EL COMPLOT CATALÁN DE LOS MERCADERES

 

EL COMPLOT DE LOS MERCADERES CATALANES Y OTROS MAS, LA EXTREMA IZQUIERDA AMANCEBADA CON EL PODER DEL DINERO QUE LES LLEGA DE LAS MANOS DE 400 EMPRESARIOS DE LA REGIÓN Y DE LOS CAPOS DEL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL COMO HEMOS PUBLICADO HOY.  EL EMBROLLO DEL GOLPE DE ESTADO FALLIDO RETRANSMITIDO POR LAS TELEVISIONES AMIGAS, ES TODO UN POEMA…. COMO ACOSTUMBRO A FLAGELARME  SIGUIENDO MIS INQUIETUDES ESPIRITUALES ÍGNOTAS HASTA PARA MI, ANOCHE SEGUI EN LA CADENA SEUDOSEPARATISTA EL PLENO DE INVESTIDURA, FRACASADO, DEL QUE HA SIDO MANO DERECHA DE PUJOL Y SUS BANDAS INDEPENDENTISTAS QUE SE INICIÓ CON EL BERRIDO, DE RAÍCES LATINAS, COMO EL GRITO DE BEIRE EN FILIPINAS, ¡¡ESPAÑA NOS ROBA!!. De la boca codiciosa de la leyenda burguesa del peor capitalismo, el de los mercaderes, que ha venido liderando Jordi Pujol, Jordi TURURÚ, al que han dejado solo sus patrocinadores y compañeros de fatigas, hasta la Rovira infiel, adúltera política de la fiel infanteria, regidora de Izquierda Republicana que se ha fugado. No, error. Se ha ido a la vista de las fuerzas de seguridad del Estado y de la República de Cataluña.

 

Terminado el debate me emocioné viendo la cara descompuesta de FERRERAS, el mantero informativo de la Cataluña Libre, el colega más objetivo e imparcial y amante de la paz y el diálogo entre los españoles. Me entró ganas de enviarle un guasap de condolencia. También seguí el programa del Gran Woyming, que es otro de los grandes del periodismo alquilado siempre practicando el maniqueísmo diario, también con rostro de circunstancias, pero amargado aparentemente, porque nunca se sabe. Para terminar el castigo mental, tuve la santa voluntad de oir al predicador del Episcopado, al  compañero Antonio Jiménez, en la 13 explicando el fracaso separatista, y dando oxígeno a la presidenta de la Región de Madrid, la redicha Cifuentes bajo el fuego de las dudas de los partidos y la mayor parte de la prensa nacional.
 
Dentro de este maremagnum descojonante aparece en pantalla, en la misma 13 TV el portavoz del partido popular catalán, un gigante inteligente, dando caña a diestro y siniestro, pero no a los traidores, sino a Inés Arrimadas, la sirena de Ciudadanos, porque se ha negado a que la arrastren entre los escaños del Parlamento catalán. ¡¡Hay que ser estúpidos, y tontos!!
Pero si el nivel político de una Cataluña vendida a la presión nacional de los extremistas, mercaderes y las mafias de todo tipo y clase, el nivel policial es bien valorado, y si hay fallos de escapadas espectaculares ellos no son responsables, quienes mandan mandan. Como es el caso extrañisimo del ex mayor TRAPERO que  anda suelto tan ricamernte, cuando en las primeras semanas, después del Primero de Octubre, era denunciado y culpado, que parte de los Mossos de Escuadra habían colaborado en el golpe en la frente del Estado español, tambaleante, siguiendo la máxima impresentable de la llamada «obediiencia debida» que lógicamente no se aplicó a las estrellas militares y civiles del 23-F. Para mi, que el señor Trapero lo tiene el juez del Tribunal Supremo, LLARENA, cumlaude a la eficacia, la inteligencia y la honradez profesional no muy frecuente, como testigo de cargo cuando empiece a fondo el proceso que atraerá la atención global terrícola y del Universo de los medios de información, muchos de ellos manejados por los rublos rusos y esas púnicas en acción infiltradas en digitales raros embriagados, borracheras con la pasta tóxica, y la gran Prensa de papel y televisiva que durante la Gran Crisis no han cerrado, salvo el despido de periodistas decentes, una  depuración a cuentagotas para no alarmar al personal. Otros cantamos, como Alfonso Ussía.

 

 

La situación española exige unas elecciones legislativas, si de verdad  queremos que este mal rollo que apesta no nos contamine. El Tribunal Supremo ha hecho justicia, razonablemente por evidencias notables. Procesa por REBELIÓN al «estado mayor» del plan golpista que contaba y cuenta con las simpatias de las extremas izquierdas catalanas y del resto del país, practicando un apoyo táctico electoralista por omisión que le permitió a Pablo Iglesias gritar histérico que en España «había prisioneros políticos» que inmediatamente pusieron en circulación las redes sociales que cobran servicios prestados, así que toda aquella locura votada por cientos de miles de catalanes manejados, engañados y ahora abandonados a su suerte, solos, es, digo, una locura de sujetos drogados por el poder y el dinero robado, que ningún Estado de Derecho puede admitir sin castigar severamente. Ahora que hablen alto y claro los de Ada Colau, los Monederos, los Pablos Iglesias, los nacionalistas vascos, los Otegi etarras y demás admiradores que alentaron a los rebeldes. No darán excusas, seguirán el camino para reventar a la sociedad española, incluida la catalana decente. En fin TRECE  procesados que es una cifra no muy alentadora, porque hay otros, los inspiradores intelectuales, los mercaderes de los Pujol y el aliado Junqueras. Ya sabemos lo que hay, pero poco de lo que se esconde en esta partida de mus internacionalizada, a la que se ha sumado la Rovira cargada de dinero exiliado. Es lo que así mismo cree ICETA, el dirigente socialista catalán que en el debate que glosamos mostró mucho talento. Puede ir más lejos si deja atrás ciertos resabios y reservas mentales que rozan el federalismo anticuado y fracasado, no mejor que el Estado de las Autonomías que necesita algunos retoques de urgencia ante el peligro de vivir durante años en estado de emergencia en una España desenfocada y aislada del resto de Europa.                                                                                                                                                     
En medio de la tensión emocional en las proximidades del Tribunal Supremo se conoce la sorprendente noticia de que las Naciones Unidas, su Comisión de Derechos Humanos, ha pedido al Gobierno español que se respeten los derechos políticos de Jordi Sánchez para gobernar la Generalidad con la aprobación del Parlament. Digo sorprendente porque de los casi doscientos miembros de la ONU, más de la mitad de las naciones representadas, están gobernadas por dictaduras, regimenes militares y autoritarios. También en la citada Comisión figura Rusia y algunos de sus compañeros de viaje.                                                   
Pienso que la fuga de Marta Rovira se lo pone muy difícil a sus compañeros encartados por la Justicia, que como muchos nos temíamos Pablo Iglesias ha aprovechado para seguir con su politiquería verbal de coces afirmando que el Auto del juez Llarena es un ATRACO A LA DEMOCRACIA. Estas palabras, se supone, las deberá tener la Fiscalía sobre la mesa. Están tratando de provocar un estallido callejero, revuelta ácrata y poner un muerto en la intriga contumaz del «procéss».           

 

 

                                                       

EL  ZORRO

 
 

 

Llarena compara la rebelión del procés con el golpe de Estado del 23-F

 

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesó este viernes por rebelión —uno de los delitos más graves del Código Penal— a los líderes políticos y sociales del proceso independentista catalán. El magistrado considera que en el intento de secesión se dieron elementos de violencia y lo comparó, de forma implícita pero inequívoca, con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Llarena entiende que el desafío solo está “puntualmente larvado” y podría repetirse.

El juez Llarena prácticamente ha concluido la investigación sobre el proceso que culminó el 27 de octubre con la declaración de independencia de Cataluña y la intervención estatal de la autonomía a través del artículo 155 de la Constitución. Ayer entregó a las partes el auto de procesamiento, una resolución en la que se imputan formalmente delitos de rebelión a 13 líderes del procés, y delitos de malversación y desobediencia a algunos de estos y a otros 12 integrantes de la cúpula soberanista.

Cinco de ellos —los exconsejeros autonómicos Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell— fueron enviados a prisión. En la cárcel hay otros cuatro investigados —el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn y los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart—. Siete procesados permanecen fugados de la justicia, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont. Ayer se sumó a la nómina de los huidos Marta Rovira, secretaria general de ERC y exdiputada.

El magistrado sitúa el inicio del procésen diciembre de 2012, cuando Artur Mas firmó con Oriol Junqueras el Pacto para la Transición Nacional, que permitió a aquel ser elegido presidente de la Generalitat. Fruto de este acuerdo se elaboró el Libro Blanco de la Transición Nacional, un informe presentado en septiembre de 2014, que contenía los pasos para la creación de la hipotética república catalana. Este documento le ha servido al magistrado como “Piedra de Rosetta” para interpretar los sucesos que desembocaron en el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre y la declaración de independencia.

Este libro blanco sustituye al documento Enfocats —intervenido en septiembre al ex número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, en su despacho de la Consejería de Economía— como canon para analizar las responsabilidades de los imputados. Para Llarena, la credibilidad del Enfocats todavía está pendiente de análisis, y apenas si lo cita tres veces en pies de página a lo largo de las 70 páginas de su resolución.

El magistrado explica que la rebelión se produce con el mero alzamiento, sin que sea necesario que este alcance sus objetivos, y considera que la violencia que exige el tipo penal se caracteriza por tres elementos: que se use la fuerza, que se use preferentemente contra personas y que esa fuerza sea «de entidad suficiente» como para que pueda «doblegar la voluntad de aquel contra quien se dirige». Estos tres rasgos se dieron en la jornada del 20 de septiembre, cuando una “masa de fuerza” de 60.000 personas, congregadas por los líderes de ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, destrozaron coches de la Guardia Civil y lanzaron objetos contra la comisión judicial que llevaba a cabo la Operación Anubis contra los preparativos de la consulta, ordenada por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer.

En ese acto, en el que la letrada del juzgado tuvo que salir de la Consejería de Economía por la azotea, se produjo “una real restricción de la capacidad de actuación” del Estado “como consecuencia del uso de la fuerza”, señala el magistrado del Supremo. Esta actuación la compara expresamente Llarena con “un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire”, en una referencia apenas velada al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

“Fanatismo violento”

Desde ese momento, afirma Llarena, los líderes independentistas ya eran conscientes del riesgo de que las movilizaciones posteriores, entre ellas el referéndum del 1 de octubre, «desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia». «Impulsar a todos [sus seguidores] a que hicieran frente al amplio despliegue de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tenían la orden judicial de impedir la votación del 1-O y a que defendieran el recuento de la votación, supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente sucedió el día de la votación», concluye Llarena.

Según el magistrado, los cabecillas del procés siguieron adelante con el referéndum ilegal y su plan de ruptura a sabiendas de que el “fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse”, en especial tras los altercados del 20 de septiembre. Con ello se cumple, entiende el magistrado, el requisito de violencia que el Código Penal aplica al delito de rebelión, que se castiga en los casos más graves con penas de 30 años de prisión.

“Este proceso (…) integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno”, señala Llarena. El juez destaca el hecho de que el plan secesionista se desarrolló “aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga [a la Generalitat] para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos”.

Los encausados, encabezados por Puigdemont, supuestamente buscaban que “el Estado de derecho se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población que amenazaba con expandirse”. La aplicación del delito de rebelión es “plenamente exigible”, según Llarena, a este grupo, que incorporó a su “actuación criminal” el “ineludible estallido social” que podía producirse.

Llarena no se cree que el artículo 155 de la Constitución interrumpa el desafío independentista. El libro blanco de 2014 ya preveía el escenario de que el Estado interviniera el autogobierno catalán y planteaba que en ese caso “el apoyo de la sociedad civil movilizada” podría resultar “decisivo” para conseguir la independencia. Según Llarena, el “ataque” al Estado que atribuye a los procesados “puede estar en desarrollo, por más que se encuentre puntualmente larvado”. La estrategia y las funciones interrumpidas por el 155, añade, “parecen estar latentes y pendientes de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas”.

El delito de rebelión, contemplado en el artículo 472 del Código Penal, es una versión más grave de la sedición, y se reserva a quienes se levanten «violenta y públicamente» para, entre otros objetivos, «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución» o «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». Los jefes de la rebelión, según el Código Penal, se pueden enfrentar a penas de entre 15 y 25 años de prisión. En el caso de que medie un levantamiento armado, las penas se elevan hasta los 30 años de cárcel.