La consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, ha asegurado durante su comparecencia en la Asamblea Regional que entre final de 2020 e inicio de 2021 se prevé realizar actuaciones para clausurar las instalaciones de residuos mineros de ‘El Lirio’, ubicada en Cartagena, ‘El Descargador I y II’, ubicados en La Unión y Cartagena, así como la de ‘San Cristóbal I’, ubicada en Mazarrón. Además, prevén continuar con la restauración de la instalación conocida como ‘Brunita’ y que se encuentra en La Unión.
«Por primera vez en 20 años se ha elaborado un inventario concreto, definido y completo, para minimizar posibles tragedias futuras«, ha asegurado la consejera, que ha recordado que en lo que respecta al Plan de recuperación ambiental de suelos afectados por la minería (PRASAM), de las 30 actuaciones a desarrollar, solo dos dependen de su consejería. Se trata, ha dicho, de la seguridad y la clausura de las instalaciones de residuos mineros abandonadas.
Durante su comparecencia, Martínez Vidal ha señalado que se están realizando actuaciones de impermeabilización y sellado de residuos mineros, así como la restauración paisajística de las zonas afectadas. En ese sentido, ha advertido que ya se han realizado labores para clausurar la instalación minera San Cristóbal II, con un importe de 1,6 millones. «Esta instalación está considerada como la más peligrosa de todo el territorio nacional», ha dicho.
Lo mismo ha señalado de la instalación denominada Lirio, cuyo expediente administrativo «se encuentra en trámite de información pública para abrir procedimiento de ejecución forzosa». De ahí, ha dicho, se espera iniciar las obras en esta instalación en los próximos 4 o 5 meses y tendrán un coste de unos 5,7 millones.
Del mismo modo, ha dicho que están en contacto con la UPCT y con los titulares de dichos terrenos para determinar la posibilidad de colaboraciones en este sentido. También ha añadido que se van a presentar para su clasificación 29 unidades de residuos mineros abandonados con el objetivo de impulsar su recuperación ambiental y paisajística, con un coste de unos 78 millones de euros, «que corresponde sufragar a los responsables».
Respecto a los grupos parlamentarios, la socialista Carmina Fernández considera que hay «desidia y negligencia, ya que al no sellar los residuos mineros se pone en riesgo la salud de los vecinos de las sierras mineras de Cartagena, Mazarrón y toda la comarca».
La diputada de Podemos, María Marín, ha señalado que los planes de descontaminación se encuentran en «punto muerto». Según ella, «el gobierno regional se esconde para no dar la cara».
Desde Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha recordado que se está ante «un conflicto que toca a diferentes administraciones ya que a pesar de que estamos ante un suelo de uso industrial, también tenemos una gran problemática de carácter medioambiental».
La diputada del PP, Miriam Guardiola, por su parte, ha propuesto que los fondos europeos Covid se destinen a proyectos de recuperación de la Sierra Minera para reconvertirla como un «valor turístico».
Por último, el diputado de VOX, Pascual Salvador, ha señalado que esta situación parece «el cuento de nunca acabar» pidiendo que la prioridad sea «la salud pública» al tiempo que ha recordado que hay centros educativos cerca de depósitos mineros. «La prioridad debe estar ahí», ha afirmado.
