El Gobierno de Susana Díaz tendrá que reservar una partida presupuestaria —aún por cuantificar— para abonar las defensas de los ex altos cargos de la Junta en el juicio de los ERE fraudulentos. En el banquillo de los acusados se sientan 22 ex altos cargos del Ejecutivo andaluz, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y según una sentencia firme de la sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) todos tienen derecho a que su defensa corra a cargo de la Administración para la que trabajaban, “siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores”, reza el fallo, al que ha tenido acceso Público. De lo contrario “podría vulnerar la garantía de indemnidad patrimonial” de sus funcionarios inmersos en la causa, reconocida en el Estatuto Básico del Empleado Público, admiten los jueces.
No todos los acusados han reclamado a la Junta el pago de los honorarios de sus letrados —Chaves y Griñán no lo han hecho, según fuentes del Ejecutivo andaluz—, pero la mayoría sí ha cursado la solicitud o tiene intención de hacerlo. La Consejería de Hacienda se ha negado a informar en el Parlamento sobre los ex altos cargos que han pedido el abono de sus defensas alegando que “están protegidos por la Ley de Protección de Datos”. De momento, la Junta de Andalucía no ha pagado la defensa de ninguno de los acusados en el juicio por la pieza política de los ERE, que arrancó el pasado mes de diciembre, pero admite que tendrá que hacerlo y que será “una cantidad voluminosa”, puesto que los ex altos cargos están representados “por los gabinetes de abogados más prestigiosos y caros de Sevilla”.
El juicio cumple este lunes su décima sesión y el presidente del tribunal ha previsto que se prolongue hasta finales de octubre (con un parón en agosto), una vez hayan declarado los 22 acusados y más de un centenar de testigos. “El coste será elevado. Hablamos de letrados que cobran por horas, con honorarios muy elevados, en un juicio que va más lento de lo previsto porque las partes no tienen prisa en dilatar sus estrategias. Por lo menos de va a prolongar nueve meses”, admiten dichas fuentes.
La pieza política de los ERE enjuicia el procedimiento específico que usó el Gobierno andaluz durante una década (2001-2010) para conceder prejubilaciones y ayudas sociolaborales a empresas en crisis. Era un sistema que agilizaba los pagos, pero que permitió que se repartiera dinero público de forma discrecional y sin el control de la Intervención General de la Junta. Las acusaciones, incluido la Fiscalía, sospechan que este sistema pudo dar pie a un macrofraude de ayudas públicas que sirvió para comprar voluntades, beneficiar a municipios gobernados por el PSOE, garantizar la paz social, tejer una red clientelar y repartir dinero a allegados y familiares desde la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía. La partida presupuestaria de la que se nutrió el fraude, conocida como “fondo de reptiles”, alcanzó los 741 millones de euros.
Cada uno de los altos cargos de la Junta que se sienta en el banquillo está representado por su propio gabinete de abogados, letrados de peso y con mucha experiencia. Ninguno ha cobrado aún su minuta, ni en este juicio ni en ninguna de las 270 piezas separadas que se dirimen en otros juzgados, relativas a ayudas concretas bajo sospecha vinculadas al caso ERE. Desde que saltó el escándalo, hace siete años, la Junta de Andalucía sólo ha pagado la defensa de un ex alto cargo relacionado con los ERE: el ex director general de Trabajo Daniel Rivera, en 2009. Su abogado, Pedro Apalategui, que hoy representa al ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, cobró una minuta de 20.650 euros en 2012, después de pelearlo mucho con el gabinete jurídico de la Junta.
Derecho de funcionario
En 2012, el Ejecutivo andaluz hizo todo lo posible por ocultar que estaba asumiendo los honorarios de las defensas de los acusados por el fraude de los ERE. La Junta había tardado mucho en personarse en la causa, y no quería aparecer como parte perjudicada y, a la vez, quien pagaba las defensas de los acusados (aunque la ley la obligara a ello). En 2012, el escándalo estaba en plena ebullición, era año electoral en Andalucía, y el juicio amenazaba con arrastrar al todo el PSOE, que había gobernado ininterrumpidamente esta tierra durante tres décadas. El PP ganó por primera vez las autonómicas usando la corrupción como ariete, pero los socialistas lograron retener el poder gracias a una coalición de Gobierno con IU. José Antonio Griñán aún era presidente de la Junta (dimitiría acosado por los ERE un año después y sería imputado por malversación y prevaricación en 2015, cuando ocupaba su escaño de senador).
La situación política ahora no es la misma, incluso el PP, que actúa como acusación particular en el juicio contra Chaves y Griñán, admite en los pasillos que el caso ERE está amortizado políticamente. El Gobierno de Susana Díaz ha perdido el miedo a defender abiertamente la inocencia de los expresidentes, y distanciarse de otros ex altos cargos que les acompañan en el banquillo, pero sigue siendo reticente a aclarar abiertamente que tendrá que pagar las defensas de los acusados por los ERE.
La posición de la Junta en este proceso ha sido siempre pendulante. Empezó siendo acusación particular, al personarse como parte afectada por el fraude, pero terminó siendo expulsada del caso por la Audiencia de Sevilla al considerar que estaba ejerciendo más como defensa que como acusación (solicitó el archivo de la causa política contra los expresidentes). Al quedar fuera de la causa, se dificulta la posibilidad de recuperar parte del dinero público defraudado. En la actualidad, la Junta reclama 135,3 millones de euros en ayudas sin justificar provenientes del fondo de los ERE, de los cuales sólo ha recuperado 4,6 millones hasta el momento, un 3,4% del total.
En cuanto ha arrancado el juicio, la pregunta del millón ha vuelto a aparecer: ¿Está pagando el Gobierno andaluz las defensas de los ex altos cargos acusados por malversar fondos públicos y prevaricar? La respuesta es que el gabinete jurídico de la Junta ha litigado en estos años con los despachos de abogados de algunos de los acusados para evitar llegar a ese punto, pero al final ha perdido. Desde julio de 2016, el Ejecutivo de Susana Díaz sabe que tendrá que pagar las defensas de los ex altos cargos imputados en las distintas causas relacionadas con los ERE, incluida la pieza política. Ese año, el TSJA dictó una sentencia firme que condenó al Gobierno andaluz a pagar la defensa del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, que se sienta en el banquillo junto a Chaves y Griñán acusado de prevaricación (y que también está imputado en otras piezas separadas del caso ERE).
Manuel Gómez dirigió el órgano que debía fiscalizar el uso del dinero público en la Junta entre el año 2000 y 2010, prácticamente todo el periodo en el que se investiga la concesión fraudulenta de ayudas sociolaborales. El interventor elevó hasta 15 informes a la Consejería de Hacienda alertando de posibles irregularidades en el sistema, pero ésta decidió no actuar, porque “nunca se alertó de un delito de menoscabo de fondos”, que habría requerido “un informe de actuación”, un código rojo.
El fallo del TSJA reconoce a Gómez su derecho como funcionario a que la Administración para la que trabajaba asuma la defensa jurídica que pudiera derivarse del desempeño de sus funciones. Pero además contiene un duro varapalo a la Junta, a quien los jueces reprochan que intentase aprobar una norma ad hoc, a raíz del caso ERE, para eludir el abono de las defensas de sus funcionarios hasta que éstos no fueran declarados inocentes. Un extremo que los jueces consideran un intento de “limitar” el derecho a la defensa jurídica del funcionario recogido en el artículo 92 y 93 del Decreto 450/2000, así como el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público.
En 2013, vista la magnitud que adquiría el caso ERE (270 causas abiertas y casi 300 imputados, la mayoría antiguos empleados de la Junta), Hacienda aprobó una orden para regular el pago “por representación y defensa de abogado y procurador” para sus empleados, introduciendo dos cambios importantes: Uno, la Junta sólo abonaría al final del juicio y si estos eran absueltos en sentencia firme; y dos, la minuta nunca excedería de los 18.000 euros como máximo. Gómez recurrió esa orden y los jueces le dieron la razón, obligando a la Junta a “ir abonando los gastos de representación y defensa a medida que se vayan devengando”.
Esta sentencia firme, según reconoce ahora el Ejecutivo andaluz, abre la puerta a que todos los ex altos cargos imputados en el caso ERE reclamen los gastos de representación de sus abogados “sin límite de gasto”. El juez anuló la orden de Hacienda que postergaba el pago de las defensas hasta que la absolución del acusado fuera definitiva, entendiendo que esto “podría provocar un perjuicio patrimonial” al funcionario y “vulnerar la garantía de indemnidad patrimonial, al tener que adelantar los gastos del proceso en espera de aquella sentencia firme”. Por ahora, el ex interventor no ha pedido la ejecución de la sentencia y sus abogados están negociando con Hacienda sobre la cuantía definitiva de los honorarios que le tendrán que abonar.
