en investigaciones sensibles. Casos con implicación de políticos y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ocurrió en los GAL («guerra sucia» contra ETA), el ‘caso Faisán’ (‘chivatazo’ a la red de extorsión etarra), el ‘caso Malaya’ (corrupción urbanística en Málaga) y el ‘caso Nicolás’.

Este último procedimiento, que estalló con la detención de Francisco Nicolás Gómez Iglesias el 14 de octubre de 2014, se ha configurado con el paso del tiempo como el principio del fin del excomisario José Manuel Villarejo, desde hace un año en prisión preventiva. Sobre todo porque los investigadores del ‘caso Nicolás’ permitieron desenmascarar en distintos informes su ‘modus operandi’ como «agente encubierto» asignado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía. Un entramado privado erigido entorno a redes policiales, judiciales y mediáticas que pervivió durante años hasta que se cruzó por el camino un joven de 20 años con aires «megalomaníacos», ‘el pequeño Nicolás’.

En este contexto hubo varios momentos estelares, pero en perspectiva destaca uno: la decisión del juez Arturo Zamarriego, primer instructor del caso en los juzgados ordinarios de Madrid, de blindar el grupo de siete agentes de la unidad de Asuntos Internos que llevaron las pesquisas.

En una providencia de 21 de abril de 2015, el magistrado ordenó que el inspector jefe Rubén Eladio López y su equipo, denominado Grupo IX, comunicaran «directa y exclusivamente» a su juzgado el resultado de las actuaciones que practicasen, «sin tener que dar cuenta de ello a sus superiores jerárquicos».

La decisión del juez tuvo un efecto balsámico para el grupo del inspector López, que en los seis meses transcurridos desde el arresto de Nicolás sufrieron en sus carnes –según recogen sus informes remitidos al juzgado– presiones, amenazas y coacciones de sus superiores, sobre todo en el caso del oficial, conforme avanzaban las pesquisas y asomaba por vez primera la pata de Villarejo.

El instructor conoció de primera mano todas estos obstáculos, que comenzaron desde el registro en la casa del ‘pequeño Nicolás’ en Madrid, donde aparecieron señaladas «un gran número de personas de cierta relevancia empresarial, política y policial». El cruce de llamadas entre algunos señalados atestiguó la preocupación que generó la detención del joven y su declaración. Fue el caso de Villarejo, su «tronco» el empresario Adrián de la Joya (172 llamadas entre ambos), el DAO Eugenio Pino, el también comisario José Luis Olivera, el empresario Manuel Delgado, el presidente de La Razón Mauricio Casals o el número dos de Interior Francisco Martínez.

Ante la deriva de las revelaciones del ‘pequeño Nicolás’ y el análisis de los registros se activó una estrategia mediática de desprestigio contra el equipo investigador, cuyo momento culminante tuvo lugar la tarde del 20 de octubre de 2014: la grabación ilegal de la reunión mantenida entre tres agentes de Asuntos Internos, entre ellos el inspector López, y dos miembros del CNI, interesados en la suplantación del joven impostor como «colaborador» de los servicios de espionaje.

Tal y como ha concluido esta semana la juez Pilar Martínez Gamo, sustituta de Zamarriego al frente del juzgado, los procesados Villarejo, su mujer Gema Alcalá y el periodista Carlos Mier se confabularon para activar a distancia una aplicación instalada de forma subrepcticia en el móvil del jefe de Asuntos Internos, que permitió activar el micrófono y escuchar la conversación.

El objetivo era distribuir entre varios periodistas afines la grabación, previamente editada para incriminar a los presentes, y tratar de conseguir el archivo y anular la causa. La propia defensa de Nicolás usó estas informaciones para pedir el sobreseimiento, pero fue rechazado.

Acosado

A partir de ahí comenzó un acoso implacable contra el inspector López, al que la DAO le ofreció una salida (medalla roja con 10% de sueldo y una embajada) si sacaba a Villarejo del caso. Pero éste no cedió y le llegaron a amenazar con echarle del Cuerpo. Quien sí sería cesado el 22 de diciembre siguiente fue Martín-Blas y entre enero y febrero de 2015 Villarejo se personó varias veces en el juzgado para denunciar supuestas irregularidades del grupo investigador. También pasó el ‘número dos’ de Pino, el comisario José Manuel Fuentes Gago, para ofrecer al juez un cambio de agentes. Incluso Villarejo declaró como testigo a petición de la defensa de Nicolás el 16 de abril siguiente, cinco días antes de que Zamarriego creara la comisión judicial.

Pese a la inoperancia del fiscal del caso Alfonso San Román, el grupo de López se mantuvo activo con el respaldo incluso de la Audiencia de Madrid. Pero la llegada de la juez Martínez Gamo supuso la disolución de la comisión en julio de 2017. El remate fue en octubre siguiente, cuando ésta imputó a los agentes por supuesto retardo en la administración de justicia en la entrega del último informe. Y pocos días después la anterior cúpula policial los degradó a puestos inferiores, donde siguen hoy, mientras que a sus sustitutos -los investigadores ahora de la ‘operación Tándem’- les dieron la medalla roja.

El inspector López pasó a la vigilancia de calabozos y sus compañeros a temas administrativos. Ello pese a que la propia juez que les llegó a imputar ha reconocido en su último auto, en el que procesa a Villarejo, su «compleja y extensa labor policial».