La Junta de Andalucía pretende ‘sabotear’ la labor de los investigadores según la empresaEmerita Resources España en relación a la presunta prevaricación en la concesión de la mina de Aznalcóllar. Sus abogados han presentado una petición a la juez Patricia Fernández para que incluya a Natalia González Hereza, directora general de Industria, Energía y Minas en la causa.
González Hereza sustituyó a María José Asensio, investigada en la causa, y que fue ascendida a Viceconsejera de Empleo por Susana Díaz.
Emerita acusa a ambas de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, desobediencia, encubrimiento y contra la Administración de Justicia.
En su escrito resalta que “a pesar de que la práctica habitual de la Administración, tanto a lo largo del proceso de adjudicación como en este procedimiento, ha sido de opacidad y de obstrucción, esta parte no puede dejar de sorprenderse ante tan evidente actitud de falta de respeto a la Justicia. (…) Resulta clara no sólo la resistencia a cumplir con lo que se requiere, dado que no se responde expresamente a la cuestión de si existe o no una resolución expresa donde se apruebe el permiso de investigación o exploración. (…) Afirman una cosa y la contraria, en función de su conveniencia en cada momento.”
La empresa destaca que la Junta “no es un imputado ni un investigado, y por lo tanto no tiene el derecho a no responder ni a mentir. (…) Estamos ante una Administración Pública a la que un Poder del Estado, el Judicial, en la persona de la jueza de Instrucción, le requiere una información a la que debe responder de forma veraz, leal, clara y dentro de los parámetros de la buena fe y del procedimiento administrativo. (…) En lugar de ello, dicha Administración, quizá acostumbrada al modo habitual de tratar a los ciudadanos, contesta al Juzgado argumentando exactamente lo contrario de lo que le indicó hace meses, escudándose en ambigüedades creadas precisamente para poder decir una cosa y la contraria. (…) Nos encontramos ante una trama orientada a entregar una mina a unas determinadas personas, para lo cual se amañó presuntamente un concurso y después se siguió actuando para maniobrar ante los procedimientos judiciales en curso para obstaculizarlos, conseguir la impunidad de los implicados, y siempre persiguiendo el fin previsto inicialmente. (…) La adjudicación de unos derechos mineros a quien ya se había decidido antes del concurso, a garantizar esa entrega y a buscar la impunidad de quienes estuvieron implicados. (…) No se agotan los hechos constitutivo de las infracciones penales con la mera resolución de la adjudicación del concurso, sino que vemos que se siguen produciendo. (…) Ni la propia Dirección General de Minas tiene la más remota idea, al menos de forma oficial, de quién es Minera los Frailes. (…) La situación resulta tan delirante que no podemos menos que entenderlo como una burla fruto de la sensación de impunidad de la Administración. (…) No existe ninguna resolución por la que se apruebe un permiso de investigación, exploración o explotación de los recursos mineros sacados a licitación, y por lo tanto cualquier trabajo que se esté llevando a cabo en los recursos mineros se está realizando en infracción de Ley, con conocimiento y aquiescencia de la Dirección General de Minas, que acaba de cambiar su anterior criterio expreso para tratar de ocultarlo. (…) Tras las primeras ilegalidades severas, se han visto obligados a continuar con otras sucesivas para poder salvar la cara y conseguir el objetivo buscado, aún de forma tan burda.” afirmando que el Gobierno de Susana Díaz “forman parte de un todo, una actitud dirigida a sabotear esta instrucción”.
FUENTE: DIGITAL SEVILLA
