La Junta de Andalucía ha tardado nada menos que cuatro años en remitir un informe que la juez le había requerido sobre el presunto fraude de la formaciónque está investigando el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Esta tardanza contradice a la presidenta del Gobierno andaluz, la socialista Susana Díaz, y a sus consejeros y altos cargos, quienes llevan años afirmando que su colaboración con la justicia es «total y continua» para esclarecer los casos de corrupción que afectan a la Administración andaluza.
La juez Mercedes Alaya solicitó el pasado 9 de febrero de 2014 a la Junta información sobre las subvenciones que había concedido a determinadas empresas que acumulaban una mayor cantidad de ayudas. Cuatro años y 14 días después, el director general de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Manuel Jesús García Martín, envió por fin el informe requerido al Juzgado de Instrucción 6. En el tiempo transcurrido, la pieza principal de la formación fue archivada y hasta cambió la juez, ya que la nueva titular es la magistrada María Núñez Bolaños, después de que Alaya ascendiera a la Audiencia de Sevilla.
«En cumplimiento de lo ordenado en las diligencias previas 966/2014 mediante mandamiento de fecha 9 de febrero de 2014», indica el director general de la Junta en el informe que remite a la juez con fecha 21 de febrero de 2018. En su respuesta al juzgado da detalles sobre la subvención de 326.349 euros concedida por el Gobierno andaluz a la empresa Andalucía Polivalente, vinculada a José María Pérez González, uno de los investigados por el escándalo de los cursos. Este empresario confirmó la existencia del fraude al reconocer que con subvenciones finalistas lograba ganancias. Fue en el Parlamento andaluz, durante la comisión de investigación sobre este asunto en marzo de 2016.
No es la primera vez que el Gobierno andaluz se ‘retrasa’ en el envío al juzgado de documentación clave sobre el fraude de los cursos, a pesar de que en sus discursos públicos tanto la presidenta como el consejero de Empleo, Javier Carnero, defienden lo contrario.
Como informó EL MUNDO, la Administración andaluza ha permanecido al menosdos años sin remitir a este mismo juzgado los expedientes de reintegro que le ha abierto a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que dependía de la Consejería de Empleo. A través de estos reintegros, la Junta solicita la devolución de subvenciones para cursos concedidas a su fundación que no se destinaron a los fines previstos y, por lo tanto, en ellos se pueden ver las irregularidades cometidas y a dónde fue a parar el dinero desviado.
En este caso, fue el pasado 21 de septiembre de 2015 cuando el juzgado reclamó a la Administración andaluz estos documentos que en diciembre de 2017 todavía no habían sido entregados a los investigadores.
Críticas del PP
Estas maniobras del Gobierno andaluz han provocado la reacción airada del PP andaluz. El vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP-A, Toni Martín, ha aseverado este domingo que la Junta «ha batido todos los récords» al tardar cuatro años en enviar información sobre el escándalo de la formación.
«¿Esto es intentar colaborar con la justicia o intentar torpedear la acción de ésta?, ¿Es intentar que se aclare lo sucedido o intentar esconder lo que pasó, que se archive y que prescriba? La actitud de la Junta tiene que
ver con un intento de evitar que paguen los culpables y que los andaluces recuperen los millones de euros que le han sido defraudados», ha denunciado Martín.
El dirigente del PP ha recordado que la juez Mercedes Alaya «sufrió», durante sus años como instructora de estas macrocausas lo que es trabajar «con escasos medios» y tener que requerir «reiteradamente» al Gobierno andaluz documentación solicitada y que la Junta no le enviaba.
De hecho, estos ‘retrasos’ de la Junta en el envío de documentación también afectaron a las pesquisas sobre el ex ‘número 2’ del PSOE andaluz Rafael Velasco, cuya esposa también recibió ayudas para los cursos. «Lo hemos visto en asuntos relacionados con Rafael Velasco de cuyo entramado de empresas la Junta tardó dos años en entregar al juzgado la información que se le requería y también lo hemos visto en otros asuntos relativos a Faffe, en los que la Guardia Civil lleva un año esperando que la juez Bolaños pida a la Junta la contabilidad de la Faffe y de todas las sucursales que tenía».
«Los impagos, las mentiras, los casos de corrupción y los intentos de bloquear la acción de la justicia son los cuatro pilares sobre los que se ha sustentado la gestión socialista durante décadas en Andalucía», ha criticado Martín.
FUENTE: ELMUNDO
