Cada mañana, a primera hora, el detector de metales de la sede la Agencia Tributaria en la avenida Blasco Ibáñez de Valencia deja pasar a Vicente Rambla. En este edificio, gris y de escaso atractivo arquitectónico, trabajan los ‘hombres de negro’ de Cristóbal Montoro en la Comunidad Valenciana, es decir, el cuerpo de inspectores de Hacienda del Estado, los encargados de investigar que particulares y empresas cumplen con sus obligaciones tributarias, de apretar las tuercas a quien las esquiva y de recuperar los impuestos escamoteados. Rambla es uno de estos recuperadores. También su mujer.
El 4 de julio de 2014, acosado por su implicación en la investigación de la presunta financiación ilegal del Partido Popular valenciano a través de la trama Gürtel, decidió abandonar su escaño de parlamentario autonómico y rescatar la plaza de funcionario que abandonó en 1999 para dedicarse a la vida pública, cuando Eduardo Zaplana lo nombró ‘conseller’ de Economía en su segunda legislatura al frente de la Generalitat. El regreso del expolítico a la Inspección de Hacienda, que motivó una queja sindical por considerar que la convocatoria de plazas como la suya a través de concurso obedeció a motivaciones políticas, puso fin a una trayectoria en la que no dejó de ascender y acumular poder autonómico hasta que Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo se cruzaron en su camino.
Desde que Francisco Camps tomase el testigo dejado por Eduardo Zaplana como ‘president’, tras un breve interregno de José Luis Olivas, Rambla siempre fue su favorito, persona de confianza en lo económico y en lo político (con permiso de Juan Cotino). Mientras a Ricardo Costanunca le dejó entrar en el Gobierno autonómico y lo mantuvo de capataz del partido, a Rambla lo elevó a vicepresidente, le dio más poder que a su amigo Gerardo Camps (los dos vicepresidentes siempre rivalizaron), y lo designó director de su campaña de las autonómicas de 2007, un puesto envenenado por el que ha terminado procesado
Diez años después de aquellos hechos, el equipo de confianza de Camps en su partido se enfrenta a penas de siete años y nueves meses de cárcel (petición de Anticorrupción). Ricardo Costa, como secretario general del PPCV; David Serra, como vicesecretario; y Rambla, como director de campaña, son la presunta contraparte de un entramado participado por Correa, sus subordinados y un grupo de empresarios contratistas de la Administración que ha confesado que entregó dinero a los organizadores de los actos electorales simulando facturas por trabajos que nunca se realizaron
Este lunes, Rambla y Costa se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por falsificación documental y delito electoral en la campaña de 2007 de Camps (que no está en la lista de acusados), en las municipales del mismo año y en las generales de 2008. En realidad, se juzga una época de excesos y éxitos adulterados con técnicas de ‘dopping’ político de una formación que creyó tener el poder absoluto y el don de la impunidad en la Comunidad Valenciana. Están bajo sospecha más de dos millones en gastos electorales, de los que algo más de 800.000 corresponden a las generales de 2008, mientras que el resto se empleó para las autonómicas (1,1 millones) y las municipales (78.878 euros).
Paradójicamente, una condena con pena suficiente como para ingresar en prisión dará al traste con la nueva vida de Rambla como encargado de hacer cumplir las leyes tributarias. Pero también frustrará la reinvención para la vida ‘civil’ de Ricardo Costa, el prometedor hermano pequeño del exministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, cuya estrella apagó cada una de las grabaciones policiales que pusieron al descubierto la criminalidad de Correa y los suyos.
La confesión de Correa ha complicado su defensa porque ha dado por buena la contabilidad paralela encontrada en su piso de seguridad en Madrid
Ricardo Costa, criado entre algodones por su familia, tuvo que bajarse del tren de la política a partir de 2009, con apenas 37 primaveras y sin haber disfrutado de cargo institucional de gestión, su meta soñada. Fue ese año cuando dimitió como secretario regional, forzado por su partido. Aún aguantó un lustro más como diputado en las Cortes Valencianas, pero en enero de 2015 tiró la toalla y entregó el acta, como Rambla, que había compaginado el escaño con un breve período de asesor externo en el bufete Cuatrecasas en Valencia.
Currículum de lujo en Lexcam Abogados
Ricardo Costa trabaja desde entonces para el despacho familiar que fundaron en Castellón su padre y su hermano Juan en 1993. Cas Legis, que así llamaba el bufete hasta que la marca comenzó a aparecer demasiado en las informaciones de prensa, se transformó en Lexcam Abogados y Asesores Tributarios. El despacho ha tenido años mejores y peores. En 2016, la sociedad limitada profesional facturó casi 600.000 euros
Ricardo Costa es uno de los miembros de su equipo y, entre otras tareas, se especializado en asoramiento en ‘compliance’, la prevención penal en las organizaciones empresariales. Doctor en economía, licenciado en Derecho, máster en Dirección Financiera por el Centro de Estudios Financieros, especialista en Fiscalidad Internacional por IE Business School… El curriculum académico de Costa abruma en su perfil de Linkedin, en el que no ha dudado en incorporar dos experiencias de voluntariado, una como asistente a ancianos en marzo de 2012, cuando ya había sido arratrado por el escándalo Gürtel, y otra más reciente, en agosto del año pasado, como voluntario educativo de Colegios Diocesanos. También es miembro del comité técnico de normalización de la Asociación Española de Normalización (Aenor), la entidad que entrega certificados de calidad y de cumplimiento de normativas empresariales.
En 2014 se casó con Laura Chorro, con la que tiene una hija. La vida familiar se ha convertido en el refugio de una persona que vivía obesionada con la política, a la que dedicaba las 24 horas del día, y de la que esperaba grandes recompensas que nunca se materializaron. Ni Costa ni Rambla mantienen agenda pública y han cortado toda comunicación con los medios de comunicación, más allá de algunos mensajes de cortesía por WhatsApp. También David Serra ha desaparecido de escena y se gana la vida como abogado privado
Su defensa en el jucio que comienza este lunes y que se prolongará hasta abril se ha complicado bastante. No es solo que los empresarios acusados (Enrique Gimeno Escrig, Antonio Pons, Gabriel Alberto Batalla, Vicente Cotino, Rafael Martínez Berna y Tomás Martínez Berna, Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá) hayan admitido los hechos tras un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Es que la reciente confesión de Francisco Correa, que busca una rebaja de penas para evitar que la acumulación de condenas oscurezca la puerta de salida de su estancia en prisión, ha dejado a los pies de los caballos al viejo equipo de Camps.
El escrito remitido al juzgado por el líder de la Gürtel valida documentos internos trascendentes, como la contabilidad interna paralela encontrada en el piso de seguridad que Correa para esconder archivos comprometidos. «Es cierto que cuando sospeché que podía estar siendo investigado pedí a un empleado (David Luis) que trasladase varias carpetas de documentación a un piso que yo alquilé en la calle del General Martínez Campos de Madrid, que luego fueron intervenidas», es la frase incorporada como si tal cosa por Correa en el documento que ha remitido al juzgado para tratar de obtener ventajas judiciales. No es un párrafo inocuo. Hace referencia a la contabilidad B de la trama, que recoge la facturación irregular con el partido y los contratistas y su justificación, la real y la simulada. Costa, Rambla y Serra, según recogía esta semana ‘Levante-EMV’, han tratado de anular y sacar de la causa esta documentación. El arrepentimiento del cabecilla de Gürtel da credibilidad a los documentos y complica la estrategia de los acusados.
