El próximo lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio por la presunta financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana, la gran causa de corrupción que motivó la caída del equipo de dirección del ex president Francisco Camps.

El guión del juicio facilitado a la partes incluye la celebración de 22 sesiones entre el 15 de enero y el 6 de abril, fecha en la que acusaciones y defensas expondrán sus conclusiones. 22 días para diseccionar y conocer la verdad sobre la gran campaña de Francisco Camps, la del año 2007, y las facturas que habría pagado en negro el PPCV en 2008 para que Mariano Rajoy llegase a la Moncloa.

Es la tercera pieza de la denominada Gürtel valenciana que llega a juicio y la segunda que será juzgada por un tribunal profesional. La primera fue la del asunto de los trajes, del que Camps y Ricardo Costa resultaron absueltos por un jurado popular.

En cambio, el castigo severo a la corrupción política y empresarial que supuso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) que abordó la pieza de Fitur fue un mazazo para las defensas y un aval a la acción del ministerio fiscal y del PSPV-PSOE, que impulsó como acusación popular este procedimiento entre críticas por «atacar a lo valenciano».

 

 

La pieza de la presunta financiación irregular es la más importante de la Gürtel valenciana, pues se juzgará si el partido, en el periodo en el que acumuló muchísimo poder territorial, ganó las autonómicas de 2007 y las generales de 2008 fabricando facturas entre delitos fiscales para ocultar donaciones de grandes constructoras, la mayoría contratistas de la Administración.

El rosario de asuntos pendientes por corrupción y diversas condenas en primera instancia han empujado a la confesión de los empresarios acusados. No es que se hayan removido conciencias, es que tienen pánico a verse entre rejas y han pactado una conformidad con la Fiscalía. Entre estos empresarios figura Vicente Cotino, sobrino del ex presidente de las Cortes Juan Cotino, quien ha asumido que Camps ganó con trampas.

Todos aceptan ahora el relato de la Fiscalía y la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del PP valenciano. El juez José de la Mata concluyó la investigación asegurando que parte del gasto electoral se hacía con dinero oficial -dinero ‘A’, denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos- y parte «con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial». Es decir, dinero ‘B’, que denominaban Barcelona.

La del año 2007 fue la gran campaña de Camps. Era la segunda vez que se sometía a las urnas y un año antes, en 2006, 43 personas fallecieron y 47 resultaron heridas en la tragedia del metro de Valencia. Una victoria en las urnas se interpretaría como un aval a su gestión del suceso, como así ocurrió.

 

 

Además, fueron las elecciones en las que el propietario de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, condicionó la celebración de un Gran Premio automovilístico en Valencia a que el PPCV ganara las elecciones. Los empresarios, según se desprende ahora tras su confesión, aceptaron realizar donaciones para reforzar la imagen de Camps frente a sus competidores.

Entre los principales acusados en esta pieza destacan el ex secretario general Ricardo Costa; el ex vicesecretario David Serra, uno de los detenidos en la Operación Taula por su presunta implicación en el reparto de comisiones; y Vicente Rambla, ex vicepresidente de la Generalitat.

No es la primera vez que Costa se enfrenta a un juicio con conformidades, lo hizo en el asunto de los trajes y la estrategia le salió bien. Pero ahora su relato no tendrá que convencer a un grupo de ciudadanos anónimos, sino a un tribunal profesional al que la Fiscalía servirá en bandeja de plata un listado de confesiones.

Según el guión del juicio, las partes expondrán las cuestiones previas y se practicará el interrogatorio a los acusados los días 15, 16 y 17 de enero. El jueves día 18 arrancará la ronda de los testigos con la declaración de José Luis Peñas, el ex concejal de Majadahonda que guardó 80 horas de grabaciones a la red Gürtel.

Un día después, el viernes 19, empezarán a desfilar como testigos destacados ex alcaldes del PP en la Comunidad. Entre ellos el ex edil de Gandía, Arturo Torró; la ex alcaldesa de Ontinyent, Lina Insa; el ex alcalde de Mislata, Manuel Corredera; o el actual vicepresidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio.

El 13 de febrero se retomará la declaración de los testigos con la comparecencia del actual diputado popular Rubén Ibáñez o el interrogatorio del ex tesorero nacional, Luis Bárcenas. Su sucesora en Génova, Carmen Navarro, declarará como testigo el 6 de marzo a petición de las defensas. Mientras, Francisco Camps comparecerá el 7 de marzo, el mismo día que Juan Cotino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELMUNDO