El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ya ha hecho llegar su pasaporte a la Audiencia Nacional, que evidentemente no llevaba encima el lunes pasado cuando declaró en Madrid. También ha comunicado la dirección de su domicilio particular para que se le asigne un juzgado al que acudirá a firmar cada quince días. Estas son las dos medidas cautelares que le impuso la magistrada Carmen Lamela, que rechazó la petición de prisión provisional sin fianza que solicitaba el fiscal por un delito de sedición. ¿Puede la policía catalana ser dirigida por un jefe encausado por un delito grave en una investigación? Sí puede. El régimen disciplinario de los Mossos es discrecional en este punto y otorga a la dirección general de la policía la última palabra. Y a día de hoy, nadie se plantea en la Conselleria d’Interior ni en el Govern el cese de Trapero. El mayor tampoco ha sopesado dar un paso atrás. Pero va a reforzar su equipo de defensa, que a partir de ahora será liderado por la letrada Olga Tubau.
El conseller de Interior, Joaquim Forn, recibió ayer al mediodía un escrito de la Audiencia Nacional en el que se le comunicaba que el mayor estaba siendo investigado por el juzgado central tres en una causa por sedición, penada con hasta 15 años de cárcel. El escrito no iba acompañado de ninguna otra consideración, ni recomendación. Se limitaba a constatar de manera oficial lo que ya se sabía.
Nada más recibir la notificación, el conseller de Interior encargó a los servicios jurídicos del departamento un dictamen que avale la decisión de la dirección general de la Policía de mantener a Trapero al frente de los Mossos. El dictamen podría o no, se está acabando de decidir, enviarse a la Audiencia Nacional dando por recibida la notificación y explicando que esa condición de investigado no obliga a su cese al frente del cuerpo. Y serviría para blindar durante un tiempo a Trapero ante la posibilidad de que tras la probable aplicación del 155 se imponga un nuevo responsable político al frente de los Mossos que quiera apartar al mayor.
Trapero amplía su equipo con la abogada Olga Tubau, que liderará su defensa
La verdad es que durante los últimos años la dirección general de la Policía ha actuado de manera muy dispar ante la imputación de miembros del cuerpo. Hay que distinguir si se trata de una investigación por un tema vinculado con el trabajo, o bien es por una actuación o delito presuntamente cometido fuera de servicio.
En cualquier caso, la tendencia, y en eso ha habido unanimidad fuera cual fuera el partido político del conseller de turno, de no abrir ni una información reservada, ni un expediente disciplinario, ni aplicar medidas cautelares cuando el afectado cuenta con la confianza de Interior y es defendido por los abogados de la casa, del propio departamento.
Un caso reciente. Hay mandos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos que llevan más de seis años imputados por un juzgado de instrucción de Barcelona en un caso de presunta corrupción policial. Algunos han ascendido. Contaron y cuentan con la confianza de los mandos y las distintas direcciones políticas de Mossos y tienen asistencia letrada de la casa.
Javier Aranda es abogado y trabaja habitualmente con afiliados del Sindicat de Policies de Catalu-nya (SPC). Lleva años defendiendo a mossos en distintas causas y admite que el régimen disciplinario de la policía catalana permite esa arbitrariedad de decidir, según convenga, si hay que abrir o no medidas cautelares cuando un policía es investigado.
También reconoce que el caso del mayor es “excepcional”, pero apunta que tiene que servir para que la administración pondere con “mayor generosidad” sus primeras decisiones cuando son otros policías los investigados.
Trapero no sólo cuenta con el apoyo de Forn, ayer mismo el conseller de Presidencia, Jordi Turull, dejó bien clara la postura de la Generalitat en un Twitter: “Trapero no se toca”.
Informes “parciales y falsos”, según el mayor
El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, descalificó el informe de la Guardia Civil sobre la conducta de los agentes autonómicos durante la consulta del 1 de octubre, en su segunda declaración ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Según una grabación de su comparecencia, Trapero dijo que los informes son “en gran parte parciales y falsos, pues omiten gran parte de la información”. El mayor negó veracidad al relato de los investigadores en la causa por sedición y se refirió a los vídeos que reflejan la supuesta pasividad de los Mossos, señalando que “recogen la situación de un minuto en un colegio”. “Se ponen anécdotas con una mirada que no cuadra en nada”, añadió Trapero ante el fiscal y la juez. Trapero reveló que la juez del TSJC, Mercedes Armas, les pidió verbalmente a todos los cuerpos policiales que cumplieran la orden “con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social”. “Y así lo hicimos”, subrayó el mayor, quien explicó que “cambiamos los horarios de los Mossos para tener el máximo de gente”.
