Una década después del cierre de la fábrica de Española del Zinc (Zinsa), los terrenos que esta empresa tenía en el barrio de Torreciega siguen protagonizando una rocambolesca historia de compras y ventas, mientras la descontaminación de la zona continúa sin fecha ni proyecto. La finca, adquirida en el 2009 por 142 millones de euros por la promotora inmobiliaria Quorum, que tenía como empresario de referencia a Miguel Durán, expresidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región (Proexport), está ahora en manos de otro conocido hombre de negocios natural de la comarca: Tomás Olivo.

Según ha acreditado ‘La Verdad’, el constructor originario de la pedanía de Balsapintada, en Fuente Álamo, se ha hecho con la parcela, que ocupa 480.466 metros cuadrados, tras pagar unos 1,5 millones de euros en una subasta judicial. Este procedimiento fue convocado tras la entrada en concurso de acreedores Quorum Capital Investments, que antes de quebrar denunció a Zinsa por incumplir el acuerdo de entregarle el suelo descontaminado y solo le abonó un anticipo de 40 millones. Sobre los terrenos pesaban hipotecas de varios bancos, asumidas en parte como activos tóxicos por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como ‘banco malo’.

En la puja, que tuvo lugar en enero aunque su resultado ha trascendido ahora, Olivo concurrió a través de Cartagena Parque, una de sus sociedades. Por medio de esta compañía, propietaria de la mayor parte del Plan Parcial Rambla (la estancada expansión urbanística de la ciudad entre el estadio Cartagonova y el Barrio de la Concepción), el empresario asumió la carga ambiental con que fue puesta al mejor postor por un juzgado de lo Mercantil de Murcia.

El Ayuntamiento solo recalificará la parcela para hacer viviendas, si el dueño limpia la zona Una empresa de Molina de Segura ofreció 3,5 millones, pero se retiró y pide repetir la puja

La Unidad de Subastas de Murcia solicitó ofertas por un bien cuya descripción oficial deja clara la herencia de una de las industrias cuyos residuos contaminaron el cinturón urbano de Cartagena hasta principios de este siglo. Las otras dos factorías fueron Potasas y Derivados, en la parcela anexa de El Hondón, y Peñarroya, en Santa Lucía.

La convocatoria de la subasta, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de diciembre, recoge, de forma expresa: «Suelo contaminado con obligación de descontaminación. Finca Rústica Urbanizable para Gran Industria, con una superficie de 480.466 metros cuadrados. Declarada como suelo contaminado en virtud de Resolución de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental de la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia, de 3 de diciembre de 2009». En cuanto al precio de salida, fue fijado en 1.154.559,80 euros.

Pues bien, aunque una empresa con sede en Molina de Segura y denominada Ecoalimentación llegó a pujar por algo más de 3,5 millones de euros, al final retiró su oferta. Según fuentes conocedoras del expediente, después de cumplir con el depósito obligatorio del 5% del valor de la subasta, dejó pasar los veinte días de plazo que tenía para abonar el resto del dinero.

Proyecto fallido en 2009

Al quedar descalificada, el inmueble fue adjudicado a la mercantil Cartagena Parque, que había propuesto el segundo mejor precio. Tras esta decisión, Ecoalimentación presentó ante el juzgado un recurso, donde expone que fue víctima de una falta de información sobre la contaminación del solar y pide que la subasta sea repetida, para poder competir en igualdad de condiciones. La impugnación está pendiente de ser resuelta por la Justicia.

El Pleno del Ayuntamiento condicionó, en su día, la recalificación del suelo como residencial para viviendas a la descontaminación del suelo, cuyo coste fue calculado por Española del Zinc en al menos siete millones de euros. El Consistorio trató de garantizar el pago de las indemnizaciones a los 250 obreros despedidos por Zinsa, que al final tuvieron que conformarse con solicitar el pago a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Por el camino quedó el anuncio de Zinsa, afectada por la caída del precio de la blenda, de que con la venta del suelo financiaría la construcción de una nueva factoría en Los Camachos.

Fuentes del grupo empresarial de Tomás Olivo consultadas por este diario mostraron su confianza en que el juzgado confirme el carácter definitivo de la operación, de cara a la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad. En todo caso, aseguraron que la compañía todavía no tiene proyectada la posible urbanización de estos terrenos.

«Nos enteramos de que la parcela había salido a subasta, nos pareció interesante pujar por ella y conseguimos la adjudicación. A partir de ahí, y siempre con la cautela de que el juzgado tiene que resolver el recurso de otra empresa, veremos qué decidimos hacer con el suelo», comentaron en Cartagena Parque.

En cualquier caso, desde la compañía dejaron claro que cualquier postor disponía de la información relativa a la catalogación del solar como contaminado; y añadieron que, si llegado el caso Cartagena Parque plantea un proyecto cuyo uso del suelo que exige la retirada de los metales pesados depositados en la zona, «se seguirán los trámites de descontaminación» que marque la Administración, en este caso la Comunidad Autónoma. Lo que descartaron en el grupo de Olivo es que éste se haya planteado acometer una inversión en el ámbito de la industria, dada la catalogación actual de la parcela a efectos urbanísticos. La actividad del empresario se centra en la construcción y la gestión de centros comerciales, aunque también tiene intereses en el sector inmobiliario.

Precisamente, a través de la sociedad Cartagena Parque Olivo consiguió, en el año 2016, que el Tribunal Supremo anulara el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 2012. El Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma aún no han superado ese revés, motivado por el desacuerdo del empresario con la nueva ordenación del Plan Rambla (donde tiene 500.000 metros cuadrados). Tras la fallida revisión ‘exprés’ del Plan General, tumbada también por la Justicia en un pleito impulsado por la inmobiliaria madrileña Cecop y al que se sumó Olivo, las administraciones tratan de aprobar unas normas transitorias para dos años, mientras elaboran un nuevo Plan.

 

 

HEMEROTECA

 

La conexión Olivo-Valcárcel

 

El presidente Valcárcel Sisó, según cuentan sus próximos, está muy inquieto desde la tarde de ayer tras conocer la detención en Málaga del magnate murciano Tomás Olivo López (no es cartagenero sino de la pedanía rural murciana de Lobosillo, donde tiene una casa), enredado finalmente en la «trama de Marbella», esa misma que, nuestro todavía presidente, dice que nada tiene que ver con lo que sucede en la Región de Murcia. ¡Qué casualidad que el epicentro de la supuesta delincuencia regional de cuello blanco esté siempre próximo, según fuentes de la Guardia Civil, a Pozo Estrecho, La Unión, Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier, San Pedro y Lobosillo!. Es para no fiarse ya ni de Pedro Saura por el mero hecho de ser natural y vecino de la zona cuando se escuchan cosas parecidas a que si Olivo «canta» aquí caé hasta el «rubio del hipódromo». Entónces, ¿estamos ante un testaferro de gente mucho más importante? No se puede descartar. Por cierto, ¿con que entidad financiera suele trabajar Olivo en nuestra región?

Desde la presunción de inocencia a que tiene derecho nuestro paisano, frente al cargo de cohecho que se le imputa, lo cierto es que los hechos que se le conocen en Cartagena no son un ejemplo para la economía libre y de mercado. La alcaldesa, Pilar Barreiro, del PP, también tiene motivos de preocupación si a los investigadores policiales se les ocurre buscar los mismos presuntos delitos en su consistorio. No arrendamos la ganancia a esta ferrolana, y sus sucesivos responsables de urbanismo, de las probables conclusiones de esas, por otra parte, necesarias pesquisas, vista la rotundidad presidencial al negar conexiones, presuntamente criminales, Murcia-Marbella, o mejor dicho en este caso, Cartagena-Marbella. ¿Irá, también aquí, alguien a la trena por haber sucumbido, más de una vez, a los encantos ocultos de don Tomás, hasta hacer de su capa un sayo con todo aquello que toca y convierte en oro?¿Para él sólamente o reparte ganancias con notables ocultos entre bambalinas? Roca trabajó primero para Olivo en Marbella y luego parece, sólo parece, comenzó a ir aparentemente por libre. ¿Por qué no se detuvo a Olivo hace tres meses? Para confirmar sus relaciones y conexiones, siguiéndole y, probablemente, interviniendo también sus teléfonos.

Pues pronto vamos a ver si es que no va todo aquello con nuestra región y tiene razón Valcárcel Sisó, por encima de lo que piensa la Fiscalía Anticorrupción, presta a destacar a uno de los suyos en nuestro TSJ para aliviar de trabajo al fiscal-jefe, López Bernal. La investigación en marcha por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial derivará, con toda seguridad, en ramificaciones en Cartagena y Murcia, si no lo ha hecho ya y ahora viene la traca gorda. Y eso es lo que inquieta al presidente. ¿Por qué? ¿Hablamos de la sorprendente recalificación municipal, y volumetría, de la parcela de la antigua Fábrica de la Pólvora de la calle Acisclo Díaz, en la capital de la Región? ¿Lo hacemos, o no, y recordamos, de paso, la resistencia del alcalde Cámara ante las insistentes presiones de San Esteban?

Valcárcel Sisó se ha mostrado, personalmente, como valedor de Tomás Olivo ante políticos del PP allá donde el promotor inmobiliario, y de otros negocios, tenía interés en tener intereses. En una ocasión, al menos, se puso en contacto telefónico con dirigentes de su partido en la Comunidad Valenciana para que no se opusiesen a sus pretensiones en un gran municipio gobernado por otros y donde eran oposición. Adujo ante sus compañeros del PP que Olivo era un gran benefactor del partido en la Región de Murcia. ¿Se debe entender benefactor como sinónimo de financiador? Y si es así, ¿a cambio de qué? ¿O Tomás Olivo hace ahora desinteresadas obras de caridad entre partidos políticos con dirigentes de mucha avidez?. Difícil de explicar tanto amor interesado. Y difícil explicarse ante tanto rastro dejado desde la falsa seguridad que emana de una larga impunidad, que ahora puede trascender y tornarse en jaque mate.

Es comprensible, pues, la preocupación de Valcárcel. No gana para tanto problema junto en año preelectoral, después de aparecer su hermano Carlos relacionado a fondo con «Polaris» (hasta acudir de boda al desierto), y de él mismo con «Hispania», al conseguir el chollo de un piso de 260 m2, en plena Gran Vía de Murcia, a un precio de saldo. ¿Es eso un presunto delito de tráfico de influencias o, tal vez, de negociación prohibida a funcionario público? Si llega a ser candidato de nuevo en 2007, extremo que parece ahora más improbable, la opinión pública regional no va a dar abasto para asimilar tanta nueva información jugosa sobre este inadecuado cabeza de cartel. Veremos si le afecta, o no, lo de Marbella. Y si no termina declarando, como Collado, ante el TSJ.

El “malayo” Tomás Olivo, beneficiado con la concesión de un centro comercial en Roquetas de Mar

 

Como ha venido informando extraconfidencial.com, Almería podría convertirse en la rémora de una tercera Operación Malaya. Si nuestro periódico informaba de la sospechosa adjudicación a Telvent de dos fases de un proyecto anteriormente concedidas a Tesur, así como del papel del empresario Luís Montoya, íntimo del alcalde Luís Rogelio Rodríguez Comendador y hombre vinculado a El Mundo de Pedro J. Ramírez, en las intermediaciones del Ayuntamiento de Almería, hoy avanzamos que las ramificaciones en esta maraña de tráfico de influencias salen de la capital para abarcar municipios de la provincia gobernados por el Partido Popular como Roquetas de Mar, cuyo alcalde, Gabriel Amat Ayllón -íntimo de Javier Arenas, y con quien podría tener varios proyectos de futuro- también aparece vinculado con negocios del empresario Tomás Olivo López, procesado y encarcelado en la segunda fase de la Operación Malaya. Concretamente con la venta de los terrenos del Centro Comercial Gran Plaza.

 

Según ha sabido extraconfidencial.com, la esposa del edil de este municipio, Gabriel Amat Ayllón, del Partido Popular, vendió una serie de terrenos rústicos de su propiedad situados en la carretera de Alicur de Roquetas de Mar a unos primos suyos. Finalmente, fueron éstos quienes los revendieron posteriormente a Eroski y al empresario Tomás Olivo López, para construir el Centro Comercial Gran Plaza.

 

Alrededor suyo también están ubicadas franquicias de Leroy Merlín, PC City, etc…. Un inmenso terreno, cuyo anterior propietario fue el alcalde de Roquetas de Mar, íntimo del candidato a presidente de la Junta de Andalucía por el PP Javier Arenas, quien encabeza las listas populares almerienses para los próximos comicios del 9 de marzo.

 

Extraconfidencial.com ha comprobado a través de las fotografías de satélite de Google Earth que los terrenos colindantes a este complejo comercial están totalmente plagados de invernaderos. Todo indica que estas parcelas rusticas pudieron ser recalificadas como urbanizables para la construcción de este macro centro comercial, beneficiando una vez más los intereses del Tomás Olivo. Una obra que, según delatan las aludidas fotografías de satélite, ha sido realizada en torno a una rambla donde está prohibido construir.


Olivo, detenido por el caso Malaya

 

Tomás Olivo López, quien fue detenido y puesto en libertad bajo fianza durante la Operación Malaya, es el actual dueño de este centro en Roquetas de Mar, construido por la mercantil de su propiedad General de Galerías Comerciales S. A.

 

Olivo, según informaron a extraconfidencial.com fuentes de máxima solvencia, tiene varias querellas en la provincia de Almería “tapadas” por invadir terrenos de dominio público y por ocupar y construir en zonas agropecuarias asociado con cercanos al edil de Roquetas. Estos expedientes judiciales curiosamente “han desaparecido” y hasta ahora ni siquiera la Junta de Andalucía ha insistido en su aclaración.

 

El Centro Comercial Gran Plaza carece actualmente de licencia de apertura. La misma, otorgada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras una querella presentada por el Consejo de Administración de los Comerciantes del Poniente (Copo).

 

Complejo similar al Nevada, del municipio granadino de Armilla, paralizado por orden judicial

 

Precisamente la mercantil General de Galerías Comerciales S. A. del “malayo” Tomás Olivo fue también la empresa constructora del colosal Centro Comercial Nevada de Armilla (Granada), paralizada en abril de 2007 por una sentencia judicial, que el magistrado Miguel Ángel del Arco denominó en su auto “un Leviatán de hierro y cemento”, percibiendo “una vulneración casi continua de las normas” por parte del constructor Tomás Olivo y en este caso el alcalde socialista José Antonio Morales y su concejal de urbanismo Gabriel Cañavate, acusándoles de “infracciones urbanísticas manifiestas y notorias” en la construcción del centro comercial y una “distorsión del modelo urbano previsto y una hipoteca irreversible“.

 
Extraconfidencial.com continúa investigando nuevos negocios y pelotazos en Almería y provincia, donde las primeras evidencias -en poder de este periódico- indican que podríamos estar ante la rémora de una tercera Operación Malaya.